Exseremi asegura que las presiones para aprobar la planta de aguas en Quilicura venían del Ministerio del Interior

Una presunta violación, la falta de confianza política y la protección de un humedal en Quilicura. Distintas causas que rondaron la salida del servicio público de la exseremi de Desarrollo Social de la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo, el pasado 30 de noviembre.

Pese a que el Gobierno insiste en que lo que gatilló la salida de la exautoridad fue el deterioro de la confianza política, Hidalgo es enfática en decir que la razón es, en realidad, la presión directa que recibió para aprobar un proyecto de tratamiento de agua potable y aguas servidas en un humedal de Quilicura.

La exseremi asegura que pese a que tenía reparos serios con el proyecto, votó a favor porque sus superiores le instruyeron lo contrario: “Yo tuve que aprobar, claro. Fue la instrucción que a mí me dio mi superior jerárquico, en este caso la subsecretaria”. En ese minuto, su superior jerárquico era la Subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales.

Instrucciones desde el Ministerio del Interior

La exseremi acusa que cuando Francisca Perales la llamó por teléfono, le dijo que las instrucciones venían de la Ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). “Después me dijo del Ministerio del Interior, y después me terminó escribiendo en un Whatsapp que eran instrucciones de Interior”, revela Hidalgo.

Casi cien especies estarían en riesgo

El nombre del proyecto en cuestión es “Solución Sanitaria para un sector de Quilicura” y fue presentado por la empresa Aguas San Isidro en julio de 2021, tras cuatro intentos previos. Este considera una inversión de más de $5 mil millones y un total de tres plantas de tratamiento a construirse en el humedal de la comuna.

Felipe González, director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Quilicura, asegura que en el terreno hay una amplia biodiversidad que se vería afectada por el proyecto sanitario. “Tenemos garzas, coipos, patos. Tenemos triles y aves rapaces de diferentes tipos. Solamente en las zonas de humedales hay aproximadamente unas 96 especies”, indica.

En 2021, el terreno había sido reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la ley 21.202 de humedales urbanos. Sin embargo, a finales de octubre, el Tribunal Ambiental ordenó retrotraer la declaración de humedal urbano en Quilicura tras los reclamos de las empresas propietarias de los terrenos.

Consultado para este reportaje, Daniel Müllendorf, gerente de Hidrosan, la empresa que fue contratada por Aguas San Isidro para realizar los estudios sambientales, asegura que “claramente la aprobación fue unánime en la instancia de la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental. Y eso a nosotros nos dio gran tranquilidad”.

El vínculo con el PPD

Desde la empresa Aguas San Isidro evitaron referirse a la polémica de las supuestas presiones. Pero llama la atención que el vicepresidente de la empresa es Gustavo Silva Cabello, quien fue tesorero del PPD en el año 2002 y parte del directorio de la corporación Innovación y Democracia, que estuvo ligada al mismo partido.

Se trata del mismo ejecutivo que el año pasado fue formalizado por el delito de daño ambiental, por su supuesta responsabilidad en el incendio del relleno sanitario Santa Marta ocurrido en el año 2016, cuando era parte del directorio. Silva también estuvo vinculado a facturas del caso SQM, aunque el Ministerio Público nunca lo citó como inculpado.