Más de cien menores de edad recibirán $500 mil como indemnización por incendio de 2013 en Valparaíso
¿Qué pasó?
Tras un juicio que llegó hasta la Corte Suprema y después de años de espera, la empresa Inmobiliaria e Inversiones RVC SpA fue condenada a pagar una indemnización de $500.000 por concepto de daño moral a cada uno de los más de cien menores de edad cuyas viviendas fueron afectadas por el incendio forestal que azotó la zona alta de Valparaíso en febrero de 2013.
En esa fecha, el siniestro consumió casas ubicadas en el cerro San Roque y se extendió por sectores de Rodelillo y cerro Placeres. En total, se estima que más de 280 familias resultaron damnificadas por la emergencia.
¿Qué señaló la Corte Suprema?
En instancias judiciales anteriores se había rechazado la indemnización a las y los pequeños, dado que algunos estaban representados solo por uno de sus progenitores en la demanda civil deducida contra la inmobiliaria.
Al respecto, el máximo órgano estableció "error de derecho al desestimar a los menores de edad" que estaban en esta situación, señalando que no se hizo la correcta revisión de cada caso, de acuerdo a lo que consigna el Poder Judicial.
Por ejemplo, el rechazo a la compensación "se basó principalmente en la aplicación de la regla del artículo 244 del Código Civil, vigente a la época de la presentación de la demanda (2020), argumentando que para actuar en representación de los hijos menores de edad se hacía necesaria la actuación de consuno de ambos padres".
Para la Corte, el correcto procedimiento consistía en "determinar en cada caso si ello exigía la concurrencia de uno o ambos padres que detentaban la patria potestad —del niño o niña— (...) lo que no se hizo".
No solo la inmobiliaria fue condenada
La sentencia de la Suprema no solo fue para la Inmobiliaria e Inversiones RVC SpA, sino también para Carlos Rivas Quiroz, soldador de la empresa en cuestión y sindicado como el responsable de ocasionar el incendio forestal.
El hombre reconoció que estaba cortando fierros con esmeril el día en que inició la emergencia forestal, ocasionada por las chispas de su faena, el pastizal en su entorno y el viento en la zona. Su labor la llevaba a cabo al interior de las obras de construcción de un edificio de la empresa RVC, en el cerro San Roque.
En 2016 fue condenado a tres años de cárcel y ahora, por orden de la Corte Suprema, también tendrá que desembolsar $500.000 por cada menor afectado por el siniestro de 2013.
