Crisis migratoria: Justicia proyecta que más de mil extranjeros podrían llegar a las cárceles en un año

Las proyecciones sobre el crecimiento de la población penal en Chile no son alentadoras. El Ministerio de Justicia estima que para diciembre de 2024 las personas privadas de libertad aumentarán de 51.799 -cifra actual- a 55.788, por lo que el sistema penitenciario, que tiene una capacidad máxima para 41 mil internos, se verá aún más sobrepasado.

En el marco de ese aumento, también se proyecta un crecimiento en la población penal extranjera, que hoy contabiliza a 7.191 personas, lo que representa un 13,7% del total de las personas privadas de libertad.

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Según las estimaciones, a diciembre del próximo año la población penal extranjera crecería a 8.543, de los cuales 5.198 serían imputados y 3.345 condenados.

Las cifras fueron presentadas por el ministro de Justicia, Luis Cordero el 14 de noviembre, ante la Comisión de Hacienda del Senado, en el marco del proyecto de ley que busca establecer reglas especiales para intervenir estructuralmente establecimientos penitenciarios.

“La población penal extranjera privada de libertad ha tenido un aumento muy significativo”, comentó ese día el secretario de Estado, y puntualizó que ese crecimiento se ha producido en la prisión preventiva. “Hay zonas del país, como la zona norte, donde hay más prisión preventiva que condena”, precisó Cordero, ante los senadores.

El aumento que proyecta Gendarmería no es nuevo. Desde 2019, al menos, el número de extranjeros privados de libertad en Chile ha ido creciendo. Sin embargo, la cifra ha presentado un mayor incremento desde el año pasado.

Entre 2019 y enero de 2022, según información del Ministerio de Justicia, la población penal extranjera oscilaba entre los tres mil internos. Pero ya en febrero de 2022 el número aumentó a cuatro mil. Y en menos de dos años llegó a siete mil.

Tarapacá en estado de alerta

Mega Investiga revisó la información de la población penal extranjera en Chile, contenida en la caracterización de personas privadas de libertad de Gendarmería.

Si se analizan los datos de la población penal geográficamente, la Macrozona Norte -que reúne a las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama- es la que más población penal extranjera registra, en comparación con la centro y la sur.

De hecho, si bien la Región Metropolitana es la que más población penal extranjera posee, con 2.503 internos, Tarapacá es la única que tiene recluidos a más extranjeros (1.398) que chilenos (1.314), lo que en porcentaje representa un 52% y 48%, respectivamente.

Para el fiscal Raúl Arancibia, a cargo de investigar al Tren de Aragua en Chile y los homicidios del crimen organizado en Tarapacá, el alto número de extranjeros privados de libertad en la zona no es una sorpresa.

“Siempre la cárcel de Tarapacá tuvo un porcentaje importante, sobre todo en bolivianos, a propósito del tráfico de drogas, pero en cifras normales, alrededor de 15% o 20%. Hoy esas cifras son superadas”, dijo a Mega Investiga, y advirtió que incluso esos números podrían seguir creciendo.

Según los números que maneja el fiscal, en la Región de Tarapacá, el 37% de los imputados conocidos en la totalidad de los delitos, mientras que el 40% de los investigados por el delito de homicidio, son extranjeros. Esa última cifra también se repite respecto de las víctimas.

El persecutor explicó que este fenómeno se debe a la irrupción de la “nueva criminalidad” importada desde otros países. “Hay una incidencia enorme de la delincuencia extranjera en la evolución que ha tenido la criminalidad en la región y, en consecuencia, en la gente privada de libertad”, comentó Arancibia, quien además de indagar las redes del Tren de Aragua, ha liderado investigaciones reservadas a contra el Cartel de Sinaloa, del conocido narcotraficante Joaquín “Chapo” Guzmán.

Pero esa no sería la única consecuencia. El fiscal precisó que esa nueva criminalidad trae consigo delitos más “graves”, como robos armados, homicidios y secuestros. “Todo eso ha ido aumentando. Hay más privados de libertad extranjeros porque los delitos que cometen son más graves”, remarcó.

Una granada y un secuestro

Los cambios de criminalidad que plantea el fiscal Arancibia no sólo han causado asombro en su zona. Las últimas semanas, este tipo de delitos violentos han copado las miradas en la zona central de Chile.

El 15 de noviembre, en medio de un control policial en la comuna de Santiago, la cabo segundo de Carabineros, Rayén Currihuil, fue víctima de una granada, lanzada por Junior Zoar Meza García. El sujeto de nacionalidad venezolana, que ingresó a Chile por un paso no habilitado, fue abatido por otro funcionario policial, segundos después de activar el arma de guerra.

El ataque generó conmoción y reflotó el debate sobre la expulsión de migrantes. Y es que, además, se sumó a los casos de secuestro y extorsión vinculados con extranjeros, sucedidos tan solo días antes. En especial el caso de Rancagua, donde el Ministerio de Interior confirmó que se pagó un millonario monto para liberar al empresario Rudy Basualdo.

El complejo escenario fue aprovechado por diputados de Renovación Nacional (RN), quienes amenazaron al gobierno de acusar constitucionalmente a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en caso de que no se expulsara, antes de fin de año, a 12 mil migrantes que estaban con resolución judicial.

El Ejecutivo descartó esa posibilidad. Pero ante los hechos de violencia y las presiones, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve anunció el uso de una facultad especial -propia de su cargo- que acorta el plazo administrativo de la expulsión de extranjeros por razones de seguridad. Incluso, la autoridad encargada de la seguridad analizaba, hasta el cierre de esta edición, un viaje a Venezuela para negociar una mejor coordinación de este plan de retorno de los ciudadanos venezolanos vinculados a crímenes violentos.

Zoom a la población penal extranjera

De las 7.191 personas extranjeras privadas de libertad, según los datos de Gendarmería, el 56,1% están en calidad de imputados, mientras que el 43,9% está condenado. Además, 6.200 son hombres y hay 991 mujeres.

La religión declarada por los internos es otro aspecto registrado por Gendarmería. La que se impone entre la población penal extranjera es la católica (4.045), seguida por la evangélica (1.499).

Respecto a otros datos, la mayoría tiene entre 20 y 29 años, mientras que el 85,6% se declaró soltero.

La nacionalidad que encabeza la lista de extranjeros privados de libertad en Chile es la colombiana, con 2 mil internos -1.858 hombres y 142 mujeres-. De ese total, 836 están privados de libertad en la Región Metropolitana, 323 en Antofagasta, 200 en Tarapacá y 128 en Arica.

Luego viene la nacionalidad boliviana, con 1.978 reos. De ellos, 744 están internos en Tarapacá, 414 en Antofagasta, 378 en Arica y 179 en la Región Metropolitana.

En tercer lugar está la población venezolana, con 1.845 reos, que se encuentran principalmente privados de libertad en la Región Metropolitana (757), en Tarapacá (335), en Antofagasta (164) y Arica (141).

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