EXCLUSIVO | Fiscalía pide 12 años de cárcel para senador Calisto: Acusa fraude al Fisco por contrato fantasma de $105 millones

La Fiscalía Regional de Aysén presentó este viernes la acusación con la que busca llevar a juicio oral al senador Miguel Ángel Calisto Águila y otros siete imputados por una serie de presuntos fraudes al Fisco. El Ministerio Público solicita para el parlamentario una pena de 12 años de presidio por el delito reiterado de fraude al Fisco, además de las penas accesorias contempladas en la ley.

La acusación, a la que tuvo acceso exclusivo Mega Investiga, fue presentada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, luego del cierre de la investigación decretado el 25 de junio de 2026.

En el escrito, el Ministerio Público sostiene que existen “fundamentos serios para el enjuiciamiento” del hoy senador Miguel Calisto y de los demás acusados, quienes deberán enfrentar un juicio oral una vez que se resuelva el procedimiento de desafuero solicitado por la Fiscalía respecto del parlamentario.

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El mecanismo

El caso tiene como principal imputado al senador Miguel Calisto Águila, aunque también fueron acusados Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo, Felipe Klein Vidal, Sandra Loaiza Henríquez, Fabiola Castillo Bustamante, Natalia Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido por distintos hechos que, según la Fiscalía, conforman tres episodios de fraude al Fisco.

Sin embargo, el núcleo de la acusación respecto de Calisto corresponde a un supuesto mecanismo que habría operado durante los cuatro años en que ejerció como diputado por el distrito 27 de la Región de Aysén.

Según el Ministerio Público, entre 2018 y 2022 Calisto se concertó con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos públicos mediante la contratación de esta última como asesora parlamentaria, pese a que —afirma la Fiscalía— nunca ejecutó los trabajos para los cuales fue contratada.

“La imputada Carla Graf fue contratada por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional para trabajar como asesora parlamentaria del referido Diputado Calisto, recibiendo (?) la suma de a lo menos $105.554.697”, sostiene la acusación.

Sin embargo, agrega que aquello ocurrió “en circunstancias de que (?) Carla Graf Toledo no desarrolló, escribió, ni entregó al parlamentario Calisto ningún estudio” ni ejecutó las funciones comprometidas en sus contratos, “todo ello con conocimiento del Diputado Calisto”.

El origen de los hechos

La Fiscalía sitúa el origen de los hechos en la campaña parlamentaria de 2017.

De acuerdo con la acusación, Roland Cárcamo fue jefe de campaña de Miguel Calisto mientras se desempeñaba simultáneamente como funcionario del Servicio de Salud de Aysén, circunstancia que le impedía recibir remuneraciones por las labores políticas que seguía desarrollando para el entonces diputado.

Por ello, sostiene el Ministerio Público, Calisto, Cárcamo y Carla Graf “se concertaron” para obtener recursos fiscales mediante la contratación formal de esta última como asesora parlamentaria.

La acusación sostiene que fue el propio diputado quien realizó todas las gestiones necesarias para contratarla ante la Cámara de Diputados, “a sabiendas de que Carla Graf no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada”.

Cuatro años de contratos

El Ministerio Público describe año por año los contratos celebrados entre Carla Graf y la Cámara de Diputados.

El primero fue suscrito el 3 de abril de 2018 para prestar asesorías en coordinación parlamentaria y elaborar estudios demográficos y socioeconómicos, con honorarios que inicialmente ascendían a $2.762.501 mensuales.

Posteriormente, durante ese mismo año, el contrato fue modificado en distintas oportunidades para variar exclusivamente el monto de la remuneración, manteniéndose intactas las funciones que, según la Fiscalía, nunca fueron ejecutadas.

La misma dinámica, sostiene la acusación, se repitió durante 2019, cuando Carla Graf volvió a firmar contratos con idénticas obligaciones y sucesivas modificaciones de honorarios que fluctuaron entre $1,1 millones y $2,75 millones mensuales.

En 2020, la asesoría cambió formalmente de objeto y pasó a describirse como una “asesoría en optimización de procesos administrativos”. Ese contrato también fue modificado para aumentar las remuneraciones hasta $3.165.000 mensuales, aunque la Fiscalía sostiene que las funciones tampoco fueron realizadas.

Durante 2021 y 2022, los contratos volvieron a modificarse, ahora asignándole labores vinculadas al trabajo con organizaciones sociales, elaboración de reportes, levantamiento de problemas ciudadanos, coordinación con autoridades y asesoría comunicacional.

Sin embargo, la Fiscalía afirma que ninguna de esas funciones fue ejecutada y que todos los contratos “constituyeron solamente un mecanismo fraudulento para obtener dinero de parte del Fisco de Chile”.

El destino del dinero

Uno de los capítulos más relevantes de la acusación corresponde al destino que, según el Ministerio Público, tuvieron los más de $105 millones pagados por la Cámara de Diputados.

La Fiscalía sostiene que parte de esos recursos fue utilizada para beneficio personal de Carla Graf, pero también para favorecer a Roland Cárcamo Catalán, al propio Miguel Calisto y a personas vinculadas a la Democracia Cristiana.

En ese contexto, la acusación asegura que entre 2018 y 2022 Miguel Calisto recibió de Carla Graf al menos $10.559.316 mediante transferencias bancarias y otros $9.700.000 a través del pago de cuotas efectuadas a un tercero para la compra de una parcela.

Asimismo, el escrito sostiene que Felipe Klein Vidal recibió entre 2020 y 2022 un total de $34.164.500 provenientes de esos recursos, período en que participó como candidato a gobernador regional y consejero regional de Aysén.

Los otros hechos que llegarán a juicio

La acusación no solo aborda los contratos parlamentarios.

El segundo hecho dice relación con un supuesto fraude al Gobierno Regional de Aysén mediante tres proyectos financiados con recursos del 8% del FNDR y ejecutados, según la Fiscalía, utilizando a FENATS como entidad beneficiaria.

El Ministerio Público sostiene que los proyectos “Formando monitoras por la igualdad de género”, “Conversatorios no más violencia” y “Ambientes laborales más seguros”, por un total de $25.998.000, nunca fueron ejecutados y que para justificar los gastos se presentaron boletas, informes, listas de asistencia y rendiciones falsas. Según la acusación, Roland Cárcamo retiró prácticamente la totalidad de esos recursos el mismo día en que fueron depositados por el Gobierno Regional.

El tercer hecho corresponde a un nuevo proyecto FNDR ejecutado en 2024 por la Fundación Proyecto Futuro, denominado “Internet para personas mayores: oportunidad para estar conectados”, por $7 millones.

La Fiscalía sostiene que tampoco se ejecutó, que se utilizaron boletas emitidas con claves tributarias obtenidas mediante engaño y que se rindieron actividades que jamás se realizaron, ocasionando un perjuicio fiscal de $6.700.000, luego de la devolución parcial de $300 mil efectuada durante la investigación.

Lo que viene

En la acusación, el Ministerio Público califica el primer episodio como fraude al Fisco reiterado consumado y atribuye a Miguel Calisto, Carla Graf y Roland Cárcamo la calidad de autores.

Respecto del senador, la Fiscalía solicita una pena de 12 años de presidio, mientras que el avance del proceso dependerá previamente de la resolución que adopten los tribunales respecto del desafuero solicitado para que pueda enfrentar el juicio oral en calidad de imputado.

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