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Se llevaron computadores y documentos: PDI realiza procedimiento en Centro de Justicia tras liberación de sicario

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta el Centro de Justicia para realizar un procedimiento, en medio del escándalo por el oficio que dejó en libertad a Osmar Alexander Ferrer Ramírez, uno de los tres detenidos por el sicariato de José Reyes Ossa, empresario conocido como "El Rey de Meiggs".

Los detectives llegaron hasta el 8° Juzgado de Garantía de Santiago acompañados del fiscal Marcos Pastén, persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente a cargo del caso, quien interrogó a la jueza Irene Rodríguez Chávez, cuya firma está en el oficio que ordenó la excarcelación.

¿Qué se sabe del procedimiento de la PDI en el Centro de Justicia?

A la salida del Centro de Justicia, Pastén señaló que "realizamos una serie de diligencias consistentes en declaraciones a las personas que aparecen involucradas en la cadena de comunicaciones que hubo entre el Poder Judicial y Gendarmería".

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"Tomamos declaración en calidad de testigo a la señora magistrado y a funcionarios del tribunal. Además, voluntariamente hicieron entrega de sus dispositivos celulares, los cuales levantamos para registrar  información que pudiera ser útil, e incautamos computadores desde los cuales se hicieron las comunicaciones y otra serie de antecedentes", agregó.

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El persecutor sostuvo que "es muy importante que quede suficientemente claro que la única resolución que se dictó fue la resolución que decretó la prisión preventiva del imputado. Las otras comunicaciones que hay entre Gendarmería y el Poder Judicial es lo que estamos precisamente investigando, pero técnicamente hablando, esta persona nunca debió haber estado puesta en libertad, porque la única resolución vigente era la resolución que decretó la prisión preventiva. Tengo que determinar si es responsabilidad del Poder Judicial, si es responsabilidad de Gendarmería o de quien corresponda".

Por su parte, el prefecto inspector Mauricio Jorquera, jefe Contra el Crimen Organizado de la PDI, detalló que personal de "la Brigada Anticorrupción, apoyados por la Brigada de Cibercrimen y el Laboratorio de Criminalística Central (...) en el tribunal entrevistaron a 3 personas y de Gendarmería, en (la cárcel) Santiago 1, a 5 funcionarios hasta el momento".

La liberación del sicario

La liberación ocurrió el 10 de julio por un oficio del Octavo Juzgado de Garantía. En un inicio se había hablado de un posible hackeo, pero posteriormente Gendarmería y el Poder Judicial descartaron que sus sistemas hayan sido intervenidos. De acuerdo al Gobierno, el documento fue recepcionado a través de los canales oficiales, aunque el Ministerio Público está investigando su autenticidad.

El Poder Judicial detalló que el 9 de julio, el 8° Juzgado emitió una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. Esa misma jornada, a las 20:25 horas, se "dejó sin efecto esa instrucción, corrigiendo problemas con la identificación del imputado".

Asimismo, indicó que a las 20:28 horas, "el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos". "Existe registro, además, que el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería, el 10 de julio a las 12:11 y a las 14:13 horas, respectivamente, informando las últimas dos resoluciones anteriormente descritas", sostuvo.

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