El conflicto judicial que enfrenta a hermanos por control de histórica joyería de Vitacura

Por una presunta administración desleal. Ese es el potencial delito que tiene enemistados a los hermanos Fernández Cáceres, quienes están a cargo de la Joyería Fernández, heredada de sus padres en la comuna de Vitacura.

Si bien el clan está compuesto por varios hermanos, los que están a cargo de la firma son Roxana, Sybila y Boris los cuales se hicieron cargo del negocio familiar y, a través de sus propias palabras, han "creado un concepto único y de alto nivel en piezas exclusivas elaboradas en oro, platino y piedras preciosas".

Pero hoy una causa judicial mantiene trizada la relación entre los hermanos. El pasado 13 de junio, Juan José Fernández Cáceres, joyero (60); Roxana Fernández Cáceres, diseñadora (64); Sybila Fernández Cáceres, comerciante (61), y Andrea Bonia Fernández Cáceres, enfermera (63), según consigna La Tercera, presentaron una querella por el presunto delito de administración desleal en contra de Boris Fernández Cáceres, el menor de los hermanos, por el manejo de la empresa familiar Joyería José Fernández Limitada (también conocida como Joyart), de la cual todos son socios.

Todo ocurrió por el control exclusivo que asumió Boris Fernández sobre la administración de Joyart desde 2018, cuando su madre, que posee el 40% de la sociedad, le otorgó un mandato amplio tras dejar de participar en la sociedad por problemas de salud.

Según la querella, Boris habría desviado los ingresos de la empresa a cuentas personales y financiado, con recursos de la joyería, negocios y gastos particulares, afectando el patrimonio de todos.

"El comportamiento desleal del querellado ha provocado un evidente perjuicio patrimonial a Joyart y, en definitiva, a mis representados, consistente en la pérdida de todos los recursos de los cuales este ha dispuesto, con infracción a su deber de tutela patrimonial. Si bien el monto de dicho perjuicio deberá determinarse durante la investigación, los antecedentes disponibles a la fecha y otros que están en proceso de obtenerse, permiten estimar que el mismo superaría con creces los $2.000.000.000”, dice el documento presentado ante la justicia.

Se acusa que, desde que tomó la administración, muchos pagos recibidos por la compañía debían llegar a una de las tres cuentas dispuestas para esto. Sin embargo, casi todos los ingresos registrados provienen con pagos por Transbank y son muy pocos los efectuados por depósitos, transferencias o cheques, lo que resulta extraño.

Así, la acción judicial apunta que esos pagos en efectivo, transferencias o cheques habrían ido a parar a las arcas personales de Boris Fernández.

El documento expone que hubo cheques que fueron entregados por clientes al comprar joyas o contratar servicios, pero que fueron dejados con el nombre del beneficiario en blanco, siendo posteriormente completados con el nombre de Boris Fernández.

A su vez habría existido casos donde los clientes pagaban por transferencia, entregando los datos bancarios del querellado.