Procultura: La batería de querellas, demandas civiles y laborales que enfrenta la fundación de Alberto Larraín

De ser una reputada organización con amplias redes en el mundo político, ProCultura se encuentra en el ojo del huracán, por el caso Convenios.

La Fundación, dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín, es investigada por fraude al fisco, tráfico de influencias, lavado de activos, apropiación indebida y otros delitos, vinculado a distintos contratos que suscribió en diversas regiones de Chile, por montos superiores a los $5 mil millones.

Entre los sujetos de interés de la indagatoria, se encuentran gobernadores como Claudio Orrego, Rodrigo Mundaca, Ricardo Díaz, Jorge Flies, Rodrigo Díaz, y Óscar Crisóstomo, quien el viernes pasado junto a un grupo de sus asesores en el GORE del Ñuble fue requerido en calidad de imputado, pero optó por guardar silencio.

Esta última corresponde solo a una de las aristas que forman parte del caso que lleva la Fiscalía, y que suma demandas presentadas por el CDE, las propias gobernaciones, y empresas, además de acciones judiciales que interpusieron ex trabajadores que acusan a ProCultura de no pagarles sus sueldos y cotizaciones.

Las querellas: ¿platas para fines políticos?

Al menos una decena de querellas enfrentan los directivos de ProCultura, Alberto Larraín, y la actriz María Constanza Gómez, en distintos tribunales del país.

La empresa AngloAmerican, Chile Vamos, el Partido Republicano, el Consejo de Defensa del Estado y los gobiernos regionales Metropolitano y de Antofagasta figuran entre los querellantes, por distintas aristas en las que hay involucrados fondos públicos.

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Las líneas de la indagatoria a cargo del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que asumió la causa luego de que apartaran de la indagatoria al persecutor Carlos Palma, como consecuencia del caso Audio.

Una de las principales interrogantes que se busca desentrañar es por qué el 2022, cuando asumió el gobierno de Gabriel Boric, ProCultura aumentó en más de $3 mil millones los aportes vía convenio, y si esos fondos se utilizaron para los proyectos o para fines políticos.

Por lo mismo, el 10 de octubre la PDI allanó catorce domicilios, en Santiago y el Bío Bío, incluido el de Alberto Larraín y otros directivos de la Fundación, además de la incautación de equipos electrónicos que no se habían encontrado en una primera diligencia intrusiva.

En parte de las querellas, se solicita que la Fiscalía interrogue a Irina Karamanos, la ex pareja del presidente Boric, para que aclare una transferencia que realizó a la ONG, según concluyó un informe policial.

Ahora, la justicia derivó a la Defensoria Penal Pública la representación de ProCultura, luego de que el estudio de abogados que tenía el patrocinio, abandonara la defensa.

Las demandas: ¿dónde está el dinero?

A este complicado escenario judicial, la Fundación de Alberto Larraín enfrenta un conjunto de demandas interpuestas por particulares e instituciones públicas, en Antofagasta, Valparaíso, Ñuble y Santiago, que buscan que se restituyan fondos en manos de ProCultura, o bien, que cumplan con las deudas.

Ese es el caso de la demanda que interpuso el Gobierno Regional Metropolitano por un trato directo por más de mil 600 millones de pesos, para el Programa de Prevención del Suicidio mediante el fomento de la Salud Mental, que nunca se concretó. Esto dio paso a una acción judicial contra la organización y una aseguradora, con lo que se busca recuperar más de mil millones de pesos.

A raíz de ese convenio, también presentó una demanda la Fundación Círculo Polar por una deuda de $58 millones 350 mil. Según detallan en el documento judicial, la ONG se dedica al trabajo con pacientes con trastornos bipolares, suscribieron dos contratos con ProCultura para el programa de salud mental, por $182 millones, por una serie de asesorías.

En similar situación, está el GORE de Antofagasta junto con el CDE donde se pide la restitución de los dineros que se le otorgó a la Fundación para la pintura de fachadas.

La Productora Gráfica Andros Limitada aparece como otra de las afectadas por la Fundación y reclama por el no pago de cinco facturas por casi $43 millones, emitidas entre agosto y octubre de 2023, relacionadas con la impresión de libros y materiales.

Ante la falta de respuestas de la representante legal de la Fundación, el Primer Juzgado Civil dictó una orden de embargo de todos los bienes respecto al domicilio de María Constanza Gómez.

Los ex trabajadores: ¿finiquitos impagos?

Son cerca de 20 demandas laborales que han presentado trabajadores que estuvieron ligados a la Fundación Pro Cultura, en Santiago, Antofagasta y el Bío Bío .

En cada uno de los libelos, relatan cómo fueron desvinculados de la ONG a fines de noviembre de 2023, cuando anunció su cierre definitivo, tras el escándalo del caso Convenios.

La carta enviada a los trabajadores apuntó a necesidades de la empresa “como consecuencia del irreparable daño patrimonial y reputacional que produjo el cuestionamiento político y comunicacional a nivel nacional producto de algunos casos asociados a la asignación de recursos públicos a diversas fundaciones, en los que Fundación ha sido involucrada, dañando su imagen y prestigio y poniendo en duda la labor de 14 años de trabajo con comunidades a lo largo del país”.

En una de las demandas, se señala que una vez conocido el término del contrato, se les hizo firmar un finiquito ante notario, considerando vacaciones, mes de aviso y años de servicio, pero denuncian que nunca se realizó el pago correspondiente.

Así denunciaron que “es evidente el engaño efectuado por la Fundación toda vez que incitó a firmar un finiquito con pleno conocimiento de que jamás pagaría las indemnizaciones contenidas en dicho documento. Sobre todo, si tenemos en cuenta los términos de la Carta de Despido, la cual, en síntesis, resume que cerrarán todo tipo de operaciones por causales que nada tienen que ver con los trabajadores, sino que son atribuibles indudablemente a dicha institución, sumado a que la representante legal de la misma se encuentra investigada por el ministerio público”.

Hasta ahora, los juicios laborales siguen en curso, detallando una serie de inconvenientes para lograr notificar a los representantes de la Fundación para responder ante los tribunales.

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