Cuentas corrientes, sabrosos intereses y cheques protestados: El mecanismo que tiene a Factop sumergido en deudas

Tres semanas han pasado desde que Ciper dio a conocer el audio de la reunión entre Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla y Daniel Sauer. Desde ese día, lo que se sabe de la trama crece por segundo, y poco a poco se amplía la red de personas involucradas y un mecanismo financiero que hoy está en tela de juicio.

En paralelo a las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y las querellas presentadas por el SII y el CDE, avanza otra arista menos conocida del caso. El proceso de reorganización de deudas que Factop solicitó en el Séptimo Juzgado Civil de Santiago.

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“Consiste en un procedimiento judicial, solicitado por una empresa de forma voluntaria ante un tribunal civil, con el objeto de reestructurar los activos y pasivos que tenga con sus acreedores. La empresa efectúa una propuesta de pago a sus acreedores y estos deben pronunciarse apoyando o rechazándola; si la propuesta se rechaza, el tribunal decreta la liquidación de la empresa”, comentan desde la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Hasta el viernes pasado, los acreedores ingresaron al tribunal escritos solicitando la verificación de sus créditos, es decir, la deuda que Factop mantiene con ellos. En definitiva, fueron más de 100 solicitudes de personas jurídicas y naturales, donde el monto total llegó casi a los $41 mil millones.

Entre los acreedores destacan bancos, inmobiliarias, fondos de inversión, y personas naturales. Entre estas últimas, sorprende la aparición de nombres conocidos. Por ejemplo, la propia Leonarda Villalobos, principal imputada del caso y quien reconoció grabar la conversación con Luis Hermosilla y su cliente Daniel Sauer. La abogada reclamó dineros por $410 millones, mientras que su marido Luis Angulo, solicitó otros $600 millones.

La familia Topelberg no se queda atrás. Rodrigo verificó créditos con dos de sus sociedades, $573 millones con Inversiones Narek y $563 millones con Inversiones Toklein. Sus padres, Enrique Topelberg y Aída Kleinkopf, solicitaron $560 y $339 millones, respectivamente. Mientras que su hermana, Nicole, hizo una verificación por $322.577.500.

Yael Speisky, esposa de Rodrigo Topelberg y la supuesta receptora del audio, también reclamó una deuda de Factop. En este caso, son casi mil millones que la empresa le debe a la empresa Sucesión Salvador Speisky, sociedad del fallecido padre de Yael, quien hoy figura como representante legal. En total, el exsocio de los Sauer, Rodrigo Topelberg y familia constataron una deuda por más de $3 mil millones.

Situación que los tiene en plena guerra y con un quiebre de amistad que los unió hace más de 30 años cuando se conocieron en el Instituto Hebreo. Incluso, hoy los mantiene con querellas cruzadas en el marco de este escándalo judicial que además de líos económicos mantiene eventuales sobornos. 

El “mágico” 1% mensual

“Me permito comenzar esta presentación haciendo presente que yo fui una de las tantas personas que invirtieron dineros en Factop S.A., confiando en que dicha empresa cuidaría e invertiría mis ahorros para generar una cierta utilidad”, relató Dina Yael, una de los cientos de acreedores, en su solicitud de verificación de créditos.

Mencionó que en 2017 celebró un contrato de cuenta corriente mercantil con Factop, mecanismo mediante el cual invirtió $83.500.000, con el compromiso que la empresa le entregaría un interés asegurado del 1% de su capital.

En septiembre de este año, cuando ya era conocido el complejo estado financiero de la empresa, solicitó liquidar la cuenta. Sin embargo, Factop no le devolvió el dinero, sino que realizó un reconocimiento de la deuda ante notario, documento que hoy utiliza la acreedora ante el tribunal.

Consultado a la CMF, respondieron que la cuenta corriente mercantil “es un contrato entre privados contemplado en el artículo 602 y siguientes del Código de Comercio” y que no existe una regulación específica de la institución para este tipo de instrumento jurídico.

Mientras que respecto a las formas de inversión de este estilo, similar a un depósito a plazo, enfatizaron que “según lo señala el artículo 39 de la Ley General de Bancos, nadie puede dedicarse a la captación o a recibir en forma habitual dinero de parte del público, ya sea en forma de depósito, mutuo o en cualquiera otra forma, si no hubiera sido autorizada para ello por ley”.

Como el caso de Dina, hay muchos dentro de la verificación de créditos. Personas que confiaron sus dineros a Factop mediante este formato, cuya promesa era entregar un sabroso interés del 1% mensual, lo que ningún banco podría ofrecer en el mercado.

Mega Investiga contactó a uno de estos inversionistas, quien pidió reserva de su identidad. El profesional aseguró que llegó por medio de recomendación de sus amigos, y que en general nunca hubo problemas en el pago del porcentaje acordado. Incluso, sostuvo que la empresa de factoring le entregó cheques como “garantía” de su inversión.

El problema, según contó el afectado, apareció cuando al pedir la devolución de los fondos a la empresa, se le ofreció devolverle en cuotas, lo que no le pareció. Por ello, intentó cobrar los cheques de garantía y éstos fueron protestados. Una historia que se repite entre varios acreedores, quienes presentaron querellas antes el 4° Juzgado de Garantía, luego de que al intentar hacer uso del documento bancario fueran rechazados por falta de fondos o firmas disconformes.

En total, son más de 10 las acciones judiciales contra Ariel y Daniel Sauer por montos que suman los US$40 millones por los delitos de estafas y apropiación indebida.

Propiedades como moneda de cambio

Como insumo para la reorganización, Factop presentó un informe de la empresa Rpa Consultores Limitada sobre la dimensión de la deuda que tiene la compañía entre sus distintos acreedores (financieros, laborales, previsionales y otros) y las empresas relacionadas. El monto total fue de $59 mil millones, cifra que podría crecer, pues hay quienes sostienen que no se incluyó en ese balance la cantidad adeudada en su totalidad.

Para hacer frente a las deudas, Factop podría utilizar los múltiples bienes raíces de su propiedad para satisfacer a sus acreedores. Pero no solo de esta sociedad madre, pues la cifra de propiedades crece cuando se observan empresas relacionadas como Inversiones DAS y Comercial Textil Ziko. Por ejemplo, en estas sociedades están inscritos oficinas y departamentos de lujo, ubicados en Las Condes, Pucón, Puerto Varas y Viña del Mar, cuyo valor comercial de estos bienes alcanzarían más de $5 mil millones.

Una arista que ya ha sido observada por Tanner Servicios Financieros, máximo acreedor de Factop, quien solicitó declarar las oficinas, estacionamientos y bodegas de Inversiones DAS en Alonso Córdova como no esenciales para el funcionamiento de la empresa con el objetivo de que puedan usarse como garantía hipotecaria. Bienes raíces ubicados en un codiciado sector de la capital, cuyo avalúo fiscal total supera los $2 mil millones

De todas formas, las próximas semanas serán claves para destrabar este proceso. Mega Investiga conoció parte de algunas conversaciones, en la que los hermanos Sauer, principales controladores de la endeudada Factop, estarían dispuestos en negociar los pasivos de manera extrajudicial a cambio de entregar sus bienes raíces. Todo esto, mientras el proceso de reorganización deberá quedar zanjado a fines de enero cuando se reúna la junta de acreedores para votar la propuesta oficial de la empresa.