A 20 años de la muerte de cisnes en el río Valdivia: Los movimientos de Celco para flexibilizar la norma ambiental

En octubre de este año se cumplirán 20 años desde el desastre ambiental que acabó con la vida de miles de cisnes de cuello negro en el humedal del río Cruces, que forma parte de la cuenca del río Valdivia.

En 2014, la Corte Suprema ratificó un fallo contra la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco) –propiedad del Grupo Angelini–, que la obligó a pagar $5.200 millones por su responsabilidad en derramar residuos tóxicos en la cuenca y provocar la mortandad de cisnes, que se acreditó en un juicio impulsado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el Primer Juzgado Civil de Valdivia.

Un año después del desastre, en 2005, se comenzó a elaborar una norma de calidad ambiental que tiene por objeto proteger las aguas del río Valdivia de nuevos episodios contaminantes. Para ello, el proyecto busca establecer áreas de monitoreo y límites para la concentración de químicos y metales pesados. Pero en 19 años de tramitación la norma aún no ve la luz.

Ahora, la iniciativa está ad portas de ser votada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, última instancia que debe revisar el proyecto. En caso de ser aprobada, la norma entrará a Contraloría para el trámite de toma de razón y podrá ser promulgada por el Presidente Gabriel Boric.

Pero todavía no tiene un camino despejado, pues desde Celulosa Arauco no están satisfechos con el proyecto de norma. Según han transmitido de forma pública y privada, la iniciativa provocará un “cierre forzado de la actividad empresarial sin dejar abierta ninguna posibilidad de revertir tal medida”.

De acuerdo con cálculos de la Corporación para el Desarrollo de la región de Los Ríos (Codeproval) —que reúne a varias empresas de la zona, entre ellas Arauco—, de aprobarse el proyecto definitivo de norma en los términos actuales, se provocaría un costo de más de USD 1.500 millones para las actividades que se desarrollan a lo largo de la cuenca.

“En concreto, si este proyecto de norma llega a regir en los términos actuales, se generarán inmediatamente situaciones de saturación y latencia de contaminantes que obligarán a las empresas a paralizar su actividad”, señaló a Mega Investiga la gerenta de Codeproval, Alexia Camino.

Es por ello que, desde las empresas agrupadas en Codeproval, han emprendido una serie de acciones para flexibilizar los límites establecidos en la norma e introducir modificaciones, pese a que ya concluyó la etapa de elaboración.

Según fuentes consultadas para este reportaje, en los últimos años Arauco ha buscado desligar su imagen de las reclamaciones en contra de la norma y ha derivado a Codeproval las intervenciones públicas para incidir en la normativa. En 2016, presentaron en conjunto a Forestal Calle Calle un recurso en los tribunales ambientales para dejar sin efecto el procedimiento administrativo que buscaba establecer la iniciativa.

El lobby de Celco

El pasado 22 de enero, a eso de las 16:00 horas, un grupo de tres lobbistas llegó hasta las oficinas del Ministerio de Economía en Santiago. Se trataba de Alexia Camino, representante de Codeproval; Walter Marcos, de la Cámara de Comercio de Valdivia, y Pablo Barañao, asesor ambiental de las empresas.

El propósito de su visita era reunirse con autoridades de Economía y Medio Ambiente para modificar el proyecto de norma para el río Valdivia. En esa oportunidad, sostuvieron una reunión con Sergio Sairafi Bazán, profesional del Departamento de Ecosistemas Acuáticos; Nicolás Trivelli Spörke, jefe de la sección de economía ambiental, y Claudio Bustamante Lanctot, asesor en materias ambientales de la cartera de Economía.

Entre los principales puntos que se tocaron –según el acta de esa reunión–, los representantes de las empresas expresaron sus reparos con el proyecto de norma e insistieron en que los límites que establece “serán imposibles de cumplir en el futuro”.

“De establecerse límites que no sean cumplidos por la calidad actual, significa que serán imposibles de cumplir en el futuro, y se caerá en una espiral de planes de descontaminación que serán imposibles de cumplir, porque la variabilidad natural del río no permitirá el cumplimiento de dichos límites”, sostuvo Barañao en esa oportunidad.

Los representantes de las empresas señalaron, además, que los datos utilizados por el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) para la elaboración de la norma “no son confiables porque antes de 2004 no existían laboratorios ni metodologías acreditadas, por lo que se sugiere usar datos de ese año en adelante”.

Mega Investiga consultó al MMA por los acuerdos que se alcanzaron en esa cita, pero desde esa repartición ministerial señalaron que no se podían referir a una norma que actualmente se encuentra en tramitación y se limitaron a responder que “es tarea del Ministerio del Medio Ambiente ponderar todas las miradas en un proceso como este”.

“Es por esto que la propuesta de proyecto definitivo fue presentada a los servicios públicos y a los distintos actores de la sociedad civil, del mundo empresarial y de las comunidades indígenas”, complementaron.

Cuatro meses antes, el 28 de septiembre, fue la propia ministra Maisa Rojas quien recibió a un grupo de lobbistas de Arauco y Codeproval donde –según quedó consignado en una carta que la corporación envió a la secretaria de Estado– se consensuaron “compromisos que habilitaban futuras reuniones de análisis de observaciones entre equipos técnicos (...) y resolver el amplio listado de deficiencias que hemos representado en múltiples oportunidades a lo largo de la tramitación de este procedimiento”.

Entre el 20 diciembre y el 12 de enero de este año, representantes de la Cámara del Comercio e Industrias de Valdivia se reunieron con los ministros Mario Marcel (Hacienda) y Nicolás Grau (Economía) para abordar la norma del río Valdivia. En la cita, se volvieron a abordar los temores de las empresas sobre “los riesgos de aprobar una norma tan restrictiva, que sin duda tendrá efectos nocivos en la inversión futura y actual, con un impacto en el empleo regional, estimándose una afectación directa de 20 mil personas”.

A través de la plataforma de la Ley de Lobby, Mega Investiga contabilizó al menos 13 encuentros entre sujetos activos que representaban los intereses de Celco y Codeproval con autoridades regionales y nacionales: seremis, delegados presidenciales, gobernadores y directores de organismos públicos involucrados en la elaboración de la norma.

Desde las empresas, consultadas por este medio, trasmiten que adhieren a que exista una norma que regule la contaminación del río Valdivia, pero que permita el “desarrollo sustentable de nuestra región”. Para ello, proponen que el proyecto se modifique por la vía administrativa antes de que ingrese al Consejo de Ministros.

De aprobarse en los actuales términos, no descartan presentar un recurso ante los tribunales ambientales para volver a impugnar la norma por la vía judicial.

Una norma truncada

No se trataría del primer intento de Celco por botar la norma por esa vía. En 2015, la entonces presidenta Michelle Bachelet publicó un decreto para promulgar una norma de calidad ambiental para las aguas de la cuenca del río Valdivia. Pero en 2016, Celco, Codeproval y Forestal Calle Calle presentaron un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental de Valdivia con el fin de anular dicho decreto.

El fallo emitido por el tercer tribunal –integrado por los ministros Michael Hantke, Roberto Pastén y Pablo Miranda– acogió de forma parcial el recurso suscrito por las empresas. El decreto se anuló y se ordenó retrotraer el proceso de tramitación hasta la elaboración del Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES), etapa donde se ponderan los costos y beneficios de la norma.

Según se lee en la sentencia, el reclamo se acogió por la “falta de motivación suficiente del decreto reclamado, como resultado de las diversas deficiencias sustantivas y adjetivas de la AGIES”, por lo que se ordenó al MMA reanudar el procedimiento administrativo a partir de la elaboración de dicho documento.

En 2017 se retomó el proceso administrativo para elaborar la norma, pero Codeproval volvió a la carga y solicitó en 2019 anular la resolución que aprobaba la consulta pública del anteproyecto. “No se podrán ejecutar nuevos proyectos en la cuenca (...) las actividades existentes correrán serio riesgo de no poder continuar su operación”, se lee en su solicitud.

A inicios de 2022, la norma estaba en condiciones de se revisada por el Consejo de Ministros, pero con la llegada del gobierno de Boric y tras la presión de las comunidades indígenas, quienes señalaban que la norma era demasiado laxa, se extendió el plazo para revisar el proyecto y se presentó la actual iniciativa, que fue presentada el 31 de agosto pasado ante el Comité Operativo.

En esa instancia, el seremi de Medio Ambiente de Los Ríos, Alberto Tacón, comprometió el 30 de septiembre como fecha para el ingreso del proyecto definitivo al Consejo de Ministros. Pero a casi seis meses de ese compromiso, aún no está definido cuándo la norma se someterá a votación.