Cómo la PDI y la Fiscalía Sur desarticularon en Chile una célula de la organización criminal más peligrosa de Brasil

¿Qué pasó?

A las 5:00 de la madrugada de este lunes comenzó un operativo simultáneo en domicilios y recintos penitenciarios ubicados en distintas regiones del país. El objetivo de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur era intervenir una estructura criminal que llevaba al menos cuatro años bajo investigación y que, según las autoridades, ya había comenzado a operar en Chile.

Los objetivos del procedimiento eran ciudadanos chilenos y brasileños que, según los antecedentes de la investigación, formarían parte del Primer Comando de la Capital, más conocido como PCC: la organización criminal más poderosa y peligrosa de Brasil.

El resultado inicial de la Operación Sintonía 1533 fue la ejecución de 18 de las 24 órdenes de detención obtenidas por la Fiscalía Sur. A ellas se sumaron otras dos personas arrestadas en situación de flagrancia durante los allanamientos.

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La PDI también incautó armamento, municiones, drogas y teléfonos celulares. Las detenciones fueron ampliadas hasta el jueves, cuando los imputados serán formalizados por delitos de tráfico de drogas y asociación criminal para el tráfico de drogas.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, calificó el procedimiento como un “golpe directo al crimen organizado” y confirmó que se trata de la primera célula del PCC desarticulada en territorio nacional.

“Esta madrugada, la PDI y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur dieron un golpe directo al crimen organizado: desarticularon la primera célula en Chile del Primer Comando de la Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América”, sostuvo el ministro.

El alcance del procedimiento, sin embargo, va más allá del número de detenidos. Entre los investigados aparecen ciudadanos chilenos que habrían sido formalmente incorporados al PCC mediante el denominado “bautizo” y que, desde entonces, habrían pasado a ser reconocidos como “hermanos” dentro de la organización.

Uno de ellos no fue encontrado.

El prófugo por el crimen del carabinero Ortiz

Entre las seis órdenes que permanecían pendientes al cierre del operativo se encuentra la de Francisco Javier Rivera Galaz, el último prófugo por el robo con homicidio del cabo segundo de Carabineros Alejandro Ortiz Vásquez.

El crimen ocurrió el 27 de agosto en Renca, cuando el funcionario, que se encontraba de franco, llegó al sector para concretar la venta de un artículo ofrecido a través de una plataforma digital. Allí fue abordado por un grupo de sujetos y recibió un disparo que le provocó la muerte.

La investigación identificó como presuntos participantes a Demmis Barrera Alarcón, Claudio Valdivia Erazo y Francisco Rivera. Los dos primeros fueron detenidos durante las semanas siguientes. Rivera continúa prófugo.

Pero mientras era buscado por el homicidio, su nombre también aparecía en la investigación sobre la primera célula del PCC detectada en Chile.

Según antecedentes conocidos por Mega Investiga, la PDI y la Fiscalía Sur sitúan a Rivera entre los ciudadanos chilenos que habrían sido “bautizados” por la organización brasileña.

Los investigadores sostienen que, después del homicidio del carabinero, Rivera habría recurrido a sus “hermanos” del PCC para solicitar ayuda y abandonar Chile.

El plan consistiría en salir por un paso no habilitado en el norte, llegar a Bolivia y trasladar una camioneta que pretendía vender en ese país.

Los antecedentes recopilados por la PDI indicaban que permanecía oculto en el sector norte de la Región Metropolitana mientras esperaba recibir el apoyo necesario para concretar su fuga.

Desde el homicidio de Ortiz cambió en al menos dos oportunidades su teléfono celular, una maniobra que habría dificultado su seguimiento.

Rivera estaba contemplado entre los objetivos que debían ser detenidos este lunes. Sin embargo, pese a las vigilancias y diligencias desplegadas durante el operativo, no fue ubicado.

Su responsabilidad en el homicidio y su eventual pertenencia al PCC deberán ser acreditadas ante los tribunales. Hasta el cierre de esta nota, seguía prófugo de ambas investigaciones.

El bautizo de chilenos

Ser “bautizado” tiene un significado concreto dentro del Primer Comando de la Capital. No corresponde únicamente a mantener comunicaciones, realizar negocios o colaborar ocasionalmente con alguno de sus integrantes.

El bautizo representa la incorporación formal de una persona a la organización. A partir de ese momento, el nuevo integrante acepta las reglas internas del PCC, pasa a formar parte de su estructura y es reconocido como “hermano” por los demás miembros.

La investigación de la PDI y la Fiscalía Sur apunta a que este proceso se habría replicado en Chile. Ciudadanos nacionales habrían sido reclutados, evaluados y posteriormente aceptados por integrantes del grupo brasileño.

El fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó la existencia de un mecanismo de captación, pero evitó revelar sus características antes de que los antecedentes sean expuestos ante el tribunal.

“Sí hay un sistema de reclutamiento, pero las particularidades las van a conocer en la audiencia de formalización del día jueves”, señaló.

Una investigación iniciada en 2022

La Operación Sintonía 1533 no se originó con los allanamientos de este lunes. La investigación comenzó en 2022 y estuvo a cargo de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana Sur de la PDI junto con el fiscal Hans Escobar.

“No es un trabajo de solamente algunos meses. Es un trabajo que viene desde 2022 a la fecha y, por lo tanto, ha significado una inversión de recursos y de tiempo para liderar una investigación destinada a desarticular una organización como el Primer Comando de la Capital”, explicó el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros.

Durante ese periodo se realizaron análisis de comunicaciones, seguimientos, vigilancias y coordinaciones con instituciones extranjeras.

Un antecedente determinante surgió desde Brasil. Información obtenida por la policía del estado de São Paulo permitió detectar contactos entre integrantes del PCC y ciudadanos que se encontraban en Chile.

Parte de esos datos habría sido recuperada desde teléfonos y otros elementos incautados durante procedimientos efectuados en cárceles brasileñas. Entre los archivos aparecieron números telefónicos, contactos y fichas de ciudadanos chilenos que presuntamente habían sido reclutados.

La información fue compartida con la PDI y permitió profundizar las diligencias que ya se desarrollaban en nuestro país.

La policía chilena comenzó entonces a identificar a las personas que mantenían contacto con integrantes brasileños, reconstruir sus relaciones y determinar cuáles habrían sido incorporadas formalmente a la organización.

Según explicó Barros, la información obtenida en Chile también dio origen a acciones de cooperación internacional, aunque los detalles permanecen bajo reserva.

Sintonía 1533

El nombre escogido para el operativo también está relacionado con el lenguaje interno del Primer Comando de la Capital.

Las “sintonías” corresponden a células o mecanismos de coordinación utilizados por la organización para distribuir funciones, transmitir instrucciones y administrar determinadas áreas de sus operaciones.

La cifra 1533, en tanto, representa las iniciales del grupo según la ubicación de sus letras en el abecedario: 15 corresponde a la P y 3 a cada una de las dos letras C.

El nombre de la operación refleja la principal hipótesis de los investigadores: que las personas identificadas en Chile no actuaban únicamente como delincuentes independientes, sino que mantenían un sistema de coordinación relacionado con la organización brasileña.

La audiencia de formalización permitirá conocer si la Fiscalía sostiene que la célula recibía instrucciones desde Brasil o si funcionaba con algún grado de autonomía dentro del país.

Trece estaban en cárceles chilenas

Una parte importante de la estructura investigada ya se encontraba dentro del sistema penitenciario.

De las 18 personas detenidas por las órdenes de esta causa, 13 estaban privadas de libertad, cumpliendo condenas o sujetas a medidas cautelares por otros delitos.

Los procedimientos fueron realizados en recintos penitenciarios de Puente Alto, Santiago, Colina, Rancagua, Lebu, Biobío y Arica.

“Se detuvo a 13 internos que todavía estaban cumpliendo condenas o con medidas cautelares”, confirmó Barros.

El fiscal agregó que algunos de los investigados habían recuperado previamente su libertad, pero también fueron localizados y detenidos durante las diligencias.

La presencia de integrantes encarcelados no resulta extraña para el PCC. La organización surgió en 1992 dentro del sistema penitenciario del estado de São Paulo y desde allí inició una expansión que posteriormente llegó a las calles y a otros países del continente.

“Estas estructuras se crean al interior de los recintos penales. Es una estructura que viene, en este caso, desde el año 1992 en adelante y que es una de las más grandes que hay a nivel mundial”, explicó el fiscal regional.

Gendarmería colaboró con la PDI y la Fiscalía para ejecutar las órdenes y desarrollar los registros dentro de las cárceles.

Una de las interrogantes que deberá responder la investigación es cómo se comunicaban los imputados privados de libertad con quienes se encontraban en las calles y qué instrucciones habrían sido transmitidas a través de esas conexiones.

“Negrinho”, el brasileño investigado como articulador

Uno de los nombres centrales de la causa es el de Lucas Leonardo de Oliveira Santos, ciudadano brasileño conocido como “Negrinho”.

De Oliveira Santos ya se encontraba recluido en el Centro de Detención Preventiva Santiago Uno por una causa distinta cuando se ejecutó la nueva orden de detención en su contra.

Para los investigadores, sería la persona con la conexión más directa con la estructura brasileña del PCC y habría desempeñado un papel clave en la incorporación de ciudadanos chilenos.

La hipótesis de la PDI y la Fiscalía es que De Oliveira Santos habría participado en el bautizo de otros investigados, validando su ingreso y permitiendo que fueran reconocidos como “hermanos” dentro de la organización.

Aunque ya permanecía privado de libertad, fue necesario ejecutar una nueva orden para que enfrente las imputaciones relacionadas con la presunta célula del PCC.

Su eventual papel como articulador permitiría explicar cómo ciudadanos chilenos pasaron de relacionarse con delincuentes brasileños a formar parte de una organización criminal transnacional.

Los allanamientos

La fase operativa de Sintonía 1533 comenzó durante la madrugada con procedimientos simultáneos de la PDI.

Las autorizaciones judiciales permitieron registrar seis domicilios vinculados con cuatro de los imputados. Las diligencias se concentraron en Ñuñoa, Puente Alto, Cerro Navia, Pudahuel y Renca.

Uno de los inmuebles de Puente Alto era investigado como un eventual lugar de almacenamiento de armamento. Otro domicilio de la misma comuna habría sido utilizado como punto de venta de drogas.

Los procedimientos permitieron incautar armamento, municiones, sustancias ilícitas y teléfonos celulares, elementos que ahora deberán ser periciados.

Durante los allanamientos también fueron detenidas dos personas en situación de flagrancia. Esos arrestos se contabilizan de manera separada de las 18 órdenes ejecutadas dentro de la causa principal.

“Han sido ampliadas las detenciones de los 18 detenidos. Tenemos dos detenidos también en situación de flagrancia y se han incautado armamento, municiones y droga, entre otras cosas”, informó Barros.

En total, el operativo dejó 20 personas bajo custodia: 18 por las órdenes de la Operación Sintonía 1533 y dos por delitos detectados durante los procedimientos.

Actuar antes de una expansión

La Fiscalía sostiene que la intervención se realizó cuando la estructura todavía se encontraba en una fase inicial de funcionamiento.

Barros comparó el riesgo detectado con la expansión experimentada en Chile por el Tren de Aragua, organización venezolana que logró instalar células en diferentes regiones antes de que las autoridades dimensionaran completamente su alcance.

“Quizás, si hubiésemos esperado cinco años más o no nos hubiésemos percatado de esto antes, habríamos tenido un nuevo flagelo, como nos ocurrió con el Tren de Aragua”, señaló el fiscal.

“Lo que hemos decidido es operar antes de que estas estructuras se asienten en el país y ya no sean controlables por los organismos de seguridad pública”, agregó.

La intervención buscó impedir que el PCC consolidara una estructura con mayor capacidad operativa en el país. Según el Ministerio Público, la célula ya había comenzado su funcionamiento y algunos de sus integrantes estaban involucrados en actividades delictivas.

Lo que deberá acreditar la Fiscalía

La audiencia del jueves será la primera instancia en que la Fiscalía deberá exponer ante el tribunal los antecedentes reunidos desde 2022.

El Ministerio Público tendrá que individualizar el papel que atribuye a cada imputado y explicar cómo habría funcionado el sistema de reclutamiento detectado en Chile.

También deberá distinguir entre quienes presuntamente fueron bautizados como integrantes del PCC, quienes habrían colaborado con ellos y quienes aparecen vinculados únicamente por actividades específicas.

Haber mantenido comunicaciones con una persona relacionada con el PCC no implica, por sí solo, pertenecer a la organización. Por ello, la Fiscalía deberá presentar antecedentes individuales que permitan acreditar la incorporación y las funciones supuestamente asumidas por cada investigado.

Entre las preguntas pendientes se encuentra si la estructura respondía a instrucciones provenientes de Brasil, si actuaba con autonomía en Chile y qué delitos concretos alcanzó a ejecutar antes del operativo.

También deberá aclararse qué comunicaciones mantuvieron los imputados que estaban en libertad con aquellos que permanecían recluidos en cárceles chilenas.

La operación no puso término a la investigación. Al cierre del balance oficial, seis de las 24 órdenes de detención continuaban pendientes, entre ellas la correspondiente a Francisco Javier Rivera Galaz.

“La investigación sigue y, por lo tanto, se continúan haciendo diligencias por parte del equipo de la Brigada Antinarcóticos Sur”, afirmó Barros.

Por ahora, el balance deja 18 imputados detenidos por la causa, dos arrestos adicionales en situación de flagrancia y la primera célula del PCC que las autoridades aseguran haber desarticulado en Chile.