Al estilo "007": Gobierno apuesta por agentes civiles para reformar Ley de Inteligencia y abre pugna con diputados

Los diputados de la Comisión de Defensa y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve se verán nuevamente las caras. La autoridad de gobierno asistirá este martes a una sesión para presentar más indicaciones a la nueva Ley de Inteligencia, con el fin de destrabar la propuesta que permanece en el Congreso desde hace seis años.

Fue en 2018 cuando el Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley que busca modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), promulgado hace 20 años. Y, para agilizar el proceso, en enero de 2023 el Mandatario Gabriel Boric presentó enmiendas a la iniciativa.

Actualmente la propuesta de la nueva Ley de Inteligencia tiene urgencia calificada de "discusión inmediata". Y si bien hay una preocupación transversal de acelerar su tramitación -sobre todo por el avance del crimen organizado o por casos como el del teniente (R) Ronald Ojeda-, ha sido complejo llegar a consensos.

El 19 de marzo, el subsecretario Monsalve asistió a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados para presentar las indicaciones al proyecto original. Tras su exposición, surgieron reparos.

Algunos parlamentarios de la instancia cuestionaron ciertos ítems, como el que permite que agentes encubiertos de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) puedan infiltrarse en diferentes espacios sin una autorización judicial.

“Es algo que puede llegar a significar un retroceso democrático y, por lo mismo, estamos pidiendo que la Comisión de Defensa y la Subsecretaría del Interior reevalúen esta medida”, dice a Mega Investiga el diputado de Revolución Democrática (RD), Jorge Brito.

Los cuestionamientos también apuntan a otros puntos de la iniciativa y a la forma en que el gobierno ha llegado a acuerdo con la oposición.

“Lo que uno observa es que el Gobierno trató de arreglarse con algunos parlamentarios de derecha para tramitar la reforma”, dice el diputado y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet.

El Ejecutivo ha intentado sortear las críticas y durante los últimos días estuvo preparando nuevas indicaciones que serán presentadas esta semana. La intención de La Moneda es que en abril la iniciativa -que está en segundo trámite constitucional- sea despachada desde la Comisión de Defensa a la Cámara de Diputados para su votación, y luego pase al Senado.

“Se pierde libertad”: Las críticas sobre los agentes civiles

Según el gobierno, son varias las deficiencias que tiene la actual Ley de Inteligencia y que buscan subsanar con la nueva institucionalidad. Uno de los ítems, por ejemplo, incluye nuevas atribuciones para la ANI. Pero es justamente el contenido de ese eje el que genera ruido en algunos diputados.

La propuesta que Monsalve presentó el 19 de marzo autoriza al organismo a ejecutar procedimientos especiales sin necesidad de recurrir a agencias policiales, una facultad que hoy no posee.

En una línea similar, también proponen ampliar la posibilidad de usar agentes encubiertos sin autorización judicial para infiltrarse en diferentes espacios. “El Registro Civil deberá disponer de toda la documentación necesaria para el cumplimiento de este mandato”, dice la propuesta de la iniciativa.

Para algunos parlamentarios esa atribución podría culminar en una decisión política sobre a quién investigar, ya que permitirían infiltrarse, por ejemplo, en organizaciones sociales

“La derecha y la Subsecretaría del Interior han llegado a acuerdos en aspectos que a nosotros nos preocupan, como es la posibilidad de que la Agencia Nacional de Inteligencia sin autorización judicial pueda disponer de agentes encubiertos en organizaciones”, dice Brito, y agrega que podría “llegar a significar un retroceso democrático”.

Ante ese escenario, el diputado explica que solicitaron que se evalúe esa medida, junto con informar que están trabajando en un articulado “para proteger a las dirigencias sociales o políticas en que se mal utilice el sistema hacia ellos”.

La misma idea plantea el diputado Álvaro Carter (UDI), quien asegura que con aquella facultad “se pierde la libertad” y que “está más cercana a una dictadura que a una democracia”.

“Acá no hay que poner luz amarilla, esto es luz roja frente a lo que el gobierno está planteando”, remarca.

El subsecretario del Interior no estuvo disponible para responder a las consultas de Mega Investiga. Sin embargo, el día de la exposición ante la Comisión de Defensa entregó una explicación: "Somos bien precarios en esta materia (...). Es muy difícil crear la figura de un agente encubierto en Chile, porque son muy limitadas las posibilidades que se dan”.

Sus dichos fueron complementados por el asesor del Ministerio del Interior, Alejandro Urquiza, quien además fue integrante de la mesa técnica que creó el gobierno para trabajar en la nueva Ley de Inteligencia.

El experto precisó que esta facultad sólo se enmarca en la realización de una operación que implique participar en ciertos espacios, pero que ese permiso se inhabilita cuando implica obtener información.

“Cuando se requiera implementar procedimientos de obtención de información se necesita la autorización de un juez. Las escuchas telefónicas, por ejemplo, son parte de la obtención de información, pero un agente de campo puede participar de un espacio abierto. Eso último no requiere autorización del juez”, dijo el 19 de marzo Urquiza.

Las dudas sobre el secretario ejecutivo

Otro de los ítems que también fueron cuestionados tiene relación con la creación de la Secretaría Ejecutiva de Inteligencia del Estado, un organismo que le dará continuidad al trabajo del Comité de Inteligencia y realizará seguimiento a los compromisos adoptados en esa instancia.

La jefatura estaría a cargo de un secretario ejecutivo, quien -según se explicó en la Comisión de Defensa- sería nombrado por el Presidente de la República. Sin embargo, el método de su designación aún no está establecido, lo que fue criticado por el diputado Jouannet.

“El gobierno balbucea cuando uno hace preguntas”, reclama el parlamentario. Además, dice que tampoco está claro qué ocurriría en caso de que el nombrado secretario ejecutivo, por distintos motivos, desista de su cargo y deba ser reemplazado: “¿Cuál es la respuesta al gobierno? ‘ah, bueno, tenemos que ver”.

Por otro lado, el diputado Carter plantea que el Poder Legislativo debe incidir en el nombramiento del secretario ejecutivo de Inteligencia del Estado. “El gobierno lo que está haciendo es rebajar al máximo y tratar de no meter al legislativo, que es el poder que tiene que hacer los contrapesos en la Ley de Inteligencia”, dice.

Ante los cuestionamientos, Urquiza precisó que desde el Ejecutivo están “abiertos a incorporar la visión del Parlamento". "Originalmente la idea es que el secretario, como es una persona que va a trabajar muy de la mano con el Presidente, tiene que ser alguien de confianza del Presidente”, puntualizó.

Oficialismo acusa “exclusión”

Para destrabar la discusión de la nueva Ley de Inteligencia el gobierno estuvo trabajando junto a una mesa técnica, conformada por distintas figuras del mundo de la seguridad.

Ese método, sin embargo, ha sido cuestionado por algunos parlamentarios del oficialismo, quienes acusan que el Ejecutivo no ha incluido todas las propuestas al debate y que se ha centrado en concretar acuerdos con la oposición.

“Lamento la decisión de la Subsecretaría del Interior de excluir a una de las dos coaliciones de gobierno de la principal reforma al sistema de inteligencia. Esperábamos con ansias poder tramitar esto, lamentablemente no fueron incorporadas nuestras observaciones en el trabajo que sí se acordó con la oposición”, dijo el diputado Brito el 19 de marzo, ante el subsecretario Monsalve.

El emplazamiento del parlamentario fue secundado por la diputada Carmen Hertz (PC). “Las aproximaciones que un sector de la coalición de gobierno entregamos no tenemos claridad si han sido incorporadas, porque no hemos conocido las indicaciones”, expresó la legisladora.

Y es que otras de las críticas que surgieron tras esa sesión fue el método en que se informarán las indicaciones de la iniciativa. La estrategia del gobierno es presentar a la Comisión de Defensa distintos paquetes de enmiendas. Sin embargo, la idea no es bien vista entre algunos parlamentarios.

“El gobierno, con el amateurismo de siempre, va a ir presentando partes del proyecto, no nos va a pasar el proyecto integralmente para analizarlo”, dice Jouannet.

A esa crítica se suma el diputado Carter: “La idea pareciera ser que al presentar paquetes de indicaciones nosotros no tenemos control completo sobre el proyecto”.

En todo caso, en la Comisión de Defensa están esperando que llegue un comparado entre el proyecto original y las indicaciones de parte de la secretaría para definir cómo procederán con la votación.