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Hermanos son condenados a presidio perpetuo calificado por brutal crimen de jubilado

¿Qué pasó?

El Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta condenó el martes a los hermanos David Andrés y Michael Eduardo Flores Ramírez a la pena de presidio perpetuo calificado, es decir, un mínimo de 40 años antes de pedir algún tipo de beneficio, ambos en calidad de autores del delito consumado de robo con homicidio.

El crimen fue cometido en mayo de 2022 en el sector de Caleta Buena, al sur de Tocopilla, región de Antofagasta, contra un hombre jubilado.

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La sentencia en contra de los hermanos

En fallo unánime, el tribunal dio por acreditado, que el 22 de mayo de 2022, en horas de la mañana, “aprovechando que la víctima, Orlando Contreras González (jubilado de Calama), se encontraba pescando en los roqueríos, en forma conjunta lo abordaron con claras intenciones de robarle”.

En ese contexto, “le quitaron las llaves de su vehículo, por la fuerza, propinándole puñaladas en el cuello, quitándole la vida”.

Además, según indicó el fallo, los hermanos le sustrajeron especies personales a la víctima, como una pulsera, un reloj y un celular, además de su vehículo, y luego ocultaron su cuerpo.

Respecto a lo anterior, se subrayó que, al oscurecer, “lo trasladaron (el cuerpo) en el pickup del vehículo hasta un pique minero, donde lo lanzaron, junto con las prendas de vestir ensangrentadas que estos utilizaban”.

Días después, la camioneta fue recuperada en Antofagasta, y según señaló el informe de autopsia, “la causa de muerte de la víctima fue un shock hipovolémico e insuficiencia respiratoria aguda por traumatismo cervical con arma blanca".

Un ataque "sin posibilidades de sobrevida"

“Tratándose de una muerte violenta de tipo homicida, sin posibilidades de sobrevida aún con atención oportuna y eficaz”, agregó.

Por otra parte, se les aplicó a los condenados las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, y derechos políticos mientras vivan.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas de los sentenciados para determinar sus huellas genéticas e incorporación al registro nacional de ADN de condenados.