Condenado por violar a una niña acusa demora de Rabat en rebajar su pena: Corte da 24 horas al ministro para dictar decreto

En medio de la crisis que enfrenta el Ministerio de Justicia por la tramitación de rebajas de condena, la Corte de Apelaciones de Valparaíso le fijó un plazo fatal de 24 horas para dictar el acto administrativo que resuelva la solicitud de Víctor Alarcón Torres, condenado a cinco años y un día por violación de una menor de 14 años. El recluso recurrió a la justicia porque, según denunció, el ministro Fernando Rabat aún no firma el decreto.

Y es que este jueves 5 de noviembre, el tribunal de alzada porteño acogió el amparo presentado por Víctor Alarcón Torres, quien cumple condena de 5 años y 1 día como autor del delito de violación de menor de 14 años.

Alarcón presentó el recurso judicial el 27 de octubre, cuando ya estaba desatada la polémica en que se ha visto envuelto el titular de Justicia y que lo tienen bajo amenaza de acusación constitucional y presiones para que salga del gabinete, tras haber visado 56 decretos de rebaja de condena para pederastas.

Con todo, el abogado de Alarcón advirtieron que el Ministerio de Justicia no cumplió con “su obligación de reconocer el beneficio de reducción de condena al amparado”, pese a que la propia Comisión de Reducción de Pena -integrada por un ministro de Corte, jueces de garantía y orales-, lo calificara con conducta sobresaliente y merecedor del beneficio.

Tras esto, el recluso -según detalla en el libelo al que accedió Mega Investiga-, acumuló rebajas de pena que le habrían permitido adelantar su fecha de salida para el 26 de octubre pasado. Sin embargo, una vez llegado el día, según denuncia su defensa, Rabat no tramitó el decreto de rebaja de pena correspondiente.

La medida responde al anunció que hizo el Gobierno el pasado 23 de octubre, cuando el ministro de Justicia suspendió la tramitación de los decretos de rebaja de condena.

La trama del caso se remonta a junio de este año.

La ruta de este beneficio

El 5 de junio sesionó la Comisión de Reducción de Pena en la Región de Valparaíso. En aquella reunión se determinó excluir a Alarcón del beneficio de reducción de pena, por haber sido condenado por uno de los delitos que la ley menciona expresamente, en este caso: violación contra un menor de edad.

Una semana después, el abogado de Alarcón presentó un amparo en contra de la Comisión, pues reclamó que la exclusión era ilegal. Cinco días después, la Corte de Valparaíso acogió el amparo, y ordenó a los jueces a incluirlo y “calificar su comportamiento con prescindencia de la causal del artículo 17 letra e) de la Ley N 19.856”.

En estricto rigor, la Corte ordenó reincorporarlo al proceso de evaluación para una eventual rebaja de condena, sin aplicar la causal que había motivado su exclusión y conforme a la ley vigente cuando cometió los delitos

Así, un mes después, en una nueva sesión de la Comisión de Reducción de Pena, Alarcón fue incluido en el beneficio tras ser calificado con una conducta sobresaliente. Con esto, su eventual fecha de egreso era el 26 de octubre de 2026.

La postulación al benefició llegó a manos del Ministerio de Justicia -según el expediente- el 21 de octubre, dos meses después de la sesión de la Comisión, sin embargo esa cartera de Gobierno estaba siendo fuertemente criticada luego que Interferencia diera a conocer ese mismo día que Rabat había rebajado condena a 56 personas, en su mayoría pederastas y violadores de menores de edad.

No obstante, la repartición liderada por Rabat -según denunció Alarcón- hasta el día de hoy no ha firmado, ni se ha pronunciado sobre su decreto.

Fue así como el 26 de octubre, fecha en que supuestamente Alarcón debía salir de la cárcel tras la rebaja de condena, no llegó respuesta alguna al Centro de Detención Preventiva de Limache, lo que motivó que al día siguiente su abogado volviera a ingresar un amparo a la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Esta vez la acción no iba en contra de la Comisión, sino que del Ministerio de Justicia. En el escrito, el abogado de Alarcón señala que el ministro Rabat “no ha cumplido con su obligación de reconocer el beneficio de reducción de condena al amparado, permitida por la Ley N°19.856, al haber retardado la resolución que le otorga la libertad anticipadamente en virtud de los meses otorgados por la Comisión de Reducción de Condena”.

En esa misma línea, agrega que la postergación de la firma del decreto “constituye una privación ilegal de la libertad personal del amparado”.

“No puede prolongarse injustificadamente”

Empezaba así a correr el tiempo. El recién pasado jueves 4 de noviembre, la secretaria de la corte, María Luisa Ríos, llamó directamente al Ministerio de Justicia para que se comunique el estado de la tramitación del decreto. El abogado de la cartera, Fernando Ruiz Puschel, le respondió que “a la fecha, no se ha dictado acto administrativo alguno reconociendo o rechazando relativo al beneficio de reducción de condena solicitado por el amparado Víctor Manuel Alarcón Torres”.

Al día siguiente del llamado, la Corte de Apelaciones resolvió acoger la acción constitucional presentada por Alarcón. En su sentencia, advierten que “si bien el reconocimiento formal del beneficio requiere la dictación del acto administrativo (...) la tramitación necesaria para su concesión o rechazo no puede prolongarse injustificadamente”.

Agregan que “la falta de resolución oportuna de la solicitud de reconocimiento del beneficio, sin que la autoridad haya identificado impedimentos legales concretos para su otorgamiento, constituye una omisión ilegal que amenaza la libertad del amparado, al arriesgar una dilación de la fecha eventual prevista para su egreso, configurándose una afectación de su libertad personal y seguridad individual que debe ser corregida por esta vía cautelar”.

Así, con el voto a favor de los ministros Felipe Caballero y Nancy Bluck, la Corte de Valparaíso acogió el amparo del condenado “sólo en cuanto se ordena al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que, dentro del plazo de 24 horas, contado desde la notificación de esta sentencia, dicte el acto administrativo que se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento del beneficio de reducción de condena del amparado”.

Mega Investiga consultó al Ministerio de Justicia respecto de la tramitación del decreto, sin embargo, optaron por no referirse al caso, señalando que el ministro Rabat contestará jurídicamente en la Corte.