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Caso Democracia Viva: Formalizan a diputada Catalina Pérez y arriesga prisión preventiva

¿Qué pasó?

Cerca de las 08:30 horas de este lunes comenzó la formalización de la desaforada diputada Catalina Pérez, en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el marco del Caso Democracia Viva, dentro del cual se investiga los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.

La Fiscalía de Antofagasta le imputará tres delitos de fraude al fisco por un total de 426 millones, mientras que el abogado querellante Pablo Toloza anunció que pedirá la máxima medida cautelar: la prisión preventiva.

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Catalina Pérez arriesga prisión preventiva

"Existen antecedentes que fundan esta formalización, como también la medida cautelar de mayor intensidad que solicite el Ministerio Público. Nosotros entendemos que debiese ser prisión preventiva, basado en que son los mismos antecedentes de los cuatro coautores de este delito", señaló el abogado de la UDI.

Sin embargo, desde el Consejo de Defensa del Estado no adelantaron las cautelares, ya que consideran que Pérez fue cómplice y no autora, como lo hace el resto de los intervinientes.

LO ÚLTIMO

De todos modos, la expareja de la diputada y fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, y la exconcejal Paz Fuica, se encuentran en prisión, por lo que es posible que Pérez enfrente este escenario.

Desafuero de Catalina Pérez

El caso Democracia Viva fue revelado en junio de 2023 por el medio Timeline de Antofagasta, que publicó los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva con el presunto fin de ir en ayuda de los campamentos de la región. Según la fiscalía, estos convenios fueron fraudulentos y se obtuvieron sin cumplir los requisitos legales.

Catalina Pérez quedó sin fuero el 7 abril pasado, luego de que el Pleno de la Corte Suprema confirmara el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que 20 de febrero acogió la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía.

Según el tribunal de alzada antofagastino, "las conclusiones extraídas de los informes policiales y las conversaciones sostenidas mediante mensajería de WhatsApp, especialmente entre la diputada y el Sr. Andrade, presidente de la fundación que se adjudica dichos tratos fiscales, permiten dotar de razonabilidad a la imputación del Ministerio Público en cuanto a la existencia de algún tipo de intervención, lo que es independiente del tipo de participación que en definitiva se pretenda acreditar por parte de la Fiscalía una vez que se proceda a la formación de causa en su contra y que, en consecuencia, satisface el estándar de probabilidad preliminar que hace procedente acceder a la solicitud de desafuero".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

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