Contraloría, Congreso y Fiscalía: 33 funcionarios públicos con sueldos superiores a $10 millones adeudan Crédito Solidario (FSCU)

Hasta ocho veces se ha multiplicado la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) en los últimos siete años. Esa es la cifra que comunicó la Tesorería General de la República respecto de la deuda del CAE que en 2025 alcanzó los $4 billones.

La semana pasada, dicho organismo inició un proceso de cobro en el marco de la iniciativa gubernamental para agilizar el pago de morosos, particularmente de aquellos con sueldos superiores a los $5 millones.

Sin embargo, este no es el único crédito universitario que registra millonarios atrasos en los pagos. Mega Investiga revisó en detalle las deudas del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), un mecanismo de financiamiento estatal y administrado por las universidades.

La revisión se basó en los datos del último informe de deudas publicado en diciembre de 2025 por el Consejo de Rectores (CRUCH), y en las dotaciones de personal informadas por los organismos públicos a la Dipres en septiembre del mismo año.

La investigación realizada por este medio detectó que entre los más de 342 mil deudores, figurarían aproximadamente 17 mil funcionarios públicos.

Según pudo consignar Mega Investiga, en el listado de morosos, existen al menos 33 funcionarios públicos que tienen remuneraciones por sobre los $10 millones que registran deudas por un total de $380.536.065.

Rangos de sueldos y funcionarios

• $12 millones - $13 millones: 3 funcionarios
• $11 millones - $12 millones: 9 funcionarios
• $10 millones - $11 millones: 21 funcionarios

* Elaboración propia con datos publicados por el Cruch, remuneraciones brutas actualizadas a marzo 2026 y reporte de funcionarios públicos de septiembre de 2025.

La cifra es aún mayor al hacer zoom entre los funcionarios deudores que registran remuneraciones por sobre los $5 millones. En este caso, figurarían aproximadamente 1.000 funcionarios.

Se trata de empleados de más de 200 instituciones públicas, entre las que aparecen el Poder Judicial, Ministerios, Congreso, Contraloría, entre otros.

El FSCU es un beneficio que actualmente se entrega a postulantes que estén dentro del 80% de menores ingresos del país, según el Registro Social de Hogares y aplica solamente para estudiar en universidades pertenecientes al CRUCH. Luego de dos años de haber egresado, el beneficiario comienza a pagar una cuota del 5% del total de los ingresos obtenidos el año anterior. A diferencia del CAE, la deuda se condona a los 12 años si se cumple regularmente, aún si resta saldo.

El presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Osvaldo Corrales, señaló a Mega Investiga que “cuando las personas dejan de pagar el fondo solidario la capacidad que tienen las instituciones para entregar beneficios a nuevos estudiantes se ve disminuida”.

Las autoridades deudoras: desde Congreso hasta Fiscalía

El pasado 29 de marzo, El Mercurio dio a conocer a diversas autoridades que figuraban con deudas del FSCU. Entre ellos, aparecían ocho parlamentarios morosos: los republicanos José Carlos Meza y Claudia Reyes; los socialistas Francisco Crisóstomo y Emilia Nuyado; además de Carolina Tello (FA); Nathalie Castillo (PC); Sara Concha (PSC); y Héctor Ulloa (Ind).

En el caso de los socialistas Nuyado y Crisóstomo, ambos aseguraron que regularizaron su morosidad. La parlamentaria de la Región de Los Lagos señaló que ya abonó un 80% de la deuda y el resto lo repactó en cuotas. En tanto, el parlamentario Crisóstomo informó que pagó el saldo restante tras la publicación del reportaje.

Una situación similar comunicaron los representantes republicanos. La diputada Reyes pagó la mitad de la deuda y repactó en cuotas el resto, mientras que su par, el diputado Meza, aseguró que está tramitando un convenio de pago con la universidad.

Por otro lado, la diputada Tello, informó a este medio que se contactó con su universidad y acordó un mecanismo de regularización, mientras que el parlamentario Ulloa, afirmó que ya tomó contacto con la universidad para revisar su situación y está a la espera de una respuesta formal.

Finalmente la diputada Concha insistió que ella no registraba deuda, a pesar de figurar en el listado de morosos del FSCU, y la diputada Castillo optó por no referirse al tema.

A pesar de estos procesos, la Fiscalía deberá investigar los hechos tras una querella presentada por el abogado Raimundo Palamara por el delito de perjurio, pues las deudas no fueron incluidas en las declaraciones de intereses y patrimonio.

Sin embargo, los parlamentarios no son las únicas autoridades que registran deudas. Mega Investiga revisó a altas autoridades de organismos públicos, entre los cuales, figura el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Según los datos publicados por el CRUCH, el persecutor registraba a diciembre de 2025 una deuda de 218 UTM, equivalente a $15.235.802. La morosidad se generó por atrasos en el pago del FSCU. Valencia estudió derecho en la Universidad de Chile y se tituló en marzo de 1996.

Mega Investiga consultó a la Fiscalía Nacional respecto de la deuda, pero optaron por no entregar una declaración al respecto. Según pudo conocer este medio, tras esta solicitud el fiscal Valencia tomó contacto con la Universidad para saldar la deuda. El viernes 10 de abril aparecía en los registros sin deuda pendiente con esa casa de estudios.

Los $1.100 millones en Contraloría

Una de las instituciones que registra mayor deuda entre sus funcionarios es la Contraloría. La entidad dirigida por Dorothy Pérez ha tenido un activo rol fiscalizador en los últimos meses, enfocada principalmente en el uso de recursos públicos. “Tuvimos siempre en mente un objetivo muy claro: proteger los recursos públicos”, dijo la contralora en su última cuenta pública.

Sin embargo, entre sus filas no están exentos de la lista de morosos del FSCU. Mega Investiga detectó al menos 118 funcionarios que registran deudas en dicho fondo por un monto aproximado de $1.115 millones a diciembre de 2025, fecha de la última publicación de morosos del CRUCH. En esa misma línea, existen al menos 26 funcionarios que tienen deudas sobre los $15 millones cada uno. El listado lo encabezan nueve profesionales con morosidades que superan los $30 millones por persona.

La gran mayoría de los funcionarios aludidos registran altas remuneraciones: 74 de los 118 funcionarios morosos, tienen sueldos por sobre los $5 millones mensuales.

Mega Investiga consultó a Contraloría respecto de la situación de los funcionarios que encabezan el listado así como el alto monto de deuda registrada, sobre lo cual señalaron que se requirió la justificación de la morosidad a los funcionarios cuestionados.

Al respecto, indicaron que “en el caso de una de las personas mencionadas, informó que esto se encontraba pagado en su totalidad desde febrero de 2026. Otra de las personas funcionarias desconoce dicha deuda, pues se tituló en la década de los '80, lo que daría cuenta de eventuales errores en la base de datos. En los otros casos mencionados, tales personas tienen convenio de pago vigente y se comprometieron a regularizar sus situaciones particulares a la brevedad”.

Tras los hallazgos de Mega Investiga, Contraloría inició una investigación en la que se encuentran trabajando la División de Administración Interna y la Unidad de Auditoría Interna, para revisar los casos de los funcionarios deudores.

Desde abogados de comisión hasta taquígrafos y cineastas: los deudores en el Congreso

Hay 32 funcionarios del Congreso que también son parte del universo de deudores del FSCU. En los registros aparecen funcionarios de la Cámara, Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).

Según los datos publicados por el CRUCH, los funcionarios del Congreso suman más de $347 millones en deudas. Ocho de esos trabajadores superan los $15 millones en morosidad.

Nuevamente, entre los deudores figuran funcionarios con altos sueldos. Por ejemplo, el listado de mayores deudas lo integran un taquígrafo, un cineasta y lo encabeza un abogado de Comisión cuyos ingresos superan los $10 millones.

En el caso de la Cámara figuran 16 funcionarios deudores, en el Senado otros 10 y en la BCN 6. Tanto la Cámara como el Senado señalaron a Mega Investiga que no se referirán al tema, pues se trata de asuntos “particulares” y “privados” de los funcionarios, que no tienen que ver con sus funciones al interior del Congreso. Mientras que la BCN, no respondió a nuestro requerimiento.

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