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Columna de Mauricio Morales: Votar "en contra" es preferir la Constitución actual

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Existen múltiples razones para votar “en contra” del texto constitucional propuesto por la derecha. Sin embargo, el efecto político y jurídico de esa decisión es uno solo: mantener la actual Constitución. Los votantes de izquierda pueden argumentar lo que sea, pero en la práctica prefieren una Constitución escrita en dictadura, aunque fuertemente reformada tanto en 1989 como en 2005, a otro texto nacido en democracia, pero que no cumple con sus expectativas.

Otra cosa es identificar las emociones que lleva consigo esta decisión. Los votantes de izquierda pueden acudir a las urnas con decepción, frustración, rabia, enojo, o desidia. Pero esas emociones no tienen ningún impacto sobre el resultado político y jurídico del proceso. Por tanto, si bien estos votantes pueden alegar que no les gusta ni la actual ni la nueva Constitución, su opción electoral trae como consecuencia un apoyo -aunque sea implícito y a regañadientes- al texto de 1980.

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Es evidente que la izquierda no es partidaria de esta Constitución, pero lamentablemente para ellos, las elecciones funcionan así. En este caso, hay dos opciones y una de ellas implica preferir la actual Constitución por sobre la nueva. Así de sencillo. Argumentar que la actual Constitución ya fue eliminada mediante el plebiscito de 2020 en que votó la mitad del padrón y que por eso sería imposible respaldar un texto declarado por muerto, es no entender el funcionamiento jurídico del proceso.

Si hay un segundo rechazo al nuevo texto constitucional, sigue rigiendo la actual Constitución. Las cifras de la reciente encuesta Cadem confirman el favoritismo de esta alternativa, que alcanza el 50%, mientras que el “a favor” solo consigue un 35%. Si bien hace un mes la diferencia entre el “en contra” y el “a favor” era de 30 puntos y ahora es de 15 puntos, la ventaja sigue siendo significativa. Es más, solo el 31% opina que el nuevo texto constitucional es “mejor” que el actual.

Por todo esto, creo que en algún minuto la izquierda deberá reconocer hidalgamente que el problema constitucional nunca existió, y que avanzar en este proceso casi nos manda por un verdadero despeñadero. Fueron cuatro años perdidos.

El país retrocedió y la imagen internacional de Chile ya no es la misma. ¿Cómo enfrentará la izquierda y el gobierno la campaña electoral en un contexto de baja aprobación presidencial? Para asegurar el triunfo, la opción “en contra” debe hacer dos cosas. Primero, suscribir algo así como un compromiso para poner candado a un nuevo proceso constitucional. Segundo, promover un plan de reformas a la Constitución para ser discutido en la siguiente legislatura. Es decir, en lugar de insistir en un cambio “de” Constitución, la izquierda debiese orientar el debate hacia un cambio “en” la Constitución.

No es una tarea fácil, considerando que implica renunciar a un deseo histórico y a un objetivo político identitario. Sin embargo, la receta no funcionó, se puso en riesgo al país, aumentó la polarización y Chile pasará a la historia como el único país del mundo en sumar dos fracasos constitucionales de manera consecutiva. Ante eso, el aprendizaje debiese orientar a la izquierda a retomar el camino del gradualismo y el reformismo, que tantos beneficios le trajo al país hace un par de décadas.

Por cierto, esto no implica claudicar en los legítimos cambios a los que aspira este sector político, especialmente en asuntos vinculados con derechos sociales garantizados. Nadie está exigiendo un cambio ideológico, pero sí urge un cambio estratégico. La izquierda debe entender que es mucho más razonable cambiar las reglas desde dentro que mediante procesos confusos que solo han generado dolor y desesperanza para los chilenos.

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Además, la izquierda puede aprovechar esta fase terminal del proceso para reencantar a electores moderados. Siempre es sano reconocer los errores, y si la izquierda retoma la ruta reformista, muy probablemente esos electores moderados la vean como una opción política viable. Pero para eso se requiere de credibilidad, y esa credibilidad para por suscribir los dos compromisos que señalé. Es decir, no abrir un tercer proceso y promover un paquete de mejorar a la actual Constitución para ser discutidos en la siguiente legislatura.

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