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Demolición de casas "narco" en La Florida: ¿Por qué la justicia rechazó el recurso de protección en contra de la medida?

¿Qué pasó? 

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección presentado en contra de las polémicas demoliciones de casas "narco" en La Florida, medida impulsada por el alcalde de esa comuna, Rodolfo Carter.

En conversación con MegaPlus, el abogado Reynero García de la Pastora explicó por qué la justicia decidió no acoger la acción legal. 

¿Qué dijo el abogado?

En primer lugar, el profesional señaló que "existe la facultad de cualquier persona de recurrir a los tribunales y pedir la protección y el amparo de sus derechos".

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"En este caso concreto, lo que aconteció fue que, quien presentó el recurso, indicó que todo el actuar le parecía mal ejecutado, como que hubiera una suerte de persecución personal", sostuvo. 

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Sin embargo, la forma en la que se redactó la acción judicial "no se describe un acto arbitrario e ilegal concreto, y ante eso, lo que la justicia hizo fue ponderar y decir 'mire, señor, esto se trata de una situación en la que una autoridad actuó en el marco de sus atribuciones'". 

Por lo tanto, al rechazar el recurso de protección, "lo que hizo la Corte fue decir "señor, no puede discutir con esta argumentación", explicó el abogado. 

"No significa que los actos de las autoridades no tengan control"

García de la Pastora, eso sí, aclaró que lo anterior "no significa que los actos de las autoridades no tengan control y que efectivamente se les dé la razón".

Más bien, la decisión de la Corte de Apelaciones apunta a que "el indicar que a una persona se le persigue porque una autoridad edilicia ejerce una función, no es una arbitrariedad".

"No es como decir 'a mí me están afectando, porque soy gordo o porque soy flaco'". Acá lo que se hizo fue un reclamo contra una autoridad porque ejerció sus funciones, y la Corte le dijo que esta vía no es la vía para hacer el reclamo", expuso. 

Demolición de casas "narco"

Según el abogado, la decisión de demoler casas "narco" debiera corresponder a una política pública "coordinada y que obedezca a fines determinados, a un diseño institucional, y eso no existe en Chile".

"Tenemos un municipio que ha tomado la decisión de actuar dentro de sus atribuciones. Sí bien tiene todo el derecho de hacerlo, el punto es que la ponderación para actuar es que otras instituciones tienen que pedírselo. El propio alcalde dice que la fiscalía les pidió ayuda", precisó. 

"Lo anterior, significa que el gobierno central no tiene una política, y no solo este, sino todos los gobiernos, que no tienen una política de Estado para enfrentar el fenómeno de la delincuencia", manifestó.

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