Columna de Mauricio Morales: A juntar miedo

Por Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política, profesor titular, Universidad de Talca-Campus Santiago.

Se estrechó. Según la reciente encuesta Cadem la diferencia entre las opciones “a favor” y “en contra” es de solo 8 puntos, rebajando sustancialmente la distancia que se observó la semana pasada, que era de 17 unidades.

Contrario a lo que muchos esperábamos, al parecer tendremos un plebiscito con mayor incertidumbre. En lo personal, y basándome en los datos de distintas encuestas de opinión, siempre he dicho que este plebiscito está jugado en beneficio de la opción “en contra”.

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Puede que me equivoque, pero sería la primera vez en la historia de Chile que un resultado se da vuelta tomando en consideración la distancia entre ambas opciones. Me ha tocado examinar encuestas desde 1957 y sería inédito un vuelco de estas características.

Pero vamos a los hechos. ¿Por qué el “a favor” aumentó tanto su intención de voto? Voy a ofrecer tres hipótesis. Primero, que el gobierno entró en la reyerta constitucional tanto en la crisis migratoria como en la crisis de seguridad pública. Segundo, que la percepción de corrupción aumentó considerablemente. Tercero, que los partidos de izquierda no han sido claros respecto al cierre del proceso constitucional el 17 de diciembre de 2023.

El lector se puede estar preguntando por qué no incluí la franja electoral como un factor relevante. No lo hago por una razón muy sencilla. Las franjas son mecanismos de refuerzo del voto y son endógenas a la intención de voto. Es decir, no es que la franja modifique nuestra predisposición a respaldar alguna opción política, sino que es nuestra preferencia electoral la que incide tanto en nuestra exposición como en nuestra evaluación de la franja. Además, según la encuesta CADEM ambas franjas son mal evaluadas. La del “a favor” obtiene un 4.3 y la del “en contra” un 3.9. Desde un punto de vista estadístico, ambas son percibidas igualmente como deficientes.

Mi primera hipótesis es sobre el gobierno. Con un magro 30% de aprobación, ha decidido enfrentar a la oposición en sus áreas más débiles: migración y seguridad. El incidente del megáfono y la férrea respuesta del Presidente a los partidos opositores y, por qué no decirlo, también a la prensa, generó el efecto buscado por el “a favor”. Es decir, involucrar a Boric en la campaña, llevando el plebiscito a una evaluación sobre la gestión presidencial. Miembros de la coalición de gobierno, incluso, han reconocido que en su momento “romantizaron” la migración, sin pensar que la situación se descontrolaría a un nivel jamás imaginado.

La encuesta CEP, lamentablemente, vincula migración con delito, lo que hace más difícil al gobierno tomar buenas decisiones. A esto se suma el impactante dato de la encuesta ENUSC, que muestra una percepción de inseguridad de 90.6%.

La segunda hipótesis es sobre la corrupción tanto pública como privada. Según Cadem, si en 2015 la percepción de corrupción era del 70%, hoy es del 84%. El caso “convenios” y el caso “audios” dieron un empujón al texto constitucional. Los voceros del “a favor” han destacado el artículo 8.6: “La ley creará una agencia nacional contra la corrupción, que coordinará la labor de las entidades estatales con competencia en materias de probidad o integridad pública, transparencia y rendición de cuentas, y promoverá acciones de prevención en dichos ámbitos. Una ley institucional determinará la composición, organización y demás funciones y atribuciones de esta agencia”.

Es decir, la opción “a favor” tiene una respuesta programática a la crisis. No estoy diciendo que sea una “buena” respuesta. Solo constato lo que sus voceros han señalado, lo que dista mucho del enredo que tiene el Ejecutivo en el Congreso con los cuestionamientos a Carlos Montes, Miguel Crispi y Javiera Martínez en el marco del caso “Convenios”.

Mi tercera hipótesis se refiere a los liderazgos de izquierda y la confusión respecto al cierre definitivo del proceso constitucional. Mientras algunos hablan de una veda de dos años, otros dicen que no se volverá a discutir sobre una nueva Constitución hasta 2030. Ya sabemos que nadie está en condiciones de determinar una fecha para cerrar o reabrir el proceso, y una discusión de este tipo solo desnuda la real convicción de la izquierda. Legítimamente, quieren ir por un tercer proceso.

Así las cosas, al gobierno no le queda más que juntar miedo, apretar los dientes y aferrarse a que la ventaja que lleva en las encuestas se mantenga hasta el final.