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Columna de Mauricio Morales: "Corruptos, incompetentes y desobedientes"

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Si entendemos por corrupción el aprovechamiento de recursos públicos para beneficios privados, el país está en el horno. Además del caso “Democracia Viva”, hay municipios en que la cantidad de dinero resulta hasta difícil de dimensionar.

En el caso de Maipú, con Cathy Barriga, la situación es increíble. Según la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra exfuncionarios del municipio por “fraude al fisco y uso malicioso de recursos públicos” -lo que incluye a la exalcaldesa- el monto involucrado superaría los 30 mil millones de pesos.

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Vitacura es otro ejemplo. El exalcalde Raúl Torrealba está formalizado por los delitos de lavado de activos, fraude al fisco y asociación ilícita. El Servicio de Impuestos Internos detectó que el total de boletas y facturas falsas sumarían 900 millones de pesos. En Las Condes, en tanto, hay sospechas de pagos irregulares de horas extras y sobresueldos. Si bien las cifras son elevadísimas, nada de esto debiese sorprendernos. Los alcaldes tienen un claro poder discrecional, a lo que se añaden controles internos y externos que, en lugar de impedir la corrupción, terminan favoreciéndola.

En medio de estos casos hemos conocido la visita de seis ministros y varios legisladores -además de presidentes de partido- a la casa del lobbista Pablo Zalaquett. En principio, el Presidente señaló que era necesario “dialogar hasta que duela”, pero luego instó a sus ministros a evaluar el registro de estas reuniones en la plataforma especialmente diseñada para materias de lobby, además de pedirles que respondan en el menor plazo posible al oficio presentado por la Contraloría.

Por cierto, no estamos frente a un acto de corrupción, toda vez que desconocemos los contenidos de las reuniones, sin perjuicio de que los ministros hayan dicho que se discutieron temas generales y, en algunos casos, que fueron invitados como simples expositores. Algunos ministros sostienen que una reunión entre regulados y reguladores no es lobby, y otros, más osados aún, dicen desconocer el rol de lobbista de Zalaquett.

En ambos casos estamos, derechamente, frente a una incompetencia imperdonable. Una junta entre reguladores y regulados es lobby, y Zalaquett es un lobbista hace rato. Salvo la ministra del Trabajo, no se han advertido señales de arrepentimiento, mientras que la ministra Tohá, simplemente, se rehusó a registrar su reunión en la plataforma de lobby. ¿Era necesario contradecir públicamente al Presidente?, ¿tan debilitado está Boric como para que su principal ministra desobedezca el llamado a registrar la reunión?, ¿por qué los ministros no reconocen que fue un error acudir al llamado de Zalaquett?, ¿es más poderoso Zalaquett que Boric?, ¿en qué pie queda la discusión sobre la nueva ley de pesca y la reforma al sistema de pensiones tomando en cuenta la participación de los ministros de Economía y Trabajo?

En resumen, estamos frente a dos situaciones evidentemente distintas, pero que tienen algo en común: las malas prácticas de la clase política y la desfachatez para apropiarse de recursos públicos o para inclinarse frente a los grandes empresarios luego de haberlos demonizado por años.

Son situaciones que generan vergüenza y que explican la irritación ciudadana, que fue sometida a un extenso proceso constitucional y a una crisis económica de la que recién nos estamos recuperando, acompañada de un aumento sostenido de delitos de todo tipo. Es cierto que robar es distinto a hacer lobby, pero el lobby se asemeja muchísimo a una droga blanda, pues en algunos casos es la puerta de entrada para el financiamiento irregular de la política o para la incidencia directa de los privados en la redacción de las leyes, que -siguiendo la analogía- son las drogas duras de la política.

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Hay que estar muy atentos a la secuencia de los hechos. No debemos ignorar que las campañas que se avecinan serán las más caras de la historia. Para una elección local, por ejemplo, ya no tendremos un volumen de votantes cercano a los 6 millones. Muy probablemente dupliquemos esa cifra, lo que exigirá a los candidatos un mayor poder de fuego en términos de financiamiento. Prefiero pensar bien, esperando que los actos de lobby queden en eso, y que la corrupción sea severamente sancionada.

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