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Columna de Mauricio Morales: "Cambio constitucional y plebiscito"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

De manera sorpresiva, el gobierno del presidente Kast está impulsando un proceso de cambio constitucional y, dentro de su propio sector, además surgió la idea de plebiscitar la reforma de seguridad pública.

Cuesta entender ambas decisiones tras una historia reciente en la que los procesos constituyentes y sus respectivos plebiscitos dividieron al país durante varios años, hasta transformarlo en una verdadera sociedad de enemigos.

Se suponía que esa discusión había quedado atrás y que, luego de dos propuestas rechazadas en las urnas, había poco interés en volver a abrirla. Por eso resulta extraño que un gobierno de derecha radical quiera meterle nuevamente mano a la Constitución y que, en medio de ese intento, aparezca la posibilidad de un plebiscito sobre una reforma que propone, entre otras cosas, un insólito estado de excepción. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo terminó desorientándose en una agenda que hasta hace poco tenía prácticamente en el bolsillo? ¿Qué explica esta mezcla de torpeza y desidia política?.

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En primer lugar, y como varios han argumentado, el nuevo estado de excepción constitucional se asemeja al estado de asamblea o de guerra, pero podría aplicarse en zonas muy acotadas y quedar inicialmente en manos del Presidente, quien puede mantenerlo hasta por 240 días. La propuesta quedó herida de muerte apenas se dio a conocer. Arturo Squella, mandamás de Republicanos, buscó rápidamente un acercamiento con RN para introducir cambios, mientras que el Partido Nacional Libertario fue todavía más lejos y acusó al proyecto de contener normas antidemocráticas y totalitarias que afectaban los derechos básicos de los ciudadanos.

Con ese nivel de rechazo, incluso dentro del propio sector, cuesta imaginar que la reforma pueda sobrevivir en los términos en que fue presentada. Quizás el ministro de Seguridad pensó que el 49% de apoyo registrado por CADEM para un nuevo estado de excepción constituía un piso suficiente para presionar a los legisladores, pero esa lectura perdió fuerza cuando la misma encuesta preguntó por algunas de las facultades concretas del proyecto y el respaldo cayó al 37%. También es posible que el gobierno apostara por dividir a la oposición, alcanzar los cuatro séptimos necesarios y aprobar otra reforma estructural tras el triunfo de Quiroz. Pero esta vez el cálculo falló porque la oposición no se dividió y los partidos de gobierno se desordenaron.

En segundo lugar, surgió la idea de convocar a un plebiscito. El razonamiento parecía sencillo. Si el Congreso bloqueaba la reforma, entonces debía ser la ciudadanía quien decidiera. El problema es que nuestra Constitución no funciona así. Chile es una democracia representativa y no una democracia plebiscitaria en la que el gobierno puede saltarse el Congreso cuando no consigue los votos necesarios. En este caso, el plebiscito solo puede celebrarse ante una discrepancia muy específica entre el Presidente y el Legislativo. La reforma debe ser aprobada primero por el Congreso, luego vetada total o parcialmente por el Presidente y, finalmente, ambas cámaras deben insistir por dos tercios para que recién entonces exista la posibilidad de convocar a la ciudadanía. No se trata, por tanto, de llamar a plebiscito cada vez que una reforma se entrampa, sino de respetar un diseño institucional en el que nadie se manda solo y los pesos y contrapesos obligan a construir mayorías.

Si Kast quería sacar adelante una reforma de estas características, debió preocuparse antes de construirlas, comenzando por la unidad de la centroderecha en las elecciones de 2025. Intentar compensar ahora esa carencia mediante una salida plebiscitaria convertiría un problema político en uno institucional y revelaría, además, un preocupante desconocimiento de las reglas constitucionales por parte de quienes promovieron esa alternativa.

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El gobierno todavía está a tiempo de corregir, sobre todo porque la seguridad sigue siendo probablemente la mejor carta de Kast para cerrar el año, con respaldo ciudadano, una oposición debilitada y condiciones políticas favorables para avanzar. Para aprovechar esa ventaja, necesita moderar los aspectos más extremos de la reforma, cohesionar a sus propios partidos y buscar los votos que faltan en la oposición. Hasta ahora ha hecho exactamente lo contrario, abriendo una discusión constitucional que nadie le estaba pidiendo y convirtiendo una de sus principales fortalezas en un problema que él mismo se fabricó.

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