CDE acusa a Hermosilla de recibir $300 millones para destrabar Parque Capital y se querella por cohecho y tráfico de influencias

Una nueva arista se abrió en el denominado caso Audios. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra del abogado Luis Hermosilla y del empresario Álvaro Jalaff, imputándoles delitos de cohecho agravado, soborno y tráfico de influencias en el marco de las gestiones realizadas para destrabar el proyecto inmobiliario-industrial Parque Capital, en la comuna de Lampa.

Tal como lo dio a conocer Mega Investiga, Jalaff decidió colaborar y declaró hace algunos días para confesar que pagó una millonaria coima al penalista para destrabar la iniciativa liderada por el fundador del Grupo Patio.

La acción judicial fue ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y sostiene que Hermosilla, mientras ejercía como funcionario público en el Ministerio del Interior durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, habría utilizado su posición, contactos políticos y acceso a autoridades para obtener autorizaciones favorables para el proyecto impulsado por Grupo Patio. A cambio, según el CDE, recibió pagos por alrededor de $300 millones.

Ir a la siguiente nota

La querella marca un nuevo escalón en la investigación. Hasta ahora, la denominada arista Parque Capital se encontraba incorporada a la causa principal del caso Audios, donde Hermosilla ya había sido formalizado por tráfico de influencias. Sin embargo, el CDE sostiene que los antecedentes reunidos permiten atribuir además delitos de corrupción relacionados con pagos y beneficios económicos recibidos por el abogado.

Los $300 millones

Según el relato del organismo estatal, Álvaro Jalaff decidió incorporar a Hermosilla a las gestiones del proyecto debido a sus vínculos con autoridades del gobierno de la época.

La querella cita la declaración del propio empresario, quien reconoció que la principal razón para contratarlo era que mantenía “muy buena relación con diferentes autoridades del gobierno de la época”, lo que podía ayudar a “destrabar las cosas con el proyecto Parque Capital”.

De acuerdo con el CDE, a comienzos de 2019 Hermosilla solicitó a Jalaff un pago cercano a los $300 millones en efectivo, equivalente a unas 10.000 UF de la época, sin emisión de boletas ni facturas.

La primera mitad habría sido cancelada mediante tres pagos realizados entre agosto y septiembre de 2019. El saldo restante se habría concretado durante 2021, tanto en efectivo como mediante compensaciones de deudas que Hermosilla mantenía con Factop.

La querella recalca que no existieron contratos, mandatos ni documentos que justificaran dichos pagos.

“Ward en vivienda espectacular”

Uno de los antecedentes que incorpora el CDE corresponde a conversaciones de WhatsApp entre Hermosilla y Jalaff.

Tras la llegada de Felipe Ward al Ministerio de Vivienda en junio de 2020, Hermosilla escribió a Jalaff que el cambio era una noticia “buena buena”, agregando que ya estaban trabajando con el nuevo ministro por “el tema pendiente”.

“Ward en vivienda espectacular”, escribió Hermosilla, según reproduce la querella.

El escrito también incorpora conversaciones previas donde ambos discutían pagos asociados al avance del proyecto.

En uno de esos intercambios, Jalaff escribió: “Si va a salir Parque Capital antes tenemos que amarrar bien la cometa”, mientras que posteriormente remitió un mensaje en el que hablaba de “cerrar el monto en detalle” y mencionaba cifras que alcanzaban las 45 mil UF.

Las reuniones con Ward

Según la querella, Hermosilla desplegó una serie de gestiones ante autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

El CDE sostiene que, por intermedio del entonces ministro del Interior Andrés Chadwick, consiguió reuniones con el ministro Felipe Ward y posteriormente insistió en la necesidad de agilizar la aprobación de los Informes Favorables de Construcción (IFC) que requería Parque Capital.

La acción judicial detalla que el abogado incluso visitó el domicilio particular de Ward en junio de 2020 para solicitarle que facilitara la aprobación de los permisos. Más tarde coordinó una reunión en sus oficinas con el ministro y el entonces seremi de Vivienda de la Región Metropolitana, Manuel José Errázuriz.

Además, el CDE enumera una larga serie de contactos efectuados por Hermosilla al seremi Errázuriz entre 2020 y 2021 mediante WhatsApp, todos vinculados al avance del proyecto.

Presiones internas

La querella también recoge testimonios de funcionarios de la Seremi Metropolitana.

Una profesional del Departamento de Desarrollo Urbano declaró que recibió instrucciones para otorgar “máxima prioridad” a las solicitudes de Parque Capital y que se le pidió redactar una propuesta favorable pese a los pronunciamientos previos.

Otro funcionario señaló haber sentido presiones desde la jefatura para abrir espacio a una resolución positiva.

Incluso el exseremi Manuel Errázuriz declaró que el entonces ministro Ward le pidió mantener informado a Hermosilla respecto de los avances del proyecto, pues entendía que formaba parte de los funcionarios que seguían iniciativas consideradas prioritarias por el gobierno.

Del informe desfavorable a la aprobación

Uno de los puntos centrales de la querella es que los informes técnicos inicialmente eran negativos.

El 4 de agosto de 2021, el Departamento de Desarrollo Urbano concluyó que los proyectos debían ser informados desfavorablemente debido a las restricciones normativas existentes para desarrollar un núcleo industrial en la zona.

Sin embargo, según el CDE, tras las gestiones e influencias ejercidas por Hermosilla, el seremi solicitó una nueva opinión jurídica favorable. Esa resolución fue emitida al día siguiente y permitió que el 10 de agosto de 2021 se aprobaran finalmente los Informes Favorables de Construcción.

La querella añade que ese mismo día Errázuriz informó directamente a Hermosilla de la aprobación mediante WhatsApp, enviándole incluso los oficios antes de que estuvieran firmados formalmente.

Dos actos de corrupción

En su análisis jurídico, el Consejo de Defensa del Estado sostiene que existen dos conductas distintas.

La primera corresponde al tráfico de influencias derivado de las gestiones realizadas por Hermosilla ante autoridades para favorecer un proyecto respecto del cual mantenía intereses económicos indirectos. La segunda se refiere a la solicitud y recepción de aproximadamente $300 millones para realizar dichas gestiones.

“Hay dos actos de corrupción”, afirma expresamente la querella, al distinguir entre el pago recibido y el uso de influencias derivadas de su calidad de funcionario público.

Por ello, el CDE solicita que Hermosilla sea perseguido penalmente por cohecho agravado y tráfico de influencias, mientras que Jalaff sea investigado como autor del delito de soborno.

Como diligencias, además, pidió citar a declarar al abogado Francisco Feres y al contador de Grupo Patio Marcelo Medina del Gatto, junto con reconstruir el funcionamiento de la Oficina de Grandes Proyectos para determinar cómo Parque Capital fue incorporado dentro de las iniciativas priorizadas por el gobierno.

Todo sobre Mega Investiga