Caso Villa Francia: Principal imputado habría colocado bomba mientras cumplía condena y era monitoreado por Gendarmería

Villa Francia, Barrio Yungay, La Granja y Maipú. Esos fueron los lugares donde la madrugada del sábado, personal del GOPE y Control de Orden Público (COP) de Carabineros concretaron una serie de allanamientos simultáneos por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur.

¿La razón? Desde diciembre del año pasado el Ministerio Público indagaba la fallida colocación de dos artefactos explosivos en la automotora Autolog y en una patrulla policial en 2023.

Los principales sospechosos por ese hecho –14 personas en total– fueron detenidos la madrugada del sábado y, tras un revés de la fiscalía en el tribunal de garantía, se declararon ilegales nueve de esas detenciones, pues la jueza Paula Brito consideró que no se pudo acreditar la tenencia de armas, tal como acusó el fiscal especialista en ataques explosivos, Claudio Orellana.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó la decisión adoptada en primera instancia y dictaminó que el resto también debía estar privado de libertad mientras se desarrolla la investigación, donde se imputan delitos relacionados a control de armas y microtráfico.

En el allanamiento a la radio comunitaria de Villa Francia se incautó un cuantioso arsenal: una pistola marca taurus de 9 milímetros, dos revólveres calibre .38, una escopeta marca Lambert, una escopeta calibre 12, una escopeta de fabricación artesanal, una subametralladora calibre 9x19mm; además de varios cartuchos balísticos, un chaleco antibalas, dos granadas, marihuana y varios teléfonos celulares.

El principal imputado de la causa –a quien se le acusa de instalar el artefacto explosivo en la automotora– es José Luis Ramón Araya Vidal. Su formalización se tuvo que aplazar hasta este lunes pues, según versiones de sus cercanos, sufrió un accidente en auto mientras su casa era allanada.

Las principales pruebas que maneja la Fiscalía Sur en su contra, que fueron exhibidas en la audiencia, son imágenes donde se ve a Araya arrojando unos guantes que habría utilizado minutos antes a un techo –de los cuales se habría extraído material genético– y registros donde se le distingue junto a otros encapuchados.

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“Baja riesgo de reincidencia”

Pero Araya no es un desconocido en el mundo anarquista ni tampoco es el primer proceso judicial en el que se ve involucrado.

De hecho, según documentos a los que tuvo acceso Mega Investiga, en el mismo periodo en que la Fiscalía fija a Araya colocando la bomba en la automotora, estaba cumpliendo una condena por libertad vigilada intensiva en una causa previa y era monitoreado por Gendarmería a través de informes de seguimiento trimestrales.

Ese proceso judicial se remonta al 13 de marzo de 2020. Según la querella que presentó el Ministerio del Interior en ese entonces, mientras se desarrollaban protestas en las cercanías a Plaza Baquedano y ocurrían destrozos en los alrededores del monumento a los mártires de Carabineros, se identificó a un encapuchado que vestía ropa de color negro, un guante de color blanco con rojo mano derecha y una mochila oscura.

De ella, según consta en la descripción de los hechos, el sujeto en cuestión sacó y arrojó tres bombas a molotov contra el personal de Control del Orden Público que se desempeñaba en el lugar. Al retirarse del enfrentamiento entre encapuchados y policías, se subió a un bus abandonado y se cambió sus vestimentas.

Pero no reparó en que era seguido de cerca por Carabineros. Pasadas las 22.30 de ese mismo día, funcionarios policiales lo detuvieron y lo identificaron como José Luis Ramón Araya Vidal. En esa oportunidad, se le incautó además del material incendiario, una resortera, guantes de seguridad, una máscara de gas y antiparras.

Dos años después, el 5 de abril 2022, Araya Vidal –quien permaneció ocho meses en prisión preventiva– junto a su defensa aceptaron reconocer los hechos que imputaba la fiscalía y acordaron llegar a una pena sustitutiva a través de un procedimiento abreviado. En concreto, el tribunal estableció la sentencia de tres años y un día de libertad vigilada intensiva, que hasta la fecha se encuentra cumpliendo.

57 días antes del 29 de diciembre –fecha en que se colocaron los artefactos explosivos–, Gendarmería a través del Centro de Reinserción Social Santiago Sur emitió un informe de seguimiento donde se evalúa el cumplimiento de la pena establecida en contra de Araya Vidal.

En el documento se lee que, a juicio de los dos evaluadores, Araya Vidal mantiene “un riesgo muy bajo de reincidencia y necesidades muy bajas de intervención. Por ello, la intensidad del control se realizará a través de entrevistas mensuales con el delegado a cargo de la gestión del caso, visitas a terreno según las condiciones sanitarias lo permitan y envío de informes trimestrales de seguimiento al tribunal”.

Según se desprende del informe, la evaluación de Araya es positiva por varios factores: “Mantiene residencia fija y documentada en comuna de La Granja; asiste presencialmente a la totalidad de las entrevistas de control programadas para el trimestre y mantiene calidad de alumno regular del segundo semestre del año académico 2023, en la carrera de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, actividad que complementa con trabajo como educador social en Fundación encargada de brindar apoyo a personas en situación de calle”, concluye el documento.

Luego de ese informe, el último informe de seguimiento tuvo fecha el 24 de enero de este año, es decir 26 días después del atentado explosivo en Estación Central. El supervisor técnico y su delegado de libertad vigilada arribaron a las mismas conclusiones que el informe de noviembre de 2023: ambos documentos son prácticamente idénticos.

El perfil de Araya

“Mantiene un fuerte arraigo social, familiar y territorial que le permite contar con las condiciones necesarias para desenvolverse en medio libre, (...) No presenta indicadores de un perfil delictual, no presenta antecedentes penales y su familia no cuenta con antecedentes criminales, siendo primera vez que enfrenta un proceso judicial en calidad de imputado”.

Así concluye el informe psicosocial elaborado por la perito que entrevistó a Araya en medio de su anterior proceso judicial, el 9 de mayo de 2020. En el análisis se señala que, siguiendo el relato de la profesional, el imputado muestra interés por sus estudios, por lo social y por las actividades deportivas.

En el 2010, a sus 13 años, ingresa al Instituto Nacional. “Este cambio es incentivado por sus padres, quienes veían en esta institución una oportunidad para su hijo”, dice el informe. En el liceo participa activamente de la rama de fútbol, donde llega a ser capitán de su categoría.

“En este periodo despierta gran curiosidad intelectual, de manera autónoma comienza a leer libros de arte disponibles, creciendo su interés por la literatura y la historia. También se destaca por su participación activa en el centro de estudiantes y también en organizaciones sociales del territorio en La Granja, entre ellas en el Club Deportivo y Social Estrella Blanca”, describe.

Desde su club de barrio enviaron una carta por parte del presidente, según consta en el expediente. En ella se señala que “es un elemento fundamental para las actividades que se llevan a cabo con las ramas infantiles ya que está comprometido con apoyar en los entrenamientos según sea requerido y es también un buen ejemplo para los más pequeños”.

En medio de su privación de libertad, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago ofició al alcaide de Santiago Uno para que se habilitara un “espacio físico dentro del penal” para que el imputado pudiera continuar con sus estudios en la Universidad de Chile.

El recinto penitenciario accedió a esa petición “toda vez que este se encuentra recluido en un módulo de bajo compromiso delictual (módulo N° 12), este sector cuenta con espacios para que el imputado pueda hacer revisión de sus textos académicos”.

Sin embargo, en la respuesta también se señala que “en lo que respecta a clases vía online, esta administración por el momento no cuenta con la infraestructura y equipamiento necesario para ese tipo de efectos”, tal como rezaba la petición.