Se ensombrece el panorama judicial de Joaquín Lavín: Servel denuncia a exdiputado y fiscalía formalizará a funcionarios "fantasma"

La investigación penal contra el exdiputado Joaquín Lavín León sigue ampliándose. A poco más de un mes que quedara en prisión preventiva por la causa por fraude al Fisco por dineros del Congreso, la Fiscalía Oriente decidió incorporar una nueva arista relacionada con eventuales delitos electorales, basada en una denuncia presentada recientemente por el Servicio Electoral (Servel), que apunta a posibles irregularidades en rendiciones de campaña y al eventual uso indebido de información electoral.

La decisión ya tiene fecha. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 8 de julio la audiencia en que el Ministerio Público formalizará investigación contra el exdiputado Joaquín Lavín León, el exasesor Shigue Kazu Ogino Vargas y Belén Esperanza Carrasco, pareja de Arnaldo Domínguez quien durante años fue asesor de extrema confianza del parlamentario.

Asimismo, el tribunal autorizó que se realice la formalización en ausencia del empresario Felipe Andrés Vázquez Diéguez, fundador de la plataforma SocialTazk, quien registra domicilio en España y no ha retornado al país a enfrentar la justicia.

La nueva imputación, según pudo constatar Mega Investiga, surge luego de que el Servel remitiera a la Fiscalía antecedentes que, a juicio del organismo, podrían constituir delitos contemplados en la legislación electoral. El documento advierte posibles inconsistencias en gastos rendidos durante campañas de 2021 asociados a servicios prestados por la empresa Modo 74 SpA y a la utilización de la plataforma tecnológica SocialTazk.

La denuncia sostiene que existen elementos para investigar si se entregó información falsa o incompleta respecto de servicios, pagos y respaldos de gastos electorales declarados ante la autoridad.

La arista electoral

Uno de los principales focos está puesto en la campaña parlamentaria de Lavín León de 2021. Según los antecedentes examinados por el Servel, en la rendición electoral se incorporaron facturas emitidas por Modo 74 por un total de $12 millones.

Sin embargo, las diligencias financieras desarrolladas durante la investigación no habrían permitido verificar movimientos bancarios compatibles con la modalidad de pago informada ante el organismo electoral.

Para el Servel, la interrogante no sólo apunta a la existencia de los documentos tributarios, sino también a determinar si los servicios fueron efectivamente prestados, cómo fueron pagados y si los antecedentes presentados reflejaban la realidad de las operaciones declaradas.

La denuncia también incluye antecedentes relacionados con la campaña municipal de Cathy Barriga, donde igualmente se rindieron servicios asociados a Modo 74, aunque la formalización fijada para julio se concentrará en los imputados vinculados a la investigación que involucra a Lavín León.

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Los funcionarios "fantasma"

La audiencia de julio también marcará la incorporación formal de dos personas que aparecen en la investigación por presuntas contrataciones irregulares financiadas con recursos públicos del Congreso Nacional.

Uno de ellos es Shigue Kazu Ogino Vargas.

De acuerdo con la Fiscalía, Ogino fue contratado como apoyo parlamentario durante los primeros meses de 2021. Sin embargo, la investigación sostiene que no habría desarrollado labores propias de la función legislativa, sino que habría estado destinado exclusivamente a actividades vinculadas al trabajo político y electoral del entorno de Lavín León.

Los antecedentes recopilados indican que durante el período en que fue remunerado con recursos públicos del Congreso, Ogino habría desempeñado funciones desde las oficinas ubicadas en Apoquindo 3001, en Las Condes, inmueble que en esa época operaba como sede de la campaña presidencial de Joaquín Lavín Infante, padre del entonces diputado.

Según la investigación, entre enero y mayo de 2021 el Congreso desembolsó más de $2,5 millones por remuneraciones asociadas a ese contrato.

La segunda imputada es Belén Esperanza Carrasco Riquelme.

La Fiscalía sostiene que Lavín León y su entonces administrador de confianza, Arnaldo Domínguez, habrían coordinado durante años una contratación que sólo existía en el papel. Según la tesis de los persecutores, Carrasco fue incorporada como asesora parlamentaria y recibió pagos financiados con recursos públicos pese a que, al menos desde 2018, no habría realizado labores para el equipo del diputado.

La investigación apunta a que se emitieron boletas e informes de actividades que permitieron justificar los pagos efectuados por la Cámara de Diputados, documentos que contaban con la validación del entonces parlamentario.

"Jamás trabajó con nosotros"

La carpeta investigativa contiene declaraciones de exintegrantes del equipo de Lavín León que contradicen la existencia de funciones efectivamente desempeñadas por Carrasco.

Una de ellas es Ilse Palma, quien afirmó ante los investigadores que conocía a Belén Carrasco únicamente por ser la pareja de Arnaldo Domínguez y aseguró que nunca la vio desempeñando labores para el equipo parlamentario. Según declaró, desde que ingresó a trabajar en 2018 jamás realizó trabajo alguno con ellos.

En términos similares declaró Romina Castillo, quien señaló que sabía que Carrasco trabajaba como profesora y que nunca la vio participando de actividades asociadas a la Cámara de Diputados ni al equipo del entonces parlamentario. Incluso aseguró que desconocía que figurara contratada como asesora.

Los chats incorporados por la Fiscalía

La investigación también incorpora conversaciones de WhatsApp atribuidas a Arnaldo Domínguez que, según los persecutores, muestran gestiones relacionadas con contratos, pagos, rendiciones y documentación vinculada a Belén Carrasco.

Los intercambios incluyen referencias al envío de antecedentes para contratos, consultas por pagos pendientes, modificaciones administrativas y coordinaciones respecto de documentación que debía presentarse para justificar honorarios.

Para la Fiscalía, esos antecedentes permiten reconstruir la forma en que se habría mantenido durante años una contratación financiada con recursos públicos pese a la inexistencia de labores efectivamente realizadas.

El factor SocialTazk

La formalización también incorporará antecedentes vinculados a SocialTazk, plataforma tecnológica desarrollada por Modo 74.

Durante diligencias informáticas realizadas en la investigación se detectaron archivos con millones de registros de electores correspondientes a distintos años. Los investigadores buscan establecer si esos antecedentes provienen parcial o totalmente del Registro Electoral administrado por el Servel y si fueron utilizados para segmentación política, mensajería masiva o servicios ofrecidos a terceros.

Precisamente esa línea investigativa llevó al organismo electoral a denunciar posibles infracciones a la normativa que regula el uso de datos electorales.

Con ello, la causa que originalmente se concentraba en eventuales fraudes vinculados a contrataciones parlamentarias suma ahora una nueva dimensión: la posible existencia de delitos electorales relacionados con rendiciones de campaña y utilización de información de electores. La audiencia del próximo 8 de julio será el primer hito judicial donde ambas aristas convergerán formalmente ante el tribunal.

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