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$39 millones en su cuenta: Las sospechas de la Fiscalía para indagar por cohecho y lavado de activos a fiscal antidrogas

Cerca de un año se ha extendido la investigación en contra de quien fuera el zar antidrogas de Rancagua: el fiscal Jorge Mena Ocares, acusado de pactar salidas alternativas con dos abogados –Alex Ruz y Luis Valdenegro– de reconocidos narcotraficantes de la zona.

Fue el 7 de mayo pasado cuando el líder del Ministerio Público, Ángel Valencia, comunicó la apertura de una causa penal en contra de Mena y designó al fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, para que encabezara las pesquisas.

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Mega Investiga tuvo acceso a esa investigación y reconstruyó los hechos que cerraron el cerco en torno a Mena y que hoy lo tienen alejado de sus funciones como fiscal, al borde de una eventual expulsión del Ministerio Público.

Hasta esta fecha, el persecutor no se ha referido públicamente a los hechos que lo tienen bajo una investigación penal y administrativa. Sin embargo, este domingo el programa Hasta Cuándo de Mega Investiga emitirá un reportaje donde Jorge Mena enfrenta, por primera vez, las acusaciones en su contra.

El fiscal Marcos Pastén indaga cohecho y lavado de activos en contra de Mena. El primero de esos delitos apunta a la relación que mantenía el fiscal antidrogas con los abogados Ruz y Valdenegro.

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En la carpeta de investigación, por ejemplo, constan declaraciones que dan cuenta de la cercanía y la “buena relación” que tenía Mena con dichos profesionales. Por ahora, la investigación está desformalizada y se han instruido diligencias como entradas y registros, declaraciones e interceptaciones telefónicas.

La defensa de Mena, a cargo de los abogados Patricio Vergara y Silvia Olivares, solicitó que se realizaran dos audiencias de cautela de garantías para conocer los hechos que se imputan contra el fiscal. En ellas, la Fiscalía entregó luces de las pruebas que pesan contra Mena.

Una de esas pruebas se produjo poco después de que se abriera la investigación penal en contra de Mena, cuando el suspendido fiscal sufrió un robo de $39 millones desde su cuenta corriente personal que encendió las alarmas en la Fiscalía.

Un sospechoso robo por $39 millones

Los hechos se remontan al 2 de julio de 2024, cuando una persona acudió hasta la 24° Notaría de Santiago para firmar un mandato especial bancario.

El sujeto se presentó como Jorge Mena Ocares. Dos semanas después, el mandato llegó hasta una sucursal del Banco Estado en La Reina en manos de una mujer identificada como Romina Hermosilla Moraga.

La mujer se dirigió hasta el cajero con el mandato a nombre de Mena y realizó un giro por $39 millones desde la cuenta del suspendido fiscal. Se había concretado así el robo de todo el dinero que poseía el persecutor en su cuenta bancaria, según declaró el propio Mena.

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Las huellas de aquel fraude quedaron plasmadas en un informe pericial realizado por la PDI tras una denuncia presentada por Mena. El documento, al que tuvo acceso Mega Investiga, detalla que la firma estampada en el Mandato Especial Bancario es falsa y “no procede de la mano de Jorge Esteban Mena Ocares”.

En la causa, el suspendido fiscal declaró ante la PDI en calidad de víctima. En su testimonio, Mena aseguró que nunca realizó el trámite notarial y que tampoco conoce a la mujer que realizó el giro. “No la conozco y nunca he emitido algún documento a su nombre. Desconozco absolutamente el mandato ingresado en el Banco Estado (...) no he emitido cheque o documento alguno, como tampoco he perdido mi documento de identidad", se lee en el testimonio de Mena.

Sin embargo, para el Ministerio Público, la operación en la que Mena figura como víctima, hoy es una de las principales sospechas para investigarlo por lavado de activos.

En la indagatoria liderada por el fiscal Pastén, llamó la atención la cuantiosa suma de dinero que Mena tenía alojada en su cuenta corriente. Así quedó de manifiesto en la autorización que entregó el Juzgado de Garantía de Rancagua a la Fiscalía Occidente para “pinchar” los teléfonos de Mena y los dos abogados con los que habría llegado a acuerdos extrajudiciales.

“Apareciendo de los antecedentes expuestos, indicios que permiten sospechar fundadamente la existencia de los delitos investigados (...) unido a la elevada suma de dinero que el Fiscal Adjunto precitado mantenía depositada en el Banco Estado (...) se autoriza el registro, observación y monitoreo de las llamadas entrantes y salientes y mensajes de texto u otra mensajería”, se consigna en la autorización judicial.

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Fue el propio Mena quien en una audiencia de cautela de garantías, justificó la cuantiosa suma de dinero en su cuenta. En su declaración, el suspendido fiscal señaló que los $39 millones corresponden al “remanente de mis cuentas; no gasto toda la plata y eso queda. No tengo sociedades, no tengo otro ingreso (...) No hay ningún antecedente que acredite lavado de activos”.

Desde la Fiscalía Occidente replicaron que las sospechas por lavado de activos incluyen otros componentes. “Desde el punto de vista estructural del lavado de activos, es que va mucho más allá de un depósito. Hay que ver el contexto, que incluye un cohecho (...) Y en una investigación que va de la mano con el cohecho, entonces, requiere mayor profundidad”, explicó el fiscal Carlos Eltit, uno de los persecutores que investiga a Mena.

El suspendido fiscal presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, que actualmente se encuentra en tramitación, y autorizó a la policía el acceso a sus cuentas bancarias. Lo mismo hizo en la investigación penal que pesa en su contra.

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