Exasesor de Felipe Ward figura como imputado en la causa Procultura: Ordenó contratar a la fundación en Valparaíso

Desde que se abrió la investigación en contra de Procultura, los dardos han apuntado a los vínculos que mantenía la fundación con sectores del oficialismo, particularmente con figuras del Frente Amplio.

En parte, son esos vínculos los que hacen sospechar a la Fiscalía sobre un eventual financiamiento irregular de campañas políticas. Sin embargo, las redes que tejió el fundador de Procultura, Alberto Larraín, fueron mucho más allá del oficialismo.

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Prueba de ello, son los antecedentes que se investigan en la arista de Valparaíso. En la región, Procultura desarrolló al menos 26 proyectos. Uno de ellos se ejecutó en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, por el cual se desembolsó $248 millones.

Las gestiones del millonario convenio habrían sido empujadas por Gonzalo Vega, jefe de gabinete del entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward. Según declaraciones contenidas en la carpeta investigativa, Vega sería una de las figuras de oposición cercanas al psiquiatra Larraín.

“Gonzalo y Alberto ya se conocían, posterior a la reunión ambos se acercaron más, manteniendo una amistad, recuerdo haber compartido con Gonzalo en un cumpleaños de Alberto Larraín”, se lee en el testimonio entregado por María Constanza Gómez, exrepresentante legal de Procultura, en febrero pasado.

Esa versión es coincidente con la que entregó la exmano derecha de Larraín, Francisco Fuentes, quien señaló que “en celebraciones en la casa de Alberto recuerdo haber visto personas relacionadas al mundo político, tales como Carolina Goic y Gonzalo Vega”.

Y es que los antecedentes darían cuenta que Vega intercedió ante el Serviu y Seremi de Vivienda de Valparaíso, para beneficiar a la fundación Procultura. Según el relato de al menos seis funcionarios de dichas reparticiones, Vega habría instruido trabajar con la ONG fundada por el psiquiatra.

Así quedó en evidencia en el testimonio de María Constanza González, encargada del Programa de Asentamientos Precarios en la región de Valparaíso, quien señaló ante la PDI, que “Gonzalo Vega presentó a Procultura” y dio “indicaciones de que esa fundación debía realizar el proyecto”.

En la misma línea, la Seremi de Vivienda de la Región de Valparaíso, Belén Paredes, aseguró que “quien envió el listado con las fundaciones que se trabajaría en la Región de Valparaíso, fue el ex Jefe de Gabinete del Minvu, Gonzalo Vega”.

En su declaración, Alberto Larraín reconoció haber tomado contacto con Vega, pero solo en el marco del desarrollo de proyectos vinculados a la fundación. “Él nos ayudó en el tema del museo de Chaitén, esto el primer año del gobierno de Piñera, donde se necesitó regularizar el terreno”, señaló el psiquiatra.

Respecto del proyecto en Valparaíso, Larraín aseguró que “se solicitó una reunión por ley del lobby, con el jefe de gabinete del Ministro Felipe Ward, don Gonzalo Vega, quien escuchó a las dirigentes que llevaban más de veinte años esperando por agua potable, a pesar de que los campamentos estaban identificados para ser radicados”.

Fiscalía solicitó interceptar teléfono de Vega

En diciembre de 2023 la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, llevó adelante una serie de diligencias en el marco de la indagatoria por el caso convenios. Allanaron las oficinas del Serviu y la Seremi de Vivienda de Valparaíso, así como oficinas de imputados involucrados en el caso.

Seis meses después, funcionarios de la PDI incautaron el celular de Vega por orden del Juzgado de Garantía de Valparaíso. Y es que la exmano derecha del ministro Ward, se transformó en una figura clave en la investigación a Procultura, particularmente, en la arista de Valparaíso.

Los primeros indicios de su participación se remontan a noviembre de 2021, cuando Vega coordinó una serie de reuniones con diferentes autoridades del Minvu en la región, donde también participó Larraín y su pareja, el excore Sebastián Balbontín, quien también figura como imputado en el caso.

Para febrero de 2022, las gestiones habían dado frutos. Procultura había sido elegida como la fundación encargada de ejecutar el millonario proyecto en tres campamentos de la zona.

Parte de estos antecedentes, son los que llevaron a la Fiscalía a solicitar la interceptación de las llamadas de Vega, medida que fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Valparaíso el pasado 2 de diciembre de 2024. Tres semanas después, Vega fue citado a declarar como imputado, sin embargo, se acogió a su derecho de guardar silencio.

Mega Investiga solicitó una versión de los hechos al exasesor del Minvu, Gonzalo Vega, sin embargo, no estuvo disponible para responder nuestro requerimiento.

Los $100 millones perdidos en el proyecto y el "conflicto de interés" con exUDI

El eventual tráfico de influencias en la entrega de recursos a Procultura, es apenas uno de los aspectos que investiga la Fiscalía en la arista de Valparaíso.

A fines de 2023, una indagatoria de Contraloría detectó graves irregularidades en el desarrollo del proyecto, entre ellas, falta de control por parte del Serviu y la Seremi de Vivienda, así como “falta de experiencia de la Fundación Procultura en las iniciativas encomendadas, quien no cuenta con los giros concernientes a la construcción de los proyectos indicados”.

En ese entonces, Mega Investiga publicó antecedentes que evidenciaban posibles conflictos de interés en el convenio firmado por Procultura. Y es que, el 21 de febrero de 2022, el entonces Director del Serviu Valparaíso, Tomás Ochoa, solicitó transferir los fondos del millonario proyecto a la fundación Procultura.

Ochoa, quien militaba en la UDI, conocía de cerca el proyecto, ya que según detalló la Fiscalía, había participado en las reuniones coordinadas por Vega, junto a Alberto Larraín. Sin embargo, apenas 20 días después de solicitar la entrega de recursos a Procultura, Ochoa renunció a la dirección del Serviu.

La tramitación del proyecto siguió su curso hasta que el 14 de diciembre de 2022, finalmente se aprobó el convenio entre Procultura y el Minvu, por $248 millones. Ese mismo día, Ochoa, constituyó la sociedad “Asesorías Inmobiliarias y Construcción Limitada”.

La empresa jugaría un rol clave en la indagatoria. Esto, porque una vez que Procultura recibió los fondos para el proyecto, optaron por subcontratar a la empresa del exdirector del Serviu, para ejecutar parte del programa.

Así quedó graficado en tres facturas por un total de $17 millones, que emitió la sociedad “Asesorías Inmobiliarias y Construcción Limitada” (Asepro) por servicios prestados a Procultura.

El conflicto era evidente, y así quedó consignado en un informe de Contraloría. Procultura había firmado un contrato con una empresa que no tenía más de seis meses de experiencia, y que había sido constituida por Tomás Ochoa, exdirector del Serviu de Valparaíso, quien en el ejercicio de su cargo había solicitado los fondos para Procultura.

Los antecedentes llevaron a poner término anticipado al convenio, uno donde Procultura dejó más de $108 millones sin restituir.

El pasado 3 de diciembre de 2024, Ochoa prestó declaración como imputado ante la Fiscalía, donde aseguró que “a través de una publicación LinkedIn, Nicolas Ormeño (Director Procultura), a quien "sigo" por esta plataforma, publicó en junio del año 2022 una nota mediante la cual solicitaba empresas que se dediquen al levantamiento topográfico y fotométrico por dron para proyectos urbanos”.

En ese contexto, Ochoa contactó a Ormeño para ofrecerle sus servicios. Junto con esto, le solicitó detalles del proyecto, “para asegurarme que no fuera un convenio con el SERVIU cuando yo era director, atendido que era imposible recordar todos los convenios que se suscribieron en el SERVIU durante mi gestión”. Según su versión, en ese momento se enteró de que el ejecutor sería Procultura, sin embargo, aseguró que no conocía a Alberto Larraín,

La relación entre Procultura y Ochoa no terminó de la mejor manera. Así quedó de manifiesto en una demanda civil que presentó Asepro en contra de la fundación por una deuda de 108 Uf, unos $4.228.000.

Los antecedentes de la arista de Valparaíso, hacen sospechar a la Fiscalía posibles delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias. Solo en esta arista, figuran 19 imputados, entre ellos, Balbontín, quien es investigado por los depósitos que recibió, tras una instrucción de Alberto Larraín.

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