Gobierno decide no firmar acuerdo de Escazú y entrega cuatro argumentos
¿Qué pasó?
Tras semanas de controversia e incertidumbre, este martes, el Gobierno zanjó definitivamente su posición ante el Acuerdo de Escazú: No firmará el documento denominado originalmente como "Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe".
A través de un documento conjunto de los ministerios de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente argumentaron la decisión del Ejecutivo, a través de cuatro puntos centrales.
¿Qué dijeron desde el Gobierno?
“A la luz del análisis realizado, corresponde reafirmar que Chile tiene una legislación ambiental que es reconocida, nacional e internacionalmente, por su contenido, alcance y consistencia. Compartimos plenamente la gran relevancia de la participación ciudadana, la transparencia y la justicia ambiental para el avance a un desarrollo sustentable" exponen.
"Así, nuestro país ha sido pionero en incorporar a nivel legal las temáticas planteadas por el acuerdo, que incluye normas sobre participación, información y acceso a la justicia”, señala el documento.
En esta línea, el texto cosigna que “a partir del ingreso del país a la OCDE, Chile modificó su legislación en materia de acceso a la información, así como toda su institucionalidad ambiental, destacando principalmente la creación de los tribunales ambientales el año 2012, una jurisdicción especializada en la materia”.
Normas ambiguas
Tras esto, desde La Moneda sostienen que el mentado pacto contiene normas que “podrían ser interpretadas como autoejecutables y otras que, pese a contemplar reenvíos a la legislación doméstica, generan o podrían generar debate sobre su aplicación en virtud del control de convencionalidad. En efecto, la aplicación de los principios, definiciones y disposiciones generales del acuerdo sumado a su carácter supra legal, abre una incertidumbre grave respecto a la normativa de fondo aplicable”.
En definitiva, sostienen, para el país es “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica".
Los cuatro puntos centrales de controversia del Gobierno con el Pacto de Escazú son los siguientes:
- El Acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental.
- El Acuerdo podría implicar cambios inciertos en nuestra legislación, dada su autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica.
- El Acuerdo introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas, que dificultan su cumplimiento.
- El Acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas.
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