Chile Compra apunta a municipios tras polémica por parquímetros y advierte sobre empresas "fantasmas"

El pasado miércoles 29 de mayo, una decena de trabajadores vestidos con overoles amarillos llegaron hasta el edificio municipal de Providencia. Buscaban una respuesta de las autoridades, luego de que la empresa en la que trabajaban, terminara un contrato con el órganocomunal.

"No nos han pagado, no recibimos nuestro sueldo", reclamaban frente al municipio. La molestia de los trabajadores, no era más que un reflejo de una serie de irregularidades que se habían dado apenas comenzó a ejecutarse el servicio.

Semanas antes, Mega Investiga reveló que la Municipalidad de Providencia había adjudicado un millonario contrato de parquímetros a Easy Parking, una empresa creada siete meses antes y que entregó una boleta de garantía falsa al municipio. En la práctica, la firma era encabezada por Mauricio Navas, un empresario que registraba un largo listado de irregularidades en distintas licitaciones a lo largo del país.

En ese listado aparecía Concepción, donde Navas, a través de la empresa Geo Parking, había presentado una boleta de garantía falsa en medio de una licitación de parquímetros. El camino fue el mismo que Providencia: la municipalidad terminó anticipadamente el contrato, se querelló contra quienes resulten responsables e inició un sumario.

Los complejos procesos de licitaciones en ambas municipalidades, alarmaron a las autoridades, y a pesar de que las administraciones tomaron medidas al respecto, el debate ya estaba instalado.

¿Cómo una empresa sin experiencia en el rubro de parquímetros se adjudicó la licitación? ¿Por qué no se revisaron los antecedentes de quienes estaban detrás de la firma? Estas fueron algunas de las preguntas que se hicieron los concejales de Providencia, y que dejaron planteadas en el concejo municipal.

"Yo digo? ¿No le podremos pedir a los funcionarios municipales que sean más pillos en estas cosas?, no pido más que eso". La intervención del concejal, Pablo Jaeger, en la sesión del pasado 28 de mayo, abrió el debate sobre el control de las licitaciones en la comuna.

- Concejal Raphael Bergoeing: "No puedo creer que no tengamos las herramientas, para asegurarnos que ante contratos, no sepamos quién está detrás [?] No puede ocurrir que haya cientos y cientos de millones de pesos que se terminan asignando, no a una empresa, a una persona".

- Alcaldesa Evelyn Matthei: "El drama es que no se lo podemos no asignar".

- Concejal Raphael Bergoeing: "Hay que buscar una manera, es que tiene que haber una manera".

- Alcaldesa Evelyn Matthei: "No la hay".

La alcaldesa apuntaba a la falta de facultades que tienen hoy los municipios en los procesos de licitación. A su juicio, las entidades comunales no tienen las herramientas ni los recursos suficientes para indagar presuntas irregularidades de proveedores que postulen a licitaciones, y aún encontrándolas, si la empresa está habilitada en la plataforma de Mercado Público, no se podría dejar fuera del proceso.

"Aquí falla Mercado Público, no puede ser solamente una plataforma donde se inscriban y donde haya llamados a licitación (...) para cualquier municipalidad estar empezando a mirar, quiénes son los socios y quiénes son los representantes legales, y en qué otras cosas están? O sea, nosotros tenemos cualquier cantidad de licitaciones todos los días, no podemos hacer ese trabajo", señaló el pasado 14 de mayo la alcaldesa Matthei.

Si bien en Mercado Público coinciden en parte de sus argumentos, desde la entidad también apuntan a la responsabilidad de las instituciones en los procesos de licitación.

Actualmente, Mercado Público es una plataforma administrada por Chile Compra y dependiente del Ministerio de Hacienda, a través de la cual se realizan los procesos de licitación.

Según explica Viviana Mora, jefa del departamento de proveedores de Chile Compra, es este organismo el que define la plataforma transaccional, pero advierte que "el qué, el cómo y el cuándo, lo define cada servicio público, porque los servicios públicos son autónomos para definir qué es lo que necesitan, las características y las condiciones las cuales necesitan que esos bienes o servicios les sean entregados".

Mora se refiere particularmente a las bases de licitación, donde no solo se detalla cuál es el producto o servicio que necesita el comprador, sino que también se define cuál será el puntaje que se le asigne a cada criterio, como podría ser, la experiencia previa de una empresa en el rubro.

"No podemos regular a través de una barrera de entrada, como podría ser la existencia de una empresa o que tenga cierta existencia previa antes de participar en un proceso, sin embargo, eso sí lo define cada servicio público en su propio llamado de licitaciones. Es decir, el servicio público o la institución que está haciendo su proceso de compra, pueden definir si es que les interesa o no que esta empresa tenga una experiencia previa", señala Mora.

Un punto sobre el que coinciden en el Consejo para la Transparencia. La consejera María Jaraquemada, apunta a la necesidad de encontrar un equilibrio en las bases, particularmente en lo referido a la experiencia previa de una empresa. "Efectivamente algunas bases de licitación pueden establecer cierta experiencia previa, pero obviamente tiene que velarse porque esto no impida la competencia [...] porque también hemos visto casos que a veces se hacen bases de licitación que son un poco a medida de un determinado proveedor".

Aún así, Jaraquemada asegura que en cierto tipo de servicios "sería bueno contar con cierta experiencia previa, porque si no puede pasar lo que estamos viendo" en el caso de los parquímetros.

Proveedores fantasmas: las dificultades para detectar posibles fraudes

Las autoridades reconocen que hay ciertos rubros que son particularmente complejos, como es el caso de las luminarias, el servicio de recolección de basura, o el mismo negocio de parquímetros. Prueba de ello, es que a pesar de que Mauricio Navas contaba con una largo historial de incumplimientos en los contratos con municipios, no tuvo mayores dificultades para seguir presentándose a procesos de licitación de parquímetros.

Navas participaba de los procesos con distintas empresas, representada en algunos casos, por trabajadores de un holding que encabezaba, AvenueCorp. De esta manera, para los municipios era cada vez más complejo detectar sus huellas.

Movimientos como estos son frecuentes en el mundo de las licitaciones y las dificultades para detectarlos son conocidas en Chile Compra. "No es tan simple muchas veces llegar a los dueños, porque hay empresas que tienen varios vehículos societarios", advierte la jefa de proveedores.

Mismas dificultades que tienen los servicios o municipios que llevan adelante procesos de licitación. Jaraquemada asegura que "no podemos exigirle a los municipios —especialmente porque tenemos una diversidad de municipios con distintas capacidades, distintos recursos— que estén en todas las contrataciones y licitaciones verificando quiénes son estas personas [...] quizás sí, en una licitación es más grande".

Si bien el proceso para detectar a los beneficiarios finales es lento y complejo, esto podría cambiar en diciembre, cuando se cumpla un año de la Modernización de la Ley de Compras Públicas y entre en vigencia el "Registro de Proveedores" que deberá individualizar a los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales de las personas jurídicas inscritas.

El registro permitiría detectar quiénes están detrás de cada una de las firmas. Mora explica que con esta medida, será más fácil detectar cuando un mismo empresario postule a un proceso con más de una empresa.

"Cuando se implemente esta medida del beneficiario final, todas esas ofertas de personas relacionadas que tengan distintos vehículos para poder ofertar, los vamos a poder frenar, por cuanto solo van a poder ofertar una vez", comenta.

Además, la ley permitiría mejorar los procesos para detectar a quienes tengan un historial de irregularidades, así como las sanciones que se le apliquen a los mismos. En la actualidad, ese proceso depende de las alertas que reciba Mercado Público por parte de los servicios compradores. "Cuando haya propietario de empresas que tengan malos comportamientos, que sean sancionados, esa sanción va también al propietario como persona individual y, por lo tanto, aunque constituya otra empresa o participe otra empresa, esa sanción lo sigue, y esa información va a ser pública", explica Jaraquemada.