Mano derecha de Larraín en Procultura reconoce financiamiento de campañas y "aportes propios" a Convergencia Social

Hasta ahora se conoce solo de dos personas que mantenían las llaves de la casa de Alberto Larraín, aparte del propio psiquiatra: el diputado Diego Ibáñez y Francisco Fuentes, exadministrador del circuito de Lota en Procultura.

Fuentes es reconocido como una de las personas de mayor confianza de Larraín, a quien conocía desde su paso por la DC, cuando ambos hicieron campaña por la excandidata presidencial, Carolina Goic.

Su figura es de suma importancia para la Fiscalía, no solo por ser el encargado del Circuito de Lota, unos de los principales proyectos de Procultura, sino también porque fue el encargado de crear la Agencia Turismo Patrimonial SpA, a través de la cual Procultura invertía dinero para generar intereses que quedaban dentro de la fundación.

Junto con esto, Fuentes es uno de los integrantes del grupo de WhatsApp “Convergencia Cristiana”, que integraban, entre otros, el diputado Ibáñez, el psiquiatra Larraín y el actual subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

Fuentes es una de las personas claves para determinar si es que hubo financiamiento irregular de campañas políticas. Una hipótesis que descartó derechamente esta semana el psiquiatra Larraín, quien a través de un comunicado aseguró que “no hubo financiamiento político desde Procultura”.

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Sin embargo, la investigación a cargo del fiscal Patricio Cooper ha encontrado indicios de este eventual delito. Y es que, tanto Larraín como Fuentes, reconocen que se hizo un aporte a la campaña del excandidato RD a alcalde de Limache, Sebastián Balbontín.

“Lo único que se me ocurre es lo que declaré la vez anterior, es el aporte a mi pareja Sebastián Balbontín, no tengo detalles del monto aportado y lo hice a través de terceras personas amigos”, dijo Larrraín en su testimonio ante los persecutores.

Fuentes: "El aporte a Balbontín no lo quería realizar directamente él"

Fuentes declaró durante tres días ante los funcionarios de la PDI. Su versión, a la que accedió Mega Investiga, era de suma importancia en la indagatoria de Patricio Cooper, puesto que es una de las personas de mayor confianza de Larraín.

De hecho, fue el propio psiquiatra quien invitó a Fuentes a trabajar en la fundación, para hacerse cargo del proyecto en Lota. Fue en ese periodo cuando Larraín le instruyó una serie de operaciones. “(Larraín me señaló que) Yo no tomaba esa decisión, ya que la fundación era de él”, señaló Fuentes en su relato, respecto de una de las decisiones vinculadas al proyecto de Lota.

En esa misma línea, se presentó la instrucción de Larraín a Fuentes para realizar aportes a la campaña de su pareja en Limache. El extrabajador de Procultura, relató que el psiquiatra lo llamó para comentarle que “el aporte a Sebastián Balbontín Bustamante no lo quería realizar directamente él, ya que de esta manera que su ex señora Josefina Huneeus no lo vería en la nómina de aportantes que publica el Servel, razón por la que accedí”.

Así, Larraín transfirió un total de $4.5 millones a la cuenta de Fuentes. De ese monto, $3.4 millones se usaron como aportes a la campaña de Balbontín, y el millón restante se destinó a la campaña de convencional, de la excandidata Elizabeth Aguilera Novoa. Sobre este último aporte, Fuentes aseguró desconocer “las razones por las que Alberto no hizo directamente el aporte”.

Asimismo, el extrabajador de Procultura realizó aportes “a título personal” a otros cuatro candidatos por un total de $550 mil, donde figuran Alvin Saldaña, excandidato a convencional; Carolina Orellana, excandidata a concejala por Quintero; Jenifer Torres, excandidata a concejala por Coltaulco; y Verónica Arroyo, actual alcaldesa de Mostazal.

Todas las transferencias coinciden en la época en que Procultura transfirió $8.4 millones a la cuenta de Fuentes. Según el extrabajador, ese monto se explicaría porque “en mi calidad de administrador del Circuito de Lota se me confía una caja chica correspondiente a los fondos que la Corfo había dispuesto mensualmente para gastos operacionales del Circuito”.

Otro de los aportes realizado a “título personal” por Fuentes, data de junio de 2020, cuando la entonces jefa de campaña del presidente Boric, Izkia Siches, visitó la región del Biobío. En un intercambio por el grupo de whatsapp Convergencia Cristiana, Fuentes señaló: "Y cuando vino la izkia"; "Lota puso 1 palo".

La PDI consultó respecto de los motivos de ese mensaje, a lo cual el extrabajador de la fundación aseguró que “yo junto con Luis Delgado (trabajador Procultura) y Pablo Durán (encargado territorial Procultura) aportamos $600.000 para tales efectos, siendo entregado el dinero a Luciano Salgado quien era el tesorero de Convergencia Social en la Región del Biobío. Siendo recursos propios los que aporté”.

Asimismo, Fuente reveló que “cuando firmamos para que Gabriel Boric pudiera inscribir su candidatura, Pablo Durán, Luís Delgado, y yo, que veníamos de la DC, conocimos a los hermanos Pablo y Rodrigo Castillo, quienes estaban a cargo de la formación de Convergencia Social en la Región del Biobío, y estaban solos, por lo que los acompañamos en el proceso de conformación del partido en la Región realizando aportes para desarrollo, siendo éstos aportes propios”.

"A pura bicicleta"

Una de las tantas irregularidades que investiga el Ministerio Público, es un eventual mecanismo de “bicicleta” utilizado por Procultura. En términos simples, este sistema se refiere a que la fundación a medida que firmaba nuevos convenios, iba solventando el funcionamiento de la organización.

En su testimonio, Fuentes revela que el propio Larraín reconoció este mecanismo en un grupo de whatsapp denominado “vacaciones”, que integraban el psiquiatra, Fuentes y Durán. Este último, comienza la conversación señalando "es que tienen mucha plata", sin estar claro específicamente a qué se refería. Larraín replicó: "a pura bicicleta".

Según Fuentes, el psiquiatra “se refería con el término "a pura bicicleta” por cuanto que utilizaba dineros disponibles de la fundación para gastos presentes, siendo los dineros disponibles de múltiples orígenes, tales como los proyectos de salud mental ("Quédate") financiado por el GORE Metropolitano, Turismo Creativo financiado por GORE Biobío, Antofagasta GORE y SEREMI de vivienda, por nombrar algunos”.

No es la primera vez que queda en evidencia el mecanismo de “bicicleta” instalado en la fundación. La exrepresentante legal de Procultura, María Constanza Gómez, reconoció en su declaración que los dineros que quedaron sin rendir de los convenios, se utilizaron para los gastos propios de la fundación.

Suma a esto, Fuentes ejemplificó este método con el caso del Gobierno Regional de Aysén. Y es que Procultura tenía contemplado realizar proyecto por 1.700 millones en la región, sin embargo, tras el estallido del caso convenios, el Gore decidió declinar la idea, cuestión que incluso llevó a la fundación a presentar un recurso de protección contra la decisión del Gobierno Regional.

Fuentes señaló que “María Constanza en varias oportunidades mencionó "con Aysén nos salvamos", a referencia de cubrir los gastos presentes de la fundación con dicho proyecto, a lo que yo le respondo "¿con qué vas a ejecutar Aysén?", respondiendo María Constanza "Alberto estaba negociando con el Gobernador de Atacama un proyecto por $5.300.000.000", lo que refleja de esa forma el término "bicicleta"”.

Las solicitudes de información al CDE

En su testimonio ante la PDI, Fuentes también reveló su relación con Camila Martorell, hija de Daniel Martorell, consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Camila Martorell también fue trabajadora de Procultura, logrando incluso ocupar el cargo de Directora de Conservación.

Su vínculo familiar con el abogado del CDE, fue de sumo interés para los cabecillas de Procultura. Según relató Fuentes, tras el estallido del caso convenios, Larraín y Gómez, le habrían solicitado ayuda para acceder a información de la indagatoria.

“Fue tema de conversación con Alberto Larraín y María Constanza Gómez la situación de Daniel Martorell, ya que éstos sabían quién era el padre de Camila, quienes me preguntaban si mantenía información respecto a Procultura en su rol de jefe de la unidad penal del Consejo de Defensa del Estado. A lo que yo les respondí que no había ninguna posibilidad en la vida que yo pudiera preguntarle algo a mi suegro sobre Procultura, descartando de plano alguna gestión al respecto”.

Según dio cuenta el medio La Tercera, a raíz de este vínculo familiar, el consejero Daniel Martorell se inhabilitó para participar de la indagatoria

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