Arista por filtraciones: El listado de 75 funcionarios de Fiscalía que entraron sin autorización a la causa de Monsalve

Mega Investiga accedió al listado de todos los funcionarios del Ministerio Público que ingresaron sin autorización a la causa de Manuel Monsalve –cuando esta era reservada– entre el 17 y el 18 de octubre.

El listado forma parte de la investigación por filtraciones en el Caso Monsalve que el fiscal nacional, Ángel Valencia, transfirió al jefe de la fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén Campos, uno de los brazos derecho de Valencia entre los fiscales regionales.

La investigación en un inicio estaba a cargo del excandidato a fiscal nacional y quien es considerado como un díscolo en la administración Valencia: José Morales, jefe de la fiscalía Santiago Norte.

Sin embargo, el 11 de noviembre, el fiscal nacional optó por cambiar de persecutor, a pesar de que Morales ya había realizado varias diligencias e incluso tomado declaraciones. Así, se la transfirió a alguien de su confianza: Marcos Pastén.

Tras ello, el fiscal Xavier Armendáriz envió un correo el 13 de noviembre dirigido a Pastén y al director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, en el que se detallan quiénes son los cerca de 75 funcionarios públicos que ingresaron a la causa de Monsalve entre el 17 y el 18 de octubre.

Entre los funcionarios se cuentan fiscales adjuntos, funcionarios, directivos y asesores del Ministerio Público. El primer ingreso, según la plataforma, se produjo a las 12:10 del mismo jueves 17 de octubre, es decir, cinco minutos después de que La Segunda publicara que Monsalve era investigado por delitos sexuales.

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Ese listado, además, detalla en una de sus columnas la “operación” de quien ingresó a la causa. Esto es, por ejemplo, si entró a la ficha del caso, a documentos o si se consiguieron otros roles internos del tribunal (rit) asociados.

En todo caso, allegados a la causa que lleva Pastén aclaran que las personas que figuran en el listado, si bien no incurrieron necesariamente en un delito, sí son un foco de la investigación por revelación de secretos.

En paralelo, esa lista se envió a todas las fiscalías regionales del país para que se abrieran investigaciones administrativas para determinar si existieron irregularidades al momento de ingresar a la causa de Monsalve.

Esas indagatorias, de acuerdo con lo expresado por el propio Valencia, suman más de 25 a nivel nacional. Ello porque –según el registro– se contabilizan funcionarios provenientes de las fiscalías metropolitanas, en La Araucanía, Coquimbo, Biobío, Los Lagos, Atacama y Ñuble.

Sin ir más lejos, el 25 de octubre la Fiscalía de Coquimbo comunicó que desvinculó a dos funcionarios de la repartición por ingresar sin autorización a la causa de Monsalve. Pero desde el Ministerio Público puntualizan que a esas personas no se les renovó su contrato de honorarios y que “nadie de planta ha sido desvinculado”.

En su correo a Eugenio Campos, Armendáriz además señala que informó a Valencia “sobre hechos que podrían ser constitutivos de delito y en los que habría tenido intervención un Fiscal Adjunto y que corresponde también a un eventual delito de revelación de secretos respecto de la misma causa contra Monsalve”.

El jefe de la repartición metropolitana Centro Norte aludía al fiscal de Valparaíso, Maximiliano Krause, quien declaró –según reveló La Segunda– ante José Morales y confidenció que entregó sus claves de acceso a funcionarios policiales.

“Tengo autorizada el uso de mi cuenta a lo menos a tres funcionarios policiales, pero especialmente a unos funcionarios policiales con los que trabajo en un foco investigativo sobre perfilamiento de cargas sospechosas por contrabando, droga, armas (...). Son dos funcionarios policiales de la policía marítima”, firmó Krause en su declaración.

Desde el entorno de Pastén remarcan que quienes figuran en el listado no necesariamente son parte de la investigación por filtraciones, pues dichas personas “constituirían faltas más administrativas que penales”.

En una carta publicada en La Tercera, la abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, se pregunta: “¿Son realmente secretas en nuestro país las investigaciones penales o la norma que así lo establece es solo una imaginaria?".