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Declaran admisible querella contra el gobierno por compra de 700 mil ejemplares de propuesta de Nueva Constitución

¿Qué pasó?

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por el eventual delito de malversación de caudales públicos, a raíz del proceso de compra directa del Gobierno de casi 700 mil ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución.

La acción fue presentada, ante quienes resulten responsables, por el abogado Marcelo Brunet, quien también es militante de Renovación Nacional (RN).

¿Qué dijo Brunet?

"Entendemos que no había causa de urgencia para la adquisición de esos ejemplares. Por lo tanto, debía haberse hecho por licitación pública, cosa que no ocurrió", sostuvo el abogado.

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"En segundo término, se hace con fondos que debieron reintegrarse al erario nacional, y que no debieron haber sido gastados como un gasto relacionado a la Convención, que a la fecha del gasto no existía y no tenía existencia legal. En último término, la Secretaría General de la Presidencia no tiene facultades para efectos de realizar esta situación", agregó.

Al respecto, Brunet sostuvo que "estos hechos, a nuestro juicio, generarían la existencia de un eventual delito, y por eso le hemos solicitado al Tribunal que ordene al Ministerio Público investigar la eventual existencia del mismo".

La querella

La acción apunta a la resolución exenta del 21 de julio de 2022, suscrita por la Subsecretaría General de la Presidencia, en la que se aprobó la impresión y distribución de 692 mil ejemplares de la propuesta constitucional.

"Los responsables de aquello son el ministro Secretario General de la Presidencia, don Kenneth Giorgio Jackson Drago..., y la subsecretaria, doña Macarena del Carmen Lobos Palacios", afirma la querella.

Solicitud de diligencias investigativas

En el documento, se solicitan las siguientes diligencias investigativas, para constatar los hechos denunciados: 

  • Se despache orden de investigar a cargo de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile.
  • Se tome declaración a los funcionarios dependientes del área de Administración y Finanzas y Jurídica de la Subsecretaría General de la Presidencia.
  • Asimismo, se tome declaración a los funcionarios de la Unidad de Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, dependiente del Subsecretario General de la Presidencia.
  • Se tome declaración a los representantes y encargados de ventas de la empresa Sistemas Gráficos Quilicura S.A.
  • Se solicite información a la Dirección de Presupuestos en relación al cierre presupuestario del Programa Convención Constitucional.

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