Exclusivo: Dos altos funcionarios del Senado al borde de la destitución por "exceso" de días de vacaciones asignados

El “Caso Licencias” provocó una oleada de apertura de sumarios en el aparato público chileno, panorama del que no ha quedado exento el Congreso Nacional. Mientras la Cámara de Diputados inició una investigación por uno de sus funcionarios, el Senado está analizando los casos de 14 de los suyos que habrían viajado estando con reposo.

Los fiscales designados para cada una de las investigaciones deberán levantar los antecedentes, entrevistar a los involucrados y proponer las sanciones que correspondan, las cuales pueden llegar a la destitución de sus cargos.

Mientras ello recién inicia, en la Cámara Alta se viven los últimos días de un sumario realizado contra dos altos funcionarios de la Corporación. Se trata de Carlos Becerra y Álvaro Quezada, jefes de Personal y Remuneraciones, respectivamente.

La investigación se instruyó el 28 de junio de 2024, cuando se descubrió que a un grupo importante de funcionarios se les otorgó erróneamente días extra de vacaciones, los cuales figuraban en el sistema interno e, incluso, algunos ya habían sido utilizados.

¿A cuántos funcionarios se les cargaron vacaciones de más? El número es parte de la disputa entre las partes, aunque va desde los 81 hasta 329 empleados del Senado, con un perjuicio económico potencial que podría superar los $1.200 millones.

En julio, el fiscal del sumario, Juan Pablo Montes, decidió aplicar la medida preventiva de suspensión de funciones para Becerra y Quezada, con la cual permanecen hasta hoy. A fines de enero, a ambos se les formularon cargos de “falta grave a la probidad”, y el 27 de mayo la resolutora Ximena Amigo definió aplicarles la medida de destitución.

Además, se definió una multa del 5% del sueldo para un funcionario del Departamento de Personas que habría sido el responsable en primera instancia de la carga excesiva de días de vacaciones a un grupo de funcionarios.

La sentencia definida aún no ha quedado ejecutoriada, puesto que los implicados tienen la posibilidad de presentar recursos de apelación. Además de aquello, tanto Becerra como Quezada están buscando la intervención de la Comisión de Régimen Interior del Senado, alegando una serie de vicios del proceso llevado en su contra.

El jefe de Personal incluso llevó el tema fuera del Congreso, y en abril del presente año ingresó una demanda por tutela laboral contra el Senado, representado por su secretario Raúl Guzmán. Dicha causa tiene programada una audiencia preparatoria para el 31 de julio.

En reunión del viernes pasado, la Federación de Asociaciones del Congreso Nacional (FEDACON) definió por siete de sus ocho organizaciones, apoyar a los dos funcionarios destituidos, por la supuestas irregularidades que habrían vivido en el marco del sumario.

El perfil de los involucrados

Carlos Becerra Farías es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la cual egresó el año 2000. Entre 2006 y 2007 cursó un MBA en la Universidad Andrés Bello, y más tarde realizó un Magíster en Derecho Administrativo en la misma casa de estudios de su pregrado.

En junio de 2006, Becerra llegó a trabajar en la Fiscalía del Senado, pero luego de tres años avanzó al cargo de jefe de Personal. En el organigrama actual de la Cámara Alta, ocupa el cargo de Jefe del Departamento de Personas y Desarrollo Organizacional, con un sueldo bruto de $12.084.372.

En ese puesto, tiene a su cargo los subdepartamentos de Gestión de Personas, Desarrollo Organizacional y el de Remuneraciones, del cual es jefe Álvaro Quezada. Así también, dependen jerárquicamente de Becerra, la Unidad de Salud y Seguridad Ocupacional, el Servicio de Alimentación y el área de Servicios Sociales y Asistencialidad.

Quezada es ingeniero civil industrial y se unió al Senado el año 1991, desde entonces ha ascendido en el escalafón hasta llegar a su puesto actual de jefe de la Unidad de Operaciones y Remuneraciones, donde percibe un sueldo bruto de $8.857.124.

Cronología y contradicciones tras el “error”

Si bien el sumario en cuestión se inicia a mediados de 2024, el origen del conflicto se remonta al menos a enero del mismo año. El día 8 de ese mes, el secretario Raúl Guzmán firmó una resolución que autorizaba la acumulación de los días feriados que los funcionarios mantenían desde 2019 hasta esa fecha.

Meses después, el 17 junio de 2024, Guzmán recibió un oficio de parte de Álvaro Quezada, jefe de remuneraciones del Senado. Dicho documento se tituló “Informa incidencia en carga de días feriado legal”, y explicaba que en la resolución de enero se había establecido “un saldo acumulado erróneo y en definitiva se les cargó en el módulo de Feriados y Permisos del SIGPER un período adicional de feriado que no correspondía”.

Seguidamente, se incluyó en el documento una tabla con 81 funcionarios que habrían sido “beneficiados” con el error, y se indicó la cantidad de días que había que “reversar” en cada caso, los cuales iban desde 15 hasta 25 feriados legales adicionales.

Dicho sea de paso, algunos de los trabajadores a los cuales se les cargaron días de vacaciones adicionales ya habían hecho uso de ellos, por tanto, quedarían con un saldo negativo en el sistema.

El 29 de junio, el secretario del Senado ordenó abrir un sumario por la situación y designó a Juan Pablo Montes como el fiscal a cargo.

La investigación incluyó una auditoría interna que concluyó que el error en la carga de días de vacaciones no habría afectado a 81 funcionarios sino que a 329, y que dicha situación tendría un impacto financiero potencial de $1.252.000.000 para la Corporación.

El martes de esta semana, Álvaro Quezada y Carlos Becerra ingresaron presentaciones a la Comisión de Régimen Interior, acusando vicios del proceso y una supuesta inhabilidad de los intervinientes por situaciones relacionadas al caso de Javier Norero, exfiscal del Senado que fue restituido tras una sentencia de la Corte Suprema.

“Los cargos formulados en dicho sumario administrativo y que derivan en el fallo de destitución se basan en declaraciones de testigos, que al leerlas nada dicen en este sentido, en correos electrónicos enviados por el infrascrito y sacados totalmente del contexto por el cual se enviaron y principalmente a un informe de auditoría realizado por la Unidad de Auditoría Interna del Senado, cuya jefatura depende directamente del señor Secretario General”, escribió Álvaro Quezada.

Mientras que Carlos Becerra expuso que “el señalado sumario, viene a ser la guinda de la torta y la culminación de graves, injustificados y permanentes actos de hostigamiento, discriminación, mal trato, invisibilización, humillación y persecución de parte del Secretario General, Raúl Guzmán, quien actúa directamente o a través de otras autoridades de su confianza”.

Un caso que remece nuevamente a la Cámara Alta y que profundiza los conflictos ya existentes entre el secretario Raúl Guzmán y los funcionarios de la Corporación, quienes están a la espera de la resolución definitiva del sumario que impacta a dos importantes jefaturas del organismo.

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