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"La dueña nunca vivió ahí": Seremi revela caso de vivienda con subsidio ocupada por arrendatarios durante fiscalización

Las fiscalizaciones a viviendas sociales continúan en distintos puntos del país y, en uno de los últimos operativos realizados en la Región de O'Higgins, las autoridades detectaron diversas irregularidades en departamentos entregados con subsidio habitacional.

Durante una inspección en el condominio San Benito, en la comuna de Graneros, el seremi de Vivienda y Urbanismo de O'Higgins, Christian Villegas, dio a conocer el caso de una vivienda cuya beneficiaria no habitaba el inmueble, el que era ocupado por otras personas.

El operativo forma parte de un plan del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Serviu para asegurar que las viviendas sociales sean utilizadas por quienes recibieron el beneficio y no sean destinadas a otros fines.

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La historia de una vivienda donde no vivía la beneficiaria

Según explicó  el seremi Christian Villegas, en uno de los departamentos revisados se constató que la beneficiaria del subsidio nunca había vivido en la propiedad, ya que el inmueble era ocupado por otras personas.

Este tipo de situaciones constituye una irregularidad, ya que las viviendas sociales deben ser destinadas a residencia permanente de quienes fueron favorecidos con el beneficio, salvo las excepciones establecidas por la normativa.

¿Qué irregularidades detectó el Minvu?

Durante la inspección realizada por funcionarios del Serviu y del Minvu se revisaron ocho departamentos del condominio San Benito.

En el operativo se detectaron casos de:

  • Viviendas desocupadas.
  • Arriendos realizados sin autorización.
  • Ocupación por personas distintas al beneficiario del subsidio.

Desde el Ministerio señalaron que estas fiscalizaciones continuarán en distintas comunas de la Región de O'Higgins con el objetivo de resguardar el correcto uso de los recursos públicos.

¿Qué pasa si una vivienda social es mal utilizada?

El Minvu recordó que las viviendas sociales cuentan con restricciones legales y no pueden ser arrendadas, vendidas o cedidas sin cumplir las condiciones establecidas por la ley.

Cuando las fiscalizaciones detectan que una propiedad no está siendo utilizada por su beneficiario o presenta otras irregularidades, se inicia un proceso administrativo y legal que puede terminar con la recuperación del inmueble para que sea reasignado a otra familia que sí cumpla con los requisitos.

Las autoridades reiteraron que el propósito de estas inspecciones es asegurar que las viviendas financiadas con recursos públicos lleguen efectivamente a quienes las necesitan y cumplan la finalidad para la que fueron entregadas.