Drogas en Carabineros y Gendarmería: 343 funcionarios desvinculados por consumo o tráfico en los últimos cinco años

El pasado 21 de noviembre, seis carabineros del Departamento Antidrogas del OS-7 de la institución fueron detenidos por presuntamente sustraer drogas incautadas para posteriormente comercializarlas en Los Andes.

El mecanismo de los policías –según relató el Ministerio Público en la audiencia– consistía en que cuatro de los seis carabineros sustraían la droga desde la sala de custodia y para disimular la diferencia en el pesaje de la droga, agregaban arena a la carga.

Pero no solo eso. El fiscal Maximiliano Krause relató que los funcionarios también entregaban información reservada a personas que cometían robos con intimidación en Los Andes y San Felipe.

El caso de Los Andes es uno más donde se trenza el uso de la función policial para cometer delitos asociados al narcotráfico. Para dimensionar el fenómeno, Mega Investiga solicitó vía transparencia todas las desvinculaciones que se han cursado en los últimos cinco años por consumo o tráfico de drogas en Carabineros, Gendarmería y PDI. Esta última institución no había respondido el requerimiento hasta el cierre de esta nota.

De esa forma, a través de transparencia, Carabineros y Gendarmería derivaron cifras sobre las desvinculaciones de funcionarios por causas vinculadas al tráfico o consumo de droga desde 2019 a 2024.

Solo en el último año, entre ambos cuerpos policiales, sumaron 48 desvinculaciones por esta causal. La cifra es evidentemente mayor si se consideran los últimos cinco años, donde las desvinculaciones por causas de tráfico o consumo de drogas, superaron las 340 entre ambas instituciones.

Sin embargo, para Matías Garretón, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), los datos representan un subregistro del fenómeno y esconden una cifra negra que no permite dimensionar cabalmente el problema.

“El uso de drogas no es tan fácil de detectar, entonces estos casos (desvinculaciones) responden a que son muy flagrantes. Carabineros debiera tener una prevalencia de uso de drogas parecida a la de población civil, que es mucho más alta”, explica Garretón.

Zoom a las 145 desvinculaciones por drogas en Carabineros

Desde Carabineros explican que el departamento de Control y Prevención de consumo de droga, dependiente de la Dirección de Salud y Sanidad de Carabineros, se dedica exclusivamente a efectuar exámenes que detectan el consumo de droga, en todos los integrantes de la institución.

En esa línea, advierten que “cada vez que nuestros controles internos han detectado que algún funcionario ha infringido esta normativa es desvinculado de las filas de la institución, dando cuenta del hecho al Ministerio Público, sin perjuicio de iniciar un proceso administrativo que puede culminar en la destitución del involucrado”.

Desde 2019, las cifras de desvinculaciones en Carabineros han ido variando con alzas y disminuciones cada año. Así, por ejemplo, entre 2021 y 2022 aumentaron un 140% las desvinculaciones, sin embargo, al año siguiente presentaron una disminución del 50%.

Al revisar las desvinculaciones según la edad del funcionario, las cifras dan cuenta de que los casos se concentran en aquellos carabineros de menor edad, es decir, entre los 20 y 30 años, donde se registran 68 desvinculaciones, equivalente al 47%.

En la misma línea, las cifras son coherente con las desvinculaciones según el grado del funcionario, donde los carabineros, cabos 1° y cabos 2°, encabezan los casos por consumo o tráfico de drogas.

“Llama mucho la atención que hay muchos más casos registrados en Carabineros de bajo rango y poca edad, en el fondo hay un screening enfocado en las partes bajas del escalafón, porque tampoco habría una razón a priori para decir que carabineros de mayor rango no incurren en estas prácticas”, dice el experto en seguridad del COES.

Lo que hay detrás de las casi 200 desvinculaciones en Gendarmería

En el caso de Gendarmería, la desvinculación de un funcionario puede ejecutarse por dos vías: un sumario administrativo o a través del Director Nacional de la institución. Desde Gendarmería explican que en el caso de esta última modalidad, el director puede disponer el retiro temporal no voluntario de los funcionarios, principalmente en casos que “involucren a personal de servicio que impacten negativamente la imagen institucional, como es la comisión de hechos que constituyeren delito”.

En el caso de Gendarmería, las desvinculaciones por consumo o tráfico de droga han ido a la baja desde 2019, con una excepción entre los años 2022 y 2023, donde se registró un alza de un 260% en este tipo de expulsiones.

“Tenemos una política de tolerancia cero frente a actos de corrupción de funcionarios, ya que su función proba es parte del trabajo necesario para mantener el control de la población penal que está bajo nuestro resguardo”, contestó Gendarmería a las preguntas de Mega Investiga.

Y agregan que han “impulsado medidas que van desde la profesionalización de la labor investigativa del personal, hasta el uso de tecnologías que nos permiten detectar, investigar, denunciar y tomar las acciones que correspondan, ante hechos constitutivos de delitos o faltas administrativas”.

Al igual que en Carabineros, los casos por consumo o tráfico de droga se concentran principalmente en los funcionarios de menor edad y rango. Según las cifras de la institución, el 54% de los funcionarios desvinculados tienen entre 20 y 30 años.

Asimismo, los funcionarios de menor grado de la institución, es decir, cabo, gendarme 1°, gendarme 2° y gendarme, suman 145 de las 198 expulsiones de este tipo entre 2019 y 2024.

“Es importante saber cuál es la distribución entre tráfico y consumo, porque no es lo mismo un carabinero que se fuma un pito de marihuana el lunes a un carabinero que es parte de una red de narcotráfico. Entonces es bien importante hacer esa diferencia”, remarca Garretón.

La cifra podría ser aún mayor si se considera que los sumarios para desvincular a un funcionario pueden tardar años, ya que, según explican desde la misma institución a Mega Investiga, estos pueden ser resueltos en una segunda instancia por el Ministerio de Justicia. “Debido a la naturaleza de dicho procedimiento, es un procedimiento que transcurre en un período extendido en el tiempo, por su compleja tramitación”, afirman.

Según un reportaje de Radio Bío-Bío, existen más de 3.800 sumarios pendientes de resolver, incluso algunos de ellos datan de 2012, cuando el plazo legal no debiera superar los 60 días hábiles.

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