EXCLUSIVO | Operación Ámsterdam al banquillo: Acusan a carabineros de inventar denuncia para indagar dispensarios de cannabis

Un inesperado vuelco amenaza con remecer los cimientos de la denominada Operación Imperio Ámsterdam, en que se detuvo a más de 40 personas en todo el país incluido el chico reality Camilo Huerta por el supuesto tráfico de marihuana a través de dispensarios. Y es que el Juzgado de Garantía de Coyhaique acaba de declarar admisible, según tuvo acceso Mega Investiga, una querella que acusa que la investigación habría comenzado a partir de una denuncia inexistente, construida mediante declaraciones que su supuesto autor asegura no haber realizado.

La acción fue presentada por William Vásquez Martínez, director de la Corporación Medicinal Regional Dispensario Patagonia, y va dirigida contra quienes resulten responsables del presunto delito de falsificación de instrumento público cometido por empleado público. En el relato de hechos, es el querellante quien apunta a personal de Carabineros y la propia Fiscalía Regional de Aysén que dirige la megaindagatoria.

La admisibilidad de la querella abre una nueva investigación penal y obliga al Ministerio Público a revisar el origen de una de sus operaciones más mediáticas. El asunto también quedó en manos del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien deberá resolver una solicitud para designar a un fiscal regional distinto al de Aysén, ya que Hernán Libedinski, jefe regional del Ministerio Público de esa zona -de ser ciertas estas aseveraciones- podría ser foco de las imputaciones.

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La razón es particularmente delicada, ya que es Libedinsky, y su equipo, quienes validaron las actuaciones del caso. Si se comprueba que el antecedente inicial fue falsificado o alterado, deberá establecerse quiénes conocieron, validaron y utilizaron esa información para solicitar medidas judiciales.

La “not denuncia”

El origen de la controversia se remonta a agosto de 2024, cuando Vásquez concurrió voluntariamente a dependencias del OS7 de Carabineros de Aysén.

Según relata la querella, el dirigente buscaba efectuar consultas administrativas sobre el funcionamiento de su proyecto de dispensario medicinal, las coordinaciones iniciadas con organismos públicos y la legalidad del abastecimiento de flores de cáñamo desde la empresa Má Botanics.

La defensa sostiene que aquella conversación nunca tuvo el carácter de denuncia ni de autodenuncia. Vásquez tampoco habría entregado antecedentes sobre delitos cometidos por él o por terceras personas.

Sin embargo, el 26 de agosto de 2024, el OS7 remitió a la Fiscalía Local de Coyhaique el Oficio Reservado Nº 311, suscrito por el suboficial Daniel Hidalgo Garcés y el capitán Pablo Ardiles Herrera.

En ese documento quedó consignado que Vásquez habría presentado una denuncia por una posible infracción a la Ley 20.000. También se le atribuyó haber señalado que obtenía marihuana desde Má Botanics “para después cultivarla”.

El supuesto denunciante niega ambas afirmaciones.

Su defensa asegura que Carabineros le atribuyó una actuación que nunca realizó y declaraciones distintas a las que verdaderamente entregó. Por eso califica el oficio como una eventual falsificación ideológica de un instrumento público.

La querella también sostiene que Má Botanics contaba con autorización del Servicio Agrícola y Ganadero para la producción y comercialización de flores de cáñamo con bajo contenido de THC. El producto adquirido, agrega, no era apto para propagación, por lo que tampoco podría haber sido utilizado para iniciar nuevos cultivos.

La génesis de Operación Ámsterdam

La acusación adquiere mayor gravedad por el uso que habría recibido el cuestionado oficio. Según la querella, ese documento permitió abrir la investigación inicialmente tramitada por la Fiscalía Local de Coyhaique y posteriormente convertida en la denominada Operación Imperio Ámsterdam.

A partir de esa causa, el Ministerio Público solicitó distintas diligencias contra el propio Vásquez y su entorno, entre ellas interceptaciones telefónicas, vigilancias y seguimientos. Con el avance de la investigación también se autorizaron allanamientos, incautaciones y detenciones contra otros involucrados.

La nueva causa deberá reconstruir el recorrido del Oficio Reservado N.º 311 y determinar si la información que contenía fue utilizada para conseguir esas autorizaciones judiciales.

La duda que se abre es de fondo: si el antecedente fue presuntamente fabricado, ¿hasta dónde alcanzó su influencia dentro de la investigación?

La admisibilidad de la querella permitirá investigar si el punto de partida de la causa estuvo contaminado por un eventual montaje y si esa información fue presentada posteriormente ante los tribunales como un antecedente verdadero.

También deberá establecerse si las medidas intrusivas se sustentaron en otros elementos independientes o si fueron consecuencia directa de la versión consignada en el oficio policial.

¿Sabía la Fiscalía?

El nuevo escenario deja en una posición especialmente compleja a la Fiscalía Regional de Aysén.

La institución que debería esclarecer la presunta falsificación es la misma que recibió el oficio, condujo la investigación y presentó sus antecedentes ante los tribunales. Por eso, la defensa de Vásquez advierte que mantener la causa en esa región podría generar una situación de “autoinvestigación institucional”.

La querella no atribuye directamente al fiscal regional Hernán Libedinsky la elaboración de la supuesta denuncia falsa. Sin embargo, su actuación también podría quedar en entredicho si se establece que el antecedente estaba contaminado y fue empleado bajo la dirección de la Fiscalía para solicitar medidas intrusivas, detenciones u otras resoluciones.

La investigación tendrá que determinar si existieron controles destinados a comprobar que Vásquez efectivamente había formulado la denuncia que Carabineros le atribuyó.

La acción pide citar como imputados a los dos funcionarios del OS7 que firmaron el oficio y obtener la nómina completa de policías, fiscales y funcionarios que tuvieron acceso a la carpeta.

Además, solicita auditar las bitácoras del Sistema de Apoyo a los Fiscales y de las plataformas policiales, junto con revisar la trazabilidad de las actuaciones derivadas del documento.

La decisión de Ángel Valencia

Con la querella declarada admisible, el fiscal nacional Ángel Valencia deberá resolver si mantiene la investigación en Aysén o utiliza sus facultades para entregársela a un fiscal regional de otra zona del país.

La petición invoca el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que permite adoptar esa decisión cuando la gravedad, complejidad o extensión territorial de un caso lo hacen necesario.

La defensa sostiene que aquí concurren esas condiciones. Las diligencias deberán alcanzar a funcionarios de Carabineros y del Ministerio Público en Aysén, pero también podrían requerir actuaciones en Santiago y auditorías sobre sistemas administrados a nivel nacional.

El argumento central, sin embargo, es el conflicto institucional: la Fiscalía de Aysén tendría que investigar la posible utilización de antecedentes presuntamente falsos dentro de una causa dirigida por ella misma.

Valencia deberá decidir si esas circunstancias justifican apartar al fiscal regional Hernán Libedinsky y nombrar a otra autoridad para dirigir la investigación con independencia.

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