Reportaje | Un nuevo flanco para "la muñeca Bielorrusa": los secretos de la querella del CDE contra Vivanco

“Muchas gracias Romina, estemos atentos”. El mensaje de Ángela Vivanco a una relatora de la Corte Suprema es parte de los intercambios que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) incorporó a su ampliación de querella por el caso Fundamenta. Las conversaciones, acompañadas de declaraciones y antecedentes financieros, apuntan al interés de la entonces ministra por acelerar la tramitación de una causa que mantenía paralizado un proyecto inmobiliario de US$300 millones en Plaza Egaña, Ñuñoa.

La presentación, a la que accedió Mega Investiga, describe gestiones para apartar al ministro Sergio Muñoz, intervenir en la conformación de la sala que revisaría el caso y apurar la publicación de una sentencia favorable a la empresa. También incluye un correo con los “premios” ofrecidos al estudio Lagos, Vargas & Silber y una operación con una retroexcavadora que, según el CDE, terminó con $13 millones depositados en la cuenta de Gonzalo Migueles, entonces pareja de Vivanco.

En el escrito, ingresado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el organismo atribuye a la exministra los delitos de cohecho y prevaricación; a los abogados Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gabriel Silber, soborno y lavado de activos; y a Migueles, cohecho agravado y lavado de activos. Su tesis es que los abogados habrían efectuado pagos ilícitos a Vivanco a través de su pareja para obtener gestiones y resoluciones en beneficio de la inmobiliaria, utilizando maniobras financieras para ocultar el origen de los fondos.

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Los chats: “Le comunicaré entonces al abogado”

Los primeros contactos descritos en la querella se remontan a septiembre de 2022. La construcción del proyecto había comenzado en 2019, pero las impugnaciones ambientales de los vecinos habían conseguido paralizar las obras en abril de 2022.

Según el CDE, Ricardo Sáez, secretario privado de Vivanco, contactó a la relatora Sandra Araya para avisarle que su jefa se comunicaría con ella. En esa llamada, la entonces ministra le señaló que estaba presidiendo la Tercera Sala y que los abogados del proyecto reclamaban por las pérdidas millonarias que provocaba la paralización.

Vivanco quería saber qué ocurría con la causa y cuándo sería incluida en la tabla, es decir, en la programación de asuntos que revisaría la sala. Araya averiguó y le informó que no podría incorporarse antes de la primera semana de octubre. La respuesta de la ministra quedó registrada en un mensaje reproducido en la querella:

Vivanco: “Sandra muy agradecida, le comunicaré entonces al abogado, felices fiestas también!”.

Para el CDE, la referencia al abogado es uno de los antecedentes que revelan el contacto de la entonces jueza con una de las partes interesadas en el resultado del litigio.

La relatora Romina Oliva también declaró sobre este episodio. Según su testimonio, Araya le comentó que Vivanco había solicitado incorporar la causa con prioridad porque cada día sin resolver los recursos significaba pérdidas millonarias para Plaza Egaña SpA. Oliva explicó que ese no era un criterio regular para adelantar su revisión: la prioridad debía responder a la antigüedad del asunto o a una causal legal, como un riesgo para la vida o la salud de las personas.

El 11 de diciembre de 2022, un domingo, Sáez volvió a contactar a Araya para anunciarle una nueva llamada de Vivanco. Esta vez, la ministra quería saber si se habían presentado otras reclamaciones de los vecinos ante el tribunal ambiental contra el permiso del proyecto.

“Entiendo que ella quería que yo hablara con las personas del tribunal ambiental para ver que no se hubiesen presentado reclamaciones, porque ahí estaría listo el proyecto, pero yo no podía hacerlo”, declaró Araya. Agregó que el fallo seguía pendiente y que, a esa fecha, todos habían entregado su fallo, salvo Vivanco. Cuando le informó que, según el sistema público, no aparecían reclamaciones, la ministra dio su visto bueno.

“Me comentó el procurador la semana pasada que la tenían lista”

Otro grupo de mensajes muestra el seguimiento de Vivanco a la recusación de Sergio Muñoz, un procedimiento destinado a impedir que siguiera interviniendo en la causa por un eventual conflicto de interés.

Mientras se tramitaba esa solicitud, Vivanco pidió reunirse con Romina Oliva, quien reemplazaba a Araya. Según la declaración de la relatora, la ministra le encargó averiguar qué sala revisaría la recusación, quiénes la integrarían y procurar que se tramitara con rapidez.

“A mi me pareció muy extraño, los ministros no intervienen en la tramitación de la causa y toman conocimiento cuando uno llega a relatar”, señaló Oliva. Añadió que Vivanco no solo quería que se interiorizara del asunto, sino también que le diera celeridad.

La querella reproduce una conversación sobre la recusación de Muñoz y la solicitud para anular la primera vista de la causa ambiental. El primer mensaje aparece incompleto en la captura:

Relatora Oliva: “y de la solicitud de nulidad de la vista de la causa ambiental (1085-22) por la implicancia del ministro Muñoz”.

Vivanco: “Muchas gracias Romina, estemos atentos”.

Relatora Oliva: “Mañana le informo”.

Vivanco: “Ya, seguramente mañana presentarán la solicitud de nulidad porque me comentó el procurador la semana pasada que la tenían lista. Para dar cuenta de ambas cosas”.

Relatora Oliva: “Sí. La nulidad ya está presentada. Mañana la llevo a la sala. Junto con la implicancia. Por eso, apenas esté lista la certificación de ejecutoria de la implicancia, le aviso”.

Oliva declaró que debió comunicarse con funcionarios de la Corte de Apelaciones para verificar si se habían presentado recursos, incluso en el buzón del tribunal. “Esto era todo inusual porque nunca un ministro hacía un seguimiento personal a la tramitación procesal de una causa”, sostuvo.

Para la relatora, la referencia de Vivanco a lo que le había adelantado el procurador daba cuenta de que mantenía comunicación con la parte que impulsaba la recusación: la empresa Plaza Egaña SpA.

El cambio en la sala: “Fue una instrucción de la Sra. Vivanco”

Los mensajes también alcanzan la conformación de la Tercera Sala que revisó por segunda vez el caso. Según el CDE, correspondía que la ministra Soledad Melo integrara el tribunal antes que Diego Simpértigue, por ser más nueva en la Corte Suprema.

Sin embargo, un día antes de la audiencia, Sergio Quiroz, encargado de la Unidad de Tablas, informó a Sandra Araya que integraría Simpértigue. La relatora preguntó por qué se había realizado el cambio:

Relatora Araya: “Le hago una consulta, porque fue el Sr. Simpertegui y no la Sra. Melo?”.

Sergio Quiroz: “Fue una instrucción de la Sra. Vivanco”.

En su declaración, Quiroz relató que previamente había sido convocado, a través del secretario de Vivanco, a una reunión con ella. Allí, la ministra le habría dicho que no quería problemas con la causa y que le interesaba conformar la sala solo con ministros, al menos tres de ellos titulares.

Cuando el funcionario explicó que correspondía integrar a Melo y luego a Simpértigue, Vivanco habría respondido que tenía un problema personal con la ministra y que su presencia generaría dificultades.

“Mirando hacia atrás, entiendo que ella quería que saliera de la lista la SRA MELO e integrara la Sala el SR SIMPERTIGUE. No me lo pidió expresamente, pero según lo que me dio a entender no quedaba otra alternativa más que esa”, declaró Quiroz.

La salida de Muñoz y una nueva vista de la causa

Muñoz había integrado la Tercera Sala y votado contra Fundamenta y a favor de los vecinos. La inmobiliaria promovió su recusación después de que, en noviembre de 2022, su hija le comunicara que quería desistir de las promesas de compra de dos departamentos. Según los antecedentes citados en la presentación, ella atribuyó la decisión a una recomendación de su padre, quien le habría sugerido que “moviera esas platas del proyecto”.

En diciembre de ese año, Mario Vargas solicitó al abogado Marco Fuentes una reunión para conversar sobre la causa. La cita se realizó en el estudio Lagos, Vargas & Silber, con la asistencia de Lagos, Vargas y el gerente de Fundamenta, Pablo Medina.

Isaac Ramírez, quien trabajaba en el bufete, declaró que Fuentes “era una suerte de ‘mandadero’ de los socios” y que las estrategias las definía el estudio. Según el CDE, su intervención consistió en aparecer en la recusación de Muñoz, mientras que “la estrategia fue de Lagos”.

El 30 de enero de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la recusación y declaró la inhabilidad de Muñoz para seguir conociendo el asunto.

El 15 de febrero se anuló la primera vista de la causa mediante una resolución suscrita por Ángela Vivanco, Mario Carroza, Mario Gómez, Dobra Lusic y el abogado integrante Pedro Águila. Según la querella, ese mismo día Vivanco instruyó a Sandra Araya, quien había retomado sus funciones, que incorporara inmediatamente el caso en el primer lugar de la tabla, para revisarlo antes del regreso de Muñoz a sus funciones.

La segunda vista se realizó el 24 de febrero de 2023, con Vivanco presidiendo la sala, junto a Carroza, Simpértigue, Lusic y Gómez. Respecto de quienes habían resuelto la nulidad, el cambio fue la incorporación de Simpértigue en reemplazo de Águila.

El CDE subraya que Vivanco fue la única integrante que participó tanto en la primera vista como en la que dio lugar al fallo definitivo. Según el organismo, “modificó drásticamente su decisión”: inicialmente había optado por rechazar todos los recursos y luego se inclinó por acoger uno de los presentados por Plaza Egaña SpA.

Araya también describió la reacción de Vivanco cuando Gómez se pronunció por acoger el recurso de los vecinos. Según su testimonio, la ministra “reaccionó con molestia” y le dijo que debía redactar su propio voto si quería resolver de esa manera.

“No recuerdo las palabras exactas, pero reaccionó molesta porque él la estaba contrariando y me dio la impresión que ella quería conducir el acuerdo por unanimidad acogiendo los recursos de Plaza Egaña SPA”, declaró. Añadió que notó a Vivanco incómoda cuando le recordó que en el acuerdo anterior había votado en un sentido distinto.

Un fallo publicado al tercer día hábil

Tras la audiencia del viernes 24 de febrero, Vivanco habría instruido a la relatora que sacara el fallo inmediatamente. Como Mario Carroza, el ministro encargado de redactarlo, iniciaba sus vacaciones el martes siguiente, el texto debía estar en distribución el lunes 27. El CDE cita, entre otros antecedentes, una conversación entre Araya y Elvira Lineros, secretaria privada de Carroza.

La sentencia se publicó el miércoles 1 de marzo, al tercer día hábil de la vista de la causa. Según el organismo, la rapidez contrasta con los cerca de tres meses que habitualmente toma un fallo sobre un recurso de casación en el fondo ambiental.

Araya declaró que la salida de vacaciones del redactor se utilizó para presionarla, aunque no era inusual que una causa se resolviera al regreso de un ministro, especialmente si carecía de una instrucción de urgencia.

“No es usual que una Ministra de una sala llame a una relatora y le diga que una causa está causando pérdidas millonarias porque no se ven los recursos”, sostuvo. También señaló que era improcedente instruir la incorporación de una causa a la tabla, una facultad exclusiva del presidente de la Corte.

El correo a Silber con los “premios” por el resultado

La urgencia por obtener una sentencia favorable también aparece en los antecedentes económicos de Fundamenta. Su socio y gerente, Pablo Medina Herrera, declaró que la paralización fue “un impacto terrible” para la empresa: ya había invertido aproximadamente US$100 millones de un total de US$300 millones, tenía más de 600 trabajadores en la obra y había vendido más de 200 departamentos, además del centro comercial y el edificio de oficinas.

La empresa contaba con recursos para sostener el proyecto hasta abril de 2023. Según la querella, en julio de 2022 recibió una recomendación para contratar a Gabriel Silber por su experiencia en relacionamiento comunitario y su participación en el caso Dominga.

Inicialmente se acordó un pago de 10.000 UF si las obras se reiniciaban antes de abril de 2023. En septiembre, Silber le informó a Medina que se estaba asociando con Lagos y Vargas. Los abogados ofrecieron una asesoría que combinaba gestiones jurídicas y comunitarias, y se pactaron honorarios por 16.000 UF si conseguían una solución antes de marzo de 2023, según el CDE.

La contratación no quedó plasmada en un contrato formal de prestación de servicios. Entre los antecedentes aportados figura un correo que Medina envió a Silber el 23 de enero de 2023:

“Estimado Gabriel,

A fin de que tengan certeza de los premios involucrados en la obtención de un fallo favorable, que permita el financiamiento sin condiciones de parte del Banco, en las casaciones que se verían próximamente; te copio tabla de premios que tienen como base la segunda propuesta (mejorada) que hice cuando el fallo no venía favorable, a fin de revertir la situación. Esta última propuesta es la que creo es justo mantener".

Premio fallo positivo antes de marzo de 2023: 10.000 UF

Premio fallo positivo 2023 antes de mayo: 6.000 UF.

Abonos ya efectuados:

30 de oct. Asesorías Jurídicas Integrales: 962,5 UF

22 de Nov. Lagos Asociados: 1.000 UF.”

El CDE detalla pagos de 15.037,5 UF al estudio Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada; 962,5 UF a Asesorías Jurídicas Integrales SpA, que junto con el monto anterior suman 16.000 UF; y otras 1.000 UF a Lagos y Asociados SpA.

Según el organismo, los desembolsos totalizaron $608.283.017. Destaca especialmente uno de mayo de 2023 por $414.695.362, correspondiente al último pago del premio pactado. La querella vincula ese desembolso con la publicación del fallo el 1 de marzo y con las presiones que atribuye a Vivanco para acelerar la sentencia.

La retroexcavadora y los $13 millones en la cuenta de Migueles

El escrito incorpora otra operación realizada en los días previos a la publicación del fallo. A comienzos de 2023, Eduardo Lagos encargó a Martín Peña Varela gestionar la venta de una retroexcavadora de su propiedad.

La compraventa se concretó el 27 de febrero. Sebastián Subiabre pagó $14 millones mediante un cheque del Banco de Chile, cuya imagen forma parte de los antecedentes descritos en la presentación.

El acuerdo entre Lagos y Peña establecía que $13 millones serían para el abogado y que el excedente correspondería a la comisión por la venta. Sin embargo, según el CDE, el destino de los fondos fue otro.

El 28 de febrero, Peña cobró el cheque, retiró el dinero en efectivo y depositó los $13 millones en una cuenta del Banco BCI a nombre de Víctor Gonzalo Migueles Oteíza, pareja de Vivanco. Lo hizo, sostiene la querella, por instrucción de Lagos.

El organismo destaca que el depósito coincidió con el momento en que el fallo favorable a Fundamenta ya circulaba entre los integrantes de la sala, antes de publicarse al día siguiente. Para el CDE, esta operación es parte de las triangulaciones utilizadas para efectuar pagos ilícitos a la entonces ministra a través de Migueles.

Un mes después de la sentencia, Lagos, Vargas y Simpértigue viajaron juntos en un crucero por el Mediterráneo.

Las respuestas de las defensas y del CDE

Consultado por Mega Investiga, Marcelo Abujair, abogado de Eduardo Lagos, señaló que los antecedentes presentados coinciden con los que la fiscalía dice tener y que la ampliación de la querella “en nada altera el camino” de la defensa.

“Mantenemos la misma postura desde la primera formalización. Nuestra aspiración es que la investigación se pueda cerrar para poder llegar a un juicio oral y obviamente buscar la absolución de los delitos que se mantienen tanto en las querellas como en la formalización”, afirmó.

Susana Borzutky, abogada de Gabriel Silber, sostuvo que la presentación “no aporta ningún antecedente nuevo ni incorpora elementos que modifiquen su situación procesal. Se trata de una presentación que no altera en absoluto el mérito de los antecedentes ya conocidos”.

Patricia Alvarado, defensora de Ángela Vivanco, y Sergio Contreras, abogado de Mario Vargas, declinaron realizar comentarios. Al cierre de esta nota no se había recibido respuesta de Alex Carocca, abogado de Migueles.

La fiscal Carmen Gloria Wittwer también declinó comentar. La audiencia de formalización está programada para el 12 de noviembre.

Desde el CDE, su vocero, Daniel Martorell, sostuvo que “la lucha contra la corrupción es una de las principales preocupaciones del Consejo” y que este caso “cobra especial relevancia considerando la confianza que la ciudadanía deposita en jueces y magistrados”.

Sobre la arista Fundamenta, afirmó que “existen elementos suficientes para sostener que se han cometido delitos, sin importar la calidad o posición personal de los responsables”.

“La ex ministra Vivanco infringió gravemente sus deberes de imparcialidad al no inhabilitarse, a pesar de mantener estrechos vínculos personales y económicos con el equipo legal de la inmobiliaria, agregándose a ello, antecedentes respecto a pagos efectuados por abogados relacionados con el caso”, señaló.

Martorell también cuestionó a los abogados querellados por ejercer “abusiva e ilegalmente la profesión” y desarrollar “conductas delictuales relacionadas con la actuación de la exministra, buscando beneficiarse ilícitamente de las resoluciones judiciales”.

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