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Niños haitianos en Chile: Analista apunta a "falla institucional sistémica" en caso de menores en informe de Contraloría

¿Qué pasó?

El analista de la Universidad Central, Neftalí Caravante, en entrevista con Meganoticias Siempre Juntos, abordó las eventuales responsabilidades institucionales en el marco del caso de menores haitianos identificados en un informe de la Contraloría, apuntando a lo que calificó como una “falla institucional sistémica” en el proceso de control y seguimiento migratorio.

“Lo primero que tenemos que ver es qué organismos tienen responsabilidad legal directa en este asunto. Con todos los antecedentes que hemos conocido hasta este minuto, la investigación apunta a varias instituciones”, señaló.

En esa línea, detalló que existen distintos actores involucrados en los procesos de ingreso y control migratorio. “En primer lugar, el Servicio Nacional de Migraciones, que autorizó y gestionó los procesos de reunificación familiar y debía verificar los requisitos necesarios para ingresar a Chile. En segundo término, la Policía de Investigaciones, que tiene a su cargo el control migratorio y la identificación de quiénes ingresaron al país”, explicó.

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Caravantes también mencionó a la Dirección General de Aeronáutica Civil, indicando que “se autorizan los vuelos y las condiciones de las personas que viajan en estos.

A ello sumó otras instituciones con eventuales responsabilidades en la detección de alertas, como el Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, tribunales de familia y el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de consulados.

“Yo por eso he reiterado que estamos frente a una falla institucional sistémica a nivel administrativo, donde fallaron muchas instituciones”, enfatizó.

Respecto del rol de la Fiscalía, el analista planteó que el Ministerio Público debió actuar con mayor rapidez frente a denuncias previas. “No es posible que al día de hoy no tengamos claridad del paradero y la forma en que están viviendo estos menores”, sostuvo.

En relación con eventuales delitos asociados, precisó que no existen antecedentes. “Aquí no hay ningún antecedente serio que indique que estemos frente a un tráfico de órganos, de niños, de prostitución infantil o de redes de trata”, señaló.

En cuanto a eventuales responsabilidades penales, advirtió que podrían abrirse distintas líneas investigativas. “Si se llega a comprobar falsificación de documentos, es un delito. Si hubo pagos o beneficios para aprobar trámites, estamos hablando de cohecho o soborno”, agregó.

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Finalmente, advirtió que el problema se explica por la falta de coordinación entre instituciones. “No es posible que hoy día estas instituciones no conversen, no tengan coordinación. Aquí lo que ha brillado por su ausencia es la coordinación del sistema”, concluyó.

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