Procultura: Las sospechas de la Fiscalía para investigar lavado de activos, fraude y financiamiento ilegal de campañas

En un documento de siete páginas, el fiscal Patricio Cooper detalló punto por punto los antecedentes para investigar delitos de fraude al Fisco, lavado de activos, tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campañas en la causa Procultura.

El escrito, al que tuvo acceso Mega Investiga, fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta luego de que en una primera instancia, el tribunal rechazara la solicitud del fiscal Cooper. Así, el nuevo documento, al que tuvo acceso Mega Investiga, sirvió como un nuevo intento para interceptar las conversaciones que el presidente Gabriel Boric, mantenía en su celular.

Y es que a juicio del persecutor, existían “sospechas fundadas” de que el mandatario “pudiere tener participación en la comisión de hechos punibles que tienen pena de crimen”.

Uno de los principales argumentos entregados por el persecutor, apunta al notorio aumento de ingresos convenios que tuvo Procultura, luego de que asumiera el Presidente Boric. En el documento, el fiscal advierte que “si en los años 2020 y 2021 los convenios y montos fueron por totales de $181.676.386 y $316.849.723, en los años 2022 y 2023 fueron por montos de $3.282.841.556 y $1.808.295.429”. Cifras que fueron expuestas en el reportaje de Hasta Cuándo sobre la Fundación de Alberto Larraín.

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A juicio del fiscal Cooper, ese aumentó se explicaría por la “cercanía” entre el fundador de Procultura, Alberto Larraín, el Presidente Boric, cuestión que haría sospechar un “posible delito de tráfico de influencias que deriva en Fraude al Fisco, Lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas”.

Otro de los argumentos, aborda la preocupación que mantuvo el mandatario por la situación que afectaba a su entonces pareja, Irina Karamanos, quien a esa altura figuraba como imputada en la causa. Según describe el fiscal, el presidente Boric “intenta coordinar una defensa respecto de su ex pareja, pidiéndole a su interlocutora el número telefónico de la representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez Cruz, también imputada en esta causa, a fin de coordinar una defensa para Karamanos, con aquella y con su abogado, es decir, común respecto de ambas, actuando como intermediario”.

Un posible “financiamiento irregular de la campaña” del mandatario

Uno de los principales argumentos del fiscal Cooper, apunta a las sospechas sobre un “financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República”, cuestión que estaría fundada en un diálogo sostenido entre directivas de Procultura con una mujer identificada como “Lucía”, quien señaló que “se les había prometido pagos para saldar una supuesta deuda, menciona una conversación con el cofundador Alberto Larraín Salas donde a la solicitud de dinero, éste le habría contestado "no, gaste esta plata en la campaña de Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.

Así, otro de los argumentos dice relación con un diálogo que sostuvo el presidente Boric con Josefina Huneeus, exesposa del psiquiatra Alberto Larraín. Dicho diálogo da cuenta, según el fiscal, de una “relación de amistad y/o de confianza y cercanía” entre Presidente y Larraín, puesto que se revela que el mandatario ofreció cargos en el Gobierno al psiquiatra. Fue el propio Presidente Boric quien le dijo explícitamente a Huneeus que “hablaba con él, era cercano, no me voy a hacer el hueon con eso”.

Otra justificación entregada por el fiscal Cooper, apunta nuevamente a la cercanía que existía entre Larraín y el mandatario. En este punto en particular, se hace referencia a los diálogos que sostuvo el psiquiatra con el gobernador de Magallanes, Jorge Flies.

En estos se lee cómo Larraín le expresa a Flies la llegada que tenía con el mandatario. "Buena semana. Ayer hable con el Presidente. Está muy entusiasmado con el anuncio de Torres del Paine”, se lee en uno de los intercambios.

Si bien el fiscal Cooper solicitó la interceptación para “para confirmar o no la posible participación del Presidente en la República en estos hechos investigados, ya sea como autor, cómplice o encubridor es imprescindible poder acceder a esta medida intrusiva”; finalmente, el Juzgado rechazó punto por punto los argumentos presentados por el persecutor, por lo que finalmente, la interceptación nunca se concretó.