Pascua Lama 2.0: Suprema pide explicaciones por inhabilidades en tribunales ambientales

¿Qué pasó?

El pleno de la Corte Suprema, encabezado por su presidenta, Gloria Ana Chevesich, acordó este martes requerir al Primer Tribunal Ambiental (1TA) los antecedentes que sustentaron la inhabilidad de los tres ministros que debían resolver las medidas cautelares solicitadas por las comunidades que impugnan el proyecto El Alto, de Minera Nevada, filial de Barrick. Para responder, fijó un plazo de cinco días.

La iniciativa, conocida como “Pascua Lama 2.0”, se emplaza en el mismo sector del proyecto clausurado de la compañía. Sus opositores, comunidades del Valle del Huasco, en la Región de Atacama, buscan impedir el avance de las obras.

Las inhabilidades en el 1TA, con sede en Antofagasta, obligaron a derivar la causa al Segundo Tribunal Ambiental (2TA), en Santiago. Allí, el abogado de los reclamantes pidió apartar a otros dos ministros por eventuales conflictos de interés.

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La Suprema también solicitó al 2TA los documentos que sustentaron su decisión de pedir explicaciones a su par de Antofagasta antes de resolver las solicitudes de inhabilidad de sus propios integrantes. Esa gestión se había realizado sin fijar un plazo de respuesta.

El máximo tribunal adoptó ambas medidas tras escuchar el informe de la ministra Jessica González Troncoso, visitadora de tribunales especiales.

El origen del conflicto

El proyecto de prospección El Alto obtuvo luz verde en enero pasado, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama aprobó la ejecución de 62 pozos de sondaje. El área está rodeada por 17 masas de hielo —glaciares, glaciares de roca y glaciaretes— que aportan agua al ecosistema del Valle del Huasco, en la comuna de Alto del Carmen.

La iniciativa se desarrolla en el sector donde se emplazó Pascua Lama. En 2022, la Corte Suprema ratificó su clausura definitiva y declaró ilegales sondajes prospectivos realizados en la zona en contravención a la orden de cierre.

Con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, Minera Nevada comenzó a instalar un campamento. El 4 de octubre pasado se registraron imágenes de las faenas y del desplazamiento de un convoy cerca del río Potrerillos.

Las comunidades han impugnado la autorización ambiental y recurrido a la justicia para intentar frenar las obras. Entre sus argumentos, invocan el cumplimiento del fallo de la Suprema sobre los sondajes.

Las tres inhabilidades en Antofagasta

El 24 de septiembre, los tres ministros disponibles del Primer Tribunal Ambiental se inhabilitaron para conocer la causa. La decisión se produjo después de que el sitio web del organismo publicara un texto que informaba el rechazo de las impugnaciones contra El Alto.

La publicación apareció antes de que los reclamantes fueran notificados y sin que la resolución correspondiente estuviera incorporada al expediente.

Las comunidades también habían cuestionado la designación de Álvaro Funes como relator de la causa. Antes de ingresar al tribunal, trabajó durante cinco años como jefe de Asuntos Legales de Barrick en Minera Zaldívar, cuya propiedad pertenece en un 50% a la compañía.

Tras quedar sin ministros disponibles para resolver, el 1TA remitió los antecedentes al Segundo Tribunal Ambiental.

Los cuestionamientos a la presidenta del 2TA

En Santiago, Gonzalo Sánchez, abogado de la Comunidad Agrícola Los Huascoaltinos, solicitó la inhabilidad de la presidenta del tribunal, Marcela Godoy. El escrito sostiene que su cónyuge, Gonzalo Montoya, es gerente de Asuntos Legales de Barrick Gold–Compañía Minera Zaldívar.

“La inhabilidad radica en que en la presente causa tiene interés una sociedad o empresa (Barrick Gold Corporation), respecto de la cual participa como representante legal, mandatario, director, gerente u otro cargo directivo, el cónyuge de la Ministra Presidenta Marcela Godoy Flores”, señala la solicitud ingresada el 28 de septiembre. Dos días después, Sánchez pidió que fuera resuelta a la brevedad.

La presentación agrega que “Gonzalo Montoya ha sido gestor de intereses conjuntamente con los gestores, representantes y gerentes de Compañía Minera Nevada y Barrick”. A juicio del abogado, ese vínculo “es suficiente para dar cuenta de motivos plausibles para desconfiar de la imparcialidad”.

Por ello, plantea que “el contexto institucional del presente caso exige un tratamiento que deje fuera cualquier sospecha respecto de la imparcialidad de quienes están llamados a resolverlo”.

La solicitud contra Cristián López

Sánchez pidió además apartar al ministro Cristián López. Según su presentación, anteriormente “formó y expresó, con pleno conocimiento de los antecedentes, un juicio técnico sobre infracciones de Pascua Lama, las sanciones y la clausura”.

El abogado sostiene que la controversia “envuelve una complejidad que es poco usual de ver en el derecho ambiental chileno, y su resolución tendrá un efecto sistémico”.

Entre las materias que podrían discutirse, menciona si el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) calificó favorablemente El Alto sin consultar a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), pese a que se desarrollaría en un territorio y con infraestructura vinculados a un proyecto clausurado.

Añade que la aprobación se produjo mientras el SEA evalúa una modificación de la fase de cierre de Pascua Lama. También recuerda que, en 2022, la Suprema declaró ilegales sondajes ejecutados en contravención a la clausura. Una de las controversias, anticipa, podría ser si aquellas plataformas corresponden a las autorizadas mediante la RCA ahora impugnada.

“Y aunque el titular insista en que estos sondajes no son Pascua Lama, no se relacionan con él, y que esas plataformas serían otras, lo cierto es que la abundante prueba que se ha logrado recabar y que se ha acompañado a la prejudicial (y se seguirá acompañando) demuestran todo lo contrario”, sostiene el escrito.

Las solicitudes siguen pendientes

El 6 de octubre, sin resolver las peticiones contra Godoy y López, el Segundo Tribunal Ambiental solicitó al 1TA que “precise” los hechos que fundamentaron las tres inhabilidades de septiembre.

La resolución fue pronunciada por el propio López, cuyo cuestionamiento seguía pendiente, y no estableció un plazo para recibir la respuesta desde Antofagasta.

Ahora, la Suprema requirió directamente esos antecedentes al Primer Tribunal Ambiental y fijó cinco días para su entrega.

Un nuevo antecedente

También el 6 de octubre, el Senado aprobó los nombramientos para cubrir vacantes en los tribunales ambientales. Entre ellos figura Sebastián Riestra, quien asumirá como ministro suplente del Segundo Tribunal Ambiental.

Según antecedentes reunidos por los opositores a El Alto, Riestra mantuvo un vínculo profesional con Minera Nevada: en 2015 recibió un poder para representar a la filial de Barrick.

Su incorporación se hará efectiva cuando jure ante la Corte Suprema. Hasta ahora, no se ha informado la fecha de la ceremonia.

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