Contraloría detecta millonaria pérdida de vacunas: más de 760 mil dosis vencieron en bodegas del Minsal

Más de 760 mil vacunas contra la influenza adquiridas para la campaña de inoculación de 2024 vencieron sin ser distribuidas y permanecieron almacenadas en las bodegas del operador logístico del Ministerio de Salud.

Así lo establece una investigación especial de la Contraloría General de la República a la que tuvo acceso exclusivo Mega Investiga, y que cifra en más de $3.600 millones el costo fiscal asociado a las dosis que finalmente no fueron utilizadas.

El informe del ente fiscalizador no sólo advierte sobre la pérdida de vacunas. También detecta que casi tres millones de dosis carecen de trazabilidad y que existen 208 registros de vacunaciones asociados a identidades de personas fallecidas.

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Más de $3.600 millones en vacunas vencidas

Para la campaña de vacunación de 2024, el Ministerio de Salud adquirió aproximadamente 9,6 millones de dosis contra la influenza.

Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes recopilados por Contraloría, más de 762 mil vacunas no alcanzaron a ser distribuidas y terminaron venciendo en las bodegas del operador logístico contratado por el ministerio.

La compra de esas dosis significó un desembolso fiscal de $3.640.544.800.

En otras palabras, el Estado gastó más de $3.600 millones en vacunas que nunca llegaron a ser administradas a la población.

Para Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, el hallazgo refleja problemas graves en la planificación y utilización de los recursos públicos.

“Más de 700 mil vacunas, que terminan equivalendo a más de 3 mil millones de pesos, son recursos con los que podríamos haber construido varios centros de salud familiar”, sostuvo.

Según Figueroa, una de las posibles explicaciones es que la autoridad sanitaria haya calculado una demanda mayor a la que finalmente se produjo.

“Se pudo haber sobreestimado esa necesidad, generando un mayor gasto al Fisco y, además, una pérdida de esos recursos al no haber sido utilizadas estas vacunas”, afirmó.

El representante de Chile Transparente agregó que cada recurso sanitario que termina desperdiciado deja de ser utilizado para atender otras necesidades de la población.

“Cualquier mal cálculo en materia sanitaria, cualquier gasto que termina en la basura, pudo haber sido utilizado en recursos sanitarios que efectivamente hubiesen llegado a resolver los problemas de las personas”, indicó.

Faltó cobertura, pero sobraron vacunas

De las cerca de 9,6 millones de dosis adquiridas para la campaña, alrededor de 8,8 millones habrían sido distribuidas.

No obstante, los registros revisados por Contraloría indican que sólo cerca de cinco millones de vacunas aparecen efectivamente administradas a la población.

Además, más de 1,2 millones de dosis fueron declaradas como merma, principalmente por haber alcanzado su fecha de caducidad.

De ese total, más de 760 mil vacunas vencieron mientras permanecían almacenadas en bodegas.

El senador Juan Luis Castro cuestionó que el vencimiento se produjera en una campaña que no alcanzó todos sus objetivos de cobertura.

“Si se hubiera cumplido toda la meta y, por lo tanto, no había a quién más vacunar, se podría entender. Pero aquí faltó cobertura y sobraron vacunas. O sea, esto está mal diseñado”, afirmó.

El parlamentario sostuvo que los resultados evidencian deficiencias en la forma en que se planificó y ejecutó la campaña.

“Este resultado es peor que antes. Da cuenta de una situación que no se ha manejado correctamente, donde toda la campaña que busca aumentar la cobertura choca con esta realidad: se dilapidan recursos. Yo creo que esto es inexcusable”, agregó.

La denuncia que llegó a Contraloría

La millonaria pérdida de vacunas había sido denunciada en mayo de 2025 por el diputado Daniel Lilayú, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara.

El parlamentario solicitó que Contraloría investigara las razones que permitieron que miles de dosis vencieran sin ser utilizadas.

“Es gravísimo lo que está pasando en relación con este tema. Aquí uno empieza a pensar que puede haber desfalco u otro tipo de elementos que hay que investigar”, sostuvo Lilayú.

Tras conocerse las conclusiones de la fiscalización, el diputado aseguró que las eventuales responsabilidades no pueden agotarse en una explicación administrativa.

“Claramente aquí hay que investigar. Aquí hay una negligencia que seguramente tiene nombre, funcionarios que en su momento no hicieron la pega, y eso no lo podemos aceptar”, afirmó.

Lilayú agregó que los antecedentes podrían incluso ameritar la intervención del Ministerio Público.

“Creo que aquí hay un problema de negligencia o, simplemente, un problema que debe ser investigado por el Ministerio Público”, señaló.

Casi tres millones de dosis sin trazabilidad

Uno de los hallazgos más delicados de la investigación se relaciona con la falta de trazabilidad de las vacunas adquiridas por el Ministerio de Salud.

Si se consideran las dosis compradas, las administradas y aquellas declaradas oficialmente como merma, queda un universo cercano a los tres millones de vacunas respecto de las cuales no existiría información suficientemente clara para establecer su destino final.

Eso significa que no se sabría con certeza si fueron aplicadas, si permanecieron almacenadas, si vencieron o si se perdieron durante los procesos de distribución.

Para el diputado Daniel Lilayú, la ausencia de registros no resulta admisible cuando se trata de medicamentos adquiridos con recursos públicos.

“Una vacuna no es una caja vacía. Es un medicamento y se sabe a quién se compró, dónde se almacenó, dónde se derivó, a qué servicio y a quién se colocó. Aquí no puede uno simplemente decir: ‘se perdieron’”, sostuvo.

El parlamentario insistió en que el sistema sanitario debería permitir seguir cada dosis desde su adquisición hasta su aplicación o eliminación.

“La falta de trazabilidad no se puede explicar. Una vacuna no es una caja vacía: es un medicamento y se debe saber a quién se compró, dónde se almacenó, a qué servicio se derivó y a quién se colocó”, agregó.

Vacunaciones asociadas a personas fallecidas

La revisión de las bases de datos también permitió identificar 208 registros de vacunaciones vinculados a identidades de personas fallecidas.

De acuerdo con el informe, en 58 de esos casos existiría coincidencia tanto en el nombre como en el RUT de la persona registrada.

La Subsecretaría de Salud Pública explicó a Contraloría que estos casos podrían estar relacionados con errores de digitación, considerando que representan un porcentaje menor respecto del total de inoculaciones realizadas.

Sin embargo, el senador Juan Luis Castro señaló que el hallazgo debe ser investigado para determinar si se trata únicamente de fallas administrativas o de un problema más amplio.

“Aquí hay personal que, en el punto de vacunación, falseó o inventó y colocó RUT que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces, uno se pregunta: ¿es el síntoma de una enfermedad?, ¿habrá más casos?”, sostuvo.

Castro agregó que la existencia de registros asociados a personas fallecidas ya había sido observada anteriormente.

“Cuando un informe anterior de Contraloría ya detectaba RUT de personas muertas como receptoras de una vacuna, quiere decir que aquí hay personal que falseó o inventó datos que no tenían nada que ver con la realidad”, afirmó.

La respuesta de la autoridad sanitaria

En sus descargos ante Contraloría, la Subsecretaría de Salud Pública atribuyó el vencimiento de las más de 760 mil dosis almacenadas a una disminución drástica de la demanda y a la necesidad de utilizar vacunas actualizadas para las cepas circulantes.

También sostuvo que los registros vinculados a personas fallecidas podrían obedecer a equivocaciones cometidas al momento de ingresar los datos de quienes fueron vacunados.

Respecto de las responsabilidades, Michel Figueroa señaló que éstas no necesariamente recaen únicamente en los funcionarios que realizaron los cálculos o gestionaron directamente la compra.

“También hay una responsabilidad de los superiores, del subsecretario y de los jefes de departamento que autorizaron la adquisición y que no cuestionaron los cálculos con los que se les ofreció tomar la decisión”, afirmó el director ejecutivo de Chile Transparente.

Para la organización, el caso demuestra la importancia de reforzar los mecanismos de control interno antes de comprometer recursos públicos en adquisiciones de gran magnitud.

Contraloría pedirá el reparo

En su informe, Contraloría señala que iniciará las acciones correspondientes para perseguir el reparo de los más de $3.600 millones gastados en vacunas contra la influenza que terminaron venciendo en las bodegas del Ministerio de Salud.

El reparo es el procedimiento mediante el cual el organismo fiscalizador busca determinar responsabilidades patrimoniales y recuperar recursos públicos que hayan sido utilizados de manera irregular o que hayan provocado un perjuicio fiscal.

El senador Juan Luis Castro advirtió que las conclusiones del informe podrían generar consecuencias administrativas, políticas e incluso judiciales.

“Aquí se va a tener que tomar cartas en el asunto. Esto puede derivar en acciones judiciales, en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y, obviamente, en citaciones al Senado”, afirmó.

Mega Investiga solicitó declaraciones a la exministra de Salud Ximena Aguilera y a la exsubsecretaria de Salud Pública Andrea Albagli, quienes ejercían sus cargos durante la campaña de vacunación de 2024. Sin embargo, no estuvieron disponibles para responder las preguntas de este medio.

También se pidió una entrevista a la actual ministra de Salud, May Chomalí, para conocer la posición del ministerio frente a las conclusiones de Contraloría y las eventuales medidas que adoptará la autoridad sanitaria.

Una de las principales mejoras que permitiría evitar este tipo de irregularidades apunta a la interoperabilidad de los sistemas informáticos utilizados por el Ministerio de Salud.

Contar con plataformas conectadas permitiría realizar un seguimiento en línea de las vacunas, mejorar su trazabilidad y verificar, al momento de la inoculación, si el RUT ingresado corresponde efectivamente al paciente. De esta manera, el control podría realizarse durante el proceso y no únicamente después de ocurridas las inconsistencias, permitiendo detectar y corregir errores oportunamente.