Corte de Antofagasta modifica cautelares de diputada Catalina Pérez y decreta arresto domiciliario nocturno

¿Qué pasó? 

La Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó el arresto domiciliario total de la desaforada diputada Catalina Pérez, imputada como autora de fraude al fisco en el caso Democracia Viva, y decretó, en su reemplazo, arresto domiciliario nocturno, medida que cumple en la casa de sus padres en Santiago.

¿Por qué la Corte de Apelaciones de Antofagasta modificó la cautelar? 

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza- revocó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había rechazado la rebaja de cautelares, y optó por acoger el recurso de apelación presentado por la defensa de la parlamentaria. 

"En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial", señala el fallo.

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"Debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, (...) con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, (...) se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa", se agrega en la resolución. 

Caso Democracia Viva

Según la Fiscalía Regional de Antofagasta, Pérez estaba en conocimiento del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras, entonces seremi del ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, y Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva y entonces pareja de la diputada, para suscribir tres convenios de manera irregular entre el Minvu y la fundación.

El objetivo era intervenir en obras menores en campamentos de Antofagasta, sin llegar a ejecutar las obras. Los convenios se suscribieron entre septiembre y noviembre de 2022 y representaron las transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre de 2022; $170.000.000 el 29 de noviembre de 2022; y $56.000.000 transferidos el 19 de diciembre de 2022.

Cabe destacar que la jornada del miércoles, la Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó la acusación en contra de Pérez, Andrade, Contreras y la exconcejala Paz Fuica, y para cada imputado pidió una pena de 10 años de cárcel por fraude al fisco.