Realizaron la mayor incautación de medicamentos en el país: 20 personas quedaron detenidas

¿Qué pasó? 

La Fiscalía Regional de Ñuble y la Policía de Investigaciones de Chillán lograron desarticular una agrupación criminal dedicada a la venta de medicamentos de forma ilegal y clandestina, entre los que se encuentran fármacos controlados por la Ley 20.000, como tramadol, alprazolam o clonazepam, configurándose los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y comercio ilegal y clandestino.

Se trata de la mayor incautación de este tipo en el país, con 50 toneladas de estos productos farmacéuticos, 100 millones de pesos en efectivo y 13 vehículos. Se logró la detención de 20 personas en las regiones Metropolitana, Ñuble y del Biobío, operativo en el que participaron 150 detectives e implicó la entrada y registro en 32 viviendas y bodegas. En uno de esos inmuebles, incluso, se incautaron 200 ampollas de fentanilo.

Los detalles del operativo

El trabajo de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble y de la Brigada Antinarcóticos (Brianco) de la PDI de Chillán se inició en diciembre de 2024 con la identificación como punto de venta del sector “La Pérgola” del Mercado Central de Chillán. Allí, parte de los imputados comercializaban los medicamentos al público, otros daban aviso de la presencia de Carabineros o inspectores municipales, y otros se dedicaban a trasladar los fármacos, a puntos de acopio, ante eventuales fiscalizaciones.

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Tras una exhaustiva vigilancia policial, se pudo determinar que los imputados que vendían directamente al público en Chillán tomaban precauciones ante la presencia de fiscalizadores, como esconder los fármacos en un local cercano, o mantenerlos en un centro de acopio y llevarlos al mercado solo cuando eran solicitados por los compradores.

La Fiscal Regional, Nayalet Mansilla Donoso, precisó que “la identificación de ese punto de venta permitió luego seguir la ruta del delito para identificar a proveedores regionales y también, nacionales, quienes enviaban los medicamentos por encomienda desde Santiago”. Acotó que “gracias al monitoreo de teléfonos celulares interceptados y el análisis de cuentas bancarias se determinó la existencia de más de una estructura criminal, pero relacionadas entre sí, dedicadas a este negocio ilícito”.

El Jefe de la Región Policial Ñuble de la PDI, prefecto inspector, Enrique Zamora Sáez, explicó que “es así como se logró acreditar que los proveedores de Santiago no solo abastecían a los imputados de Ñuble, sino también a los de otras regiones, y que, incluso, entre los detenidos hay dueños de droguerías ubicadas en las comunas de San Miguel, La Granja, Santiago, La Pintana y Lo Espejo, algunas de las cuales funcionaban sin autorización del Instituto de Salud Pública”.

El Jefe de la Sección y Control de Comercio Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública (ISP), Sebastián Riquelme Vilches, recalcó que se trata de la mayor incautación de medicamentos en el país y precisó que se trata de productos farmacéuticos controlados y no sujetos a control, pero cuya venta clandestina e ilegal atenta contra la salud pública, al no ser recetados por especialistas.

¿Qué se sabe de las personas que fueron detenidas?

Los imputados por delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita son Susana Carrasco Ocampo, Michel Acuña Contreras, Sebastián Leiva Quevedo, Gonzalo Rojas Salas, Raquel Muñoz Ríos, Katalina Quiroz Muñoz, Jeremy Abatte Godoy, Antonio Fecci Sánchez, Marcela Durán Urrea, Alejandro Hormazábal Castro, Jorge González Bravo y Clara Galaz Fernández. Los dos primeros quedaron en prisión preventiva. Se trata de los líderes de una estructura criminal de Santiago propietaria de farmacias y que distribuía a proveedores de la capital y de regiones.

Por delitos de microtráfico de drogas, asociación criminal, y comercio ilegal y clandestino fueron formalizados Estefanos Venegas Arias, Carola Gatica Garrido, Roberto Polanco Polanco, Cynthia Cuevas Liberona, Luis Miguel Ruiz Ferrada, Yeraldina Polanco Cuevas, Caroline Ruiz Cerda y Daniel Cuevas Liberona.

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó cinco meses de plazo para la investigación de la Fiscalía y de la Brianco de la PDI.

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