La revancha de Carlos Flores: Desvinculado por el gobierno de Boric tras las querellas del estallido, vuelve a Seguridad con Arrau

¿Qué pasó?

Carlos Flores, el abogado penalista que en 2022 fue desvinculado del Ministerio del Interior por encarnar las querellas del estallido social, vuelve al Estado. Este 1 de julio asume como jefe del Área Penal del Ministerio de Seguridad Pública, fichado por el ministro Martín Arrau, en lo que su entorno ya describe como una revancha tras tres años fuera del sector público.

Flores llegó a la División Jurídica del Ministerio del Interior en 2004, bajo Ricardo Lagos, y ahí se quedó durante cuatro gobiernos, trabajando para los dos mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Pero a apenas tres semanas de que asumiera Gabriel Boric, en marzo de 2022, fue llamado a una oficina del piso 7 de Teatinos 92 y le dijeron que su trabajo terminaba ese día.

La decisión la tomó Camila Barros, la entonces nueva jefa de la División Jurídica, la misma abogada que había sido desvinculada durante el gobierno de Piñera y que ahora regresaba con el cambio de mando. Barros no llegó sola: junto a Flores fueron desvinculados otros seis abogados de la división, de un total de 22, en lo que quienes conocieron el episodio describieron como "descabezar la dirección del equipo".

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La versión oficial fue una "reformulación" de la repartición. La razón real, según fuentes que conocieron el proceso, era política: Flores encarnaba para el gobierno de Boric las querellas del estallido social, un tema sensible para esa administración. No eran querellas abstractas, sino las acciones penales que el Estado había presentado contra quienes cometieron desórdenes públicos, atacaron infraestructura, agredieron a carabineros o protagonizaron los episodios de violencia que marcaron al país desde octubre de 2019.

El mismo 11 de marzo, el equipo de la División Jurídica recibió como primera misión analizar todas las causas del estallido en que el ministerio era querellante bajo la Ley de Seguridad del Estado. Se retiraron 139 de esas acciones judiciales. Flores, el hombre que las había sostenido, ya no estaba.

Tras esa salida, ejerció en el sector privado y tuvo un breve paso asesorando a Interior, antes de este nuevo nombramiento que cierra el círculo.

El hombre que vuelve

Flores es abogado penalista. Su paso por la División Jurídica no fue la de un funcionario de escritorio: coordinó equipos jurídicos en todo Chile, tramitó más de 900 causas penales a nivel nacional y estuvo a cargo de estrategias judiciales en casos de alta complejidad, terrorismo, crimen organizado y violencia rural.

Fue parte clave de la creación y ejecución del programa Estadio Seguro y del trabajo jurídico ante el conflicto mapuche. Representó al Ministerio del Interior y al Estado ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, enfrentando recursos que ponían a prueba no solo la ley sino también la confianza pública en las instituciones. Participó además como abogado en el Proceso Constituyente 2023.

Tras su desvinculación en 2022, ejerció en el sector privado, asesorando empresas y equipos legales. Es, en suma, el perfil exacto que el ministerio de Arrau necesitaba: alguien que conoce el aparato judicial del Estado desde adentro, que ha litigado sus causas más difíciles y que sabe lo que cuesta reconstruir lo que se desarmó.

El legado Steinert

Martín Arrau asumió la cartera de Seguridad el 19 de mayo, tras la abrupta salida de Trinidad Steinert, quien en 70 días acumuló una cadena de tropiezos que terminó por minar la confianza del Presidente José Antonio Kast. El primero ocurrió 48 horas después de asumir: Steinert realizó gestiones ante el director de la PDI, Eduardo Cerna, por asuntos que se arrastraban de su período como Fiscal de Tarapacá, lo que derivó en la remoción de la jefa de Inteligencia, Consuelo Peña. Contraloría alista un dictamen que apuntaría a que la exministra se excedió en sus atribuciones.

Vino después la falta de un plan concreto de seguridad. Desde la oposición —y desde el propio oficialismo— se criticó el desempeño de Steinert, quien parecía no contar con una hoja de ruta clara para combatir el crimen organizado. La exposición ante la Cámara de Diputados fue el punto de quiebre: la entonces ministra se vio nerviosa, leyendo con dificultades, y debió reconocer más tarde que no esperaba que le pidieran un plan formal en materia de seguridad.

A eso se sumó la polémica publicación desde la cuenta institucional del Ministerio de Seguridad en redes sociales, luego de un operativo en Temucuicui, que señalaba: "Mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con 5 detenidos".

La propia Steinert debió reconocer que era "un error absoluto". También hubo un revés judicial en el caso Lincolao, donde la Corte de Valdivia reprochó al ministerio por levantar una tesis que no se sostuvo. En paralelo, Steinert disolvió la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad, argumentando ajustes presupuestarios, repartición que tenía por objetivo generar análisis integrado de datos provenientes de las policías, el SII y Aduanas.

Lo que Arrau encontró y lo que Flores deberá ordenar

Arrau llegó al ministerio con una misión de rescate institucional. El Área Penal —el brazo judicial del Estado en materia de seguridad— requería de alguien que conociera el aparato por dentro, que supiera cómo presentar querellas, cómo seguirlas, cómo coordinar con fiscales y cómo ejercer la acción penal pública del Ejecutivo con criterio técnico y no solo político.

La ironía del ciclo no es menor: fue Camila Barros, quien había sido desvinculada durante el gobierno de Piñera y regresó con Boric para liderar la División Jurídica, la que terminó echando a Flores. Tres años después, es Flores quien vuelve.

Tras su desvinculación en 2022, Flores y otros abogados de la División Jurídica presentaron demandas por despido injustificado. Su regreso al sector público, tres años después, no es solo un cambio de empleo. Es el cierre de un círculo que comenzó con la decisión del gobierno de Boric de retirar 139 querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado el mismo día del cambio de mando, acciones que, en muchos casos, habían sido presentadas o conducidas por el propio Flores.

El propio Flores lo resume así en su presentación profesional: "En la negociación o en un juicio, mi compromiso es real y concreto: soluciones reales, impacto probado". El 1 de julio, el Ministerio de Seguridad comprobará si eso es suficiente para reconstruir lo que se desarmó.