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Contraloría cuestiona $2.300 millones de Corporación de Deportes Colina bajo el mando de alcaldesa Valenzuela

Más de $2.300 millones de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Colina están en la mira de la Contraloría General de la República (CGR), tras un informe de la entidad fiscalizadora. Dobles contrataciones, convenios irregulares con el club deportivo de Colina y conflictos de interés entre la actual alcaldesa Isabel Valenzuela (UDI) y el ex edil Mario Olavarría (UDI), son algunos de los hallazgos de la CGR.


Tras el análisis de los ingresos y gastos de la Corporación Deportiva Municipal en el año 2021, el órgano contralor concluyó que no entregaron comprobantes de ingresos por más de $1.900 millones. La corporación también pagó dobles contrataciones a funcionarios del municipio de Colina por un total de $30 millones.

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El convenio irregular con el Club de Deportes Colina

Mediante un convenio entre la corporación y el Club de Deportes Colina S.A.D.P, el primer organismo entregó al club más de $314 millones por pagos y préstamos directos. Según la entidad fiscalizadora esto no corresponde, ya que los recursos de la corporación municipal no deben ir en beneficio de fines particulares.

Además, se comprobó que la corporación pagó $15 millones por contrataciones que no pudieron ser acreditadas por la Contraloría, y tampoco cobró multas a empresas contratistas por un total de $11 millones. La Corporación Municipal de Deportes deberá informar en 30 días a la Contraloría de la regularización de este caso, de lo contrario deberá reintegrar los $26 millones.

Platas municipales llegan a club de fútbol de Alcaldesa

Durante el preinforme de Contraloría se observaron eventuales conflictos de intereses e infracciones al deber de abstención por parte de la alcaldesa Isabel Valenzuela Ahumada, en su calidad de edil y presidente de la corporación municipal de deportes; y el exalcalde y expresidente de la misma entidad corporativa Mario Olavarría Rodríguez.

Entre los años 2016 y 2019, antes de ser alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela trabajó como Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal de Deportes de Colina. La entidad fiscalizadora identificó que en enero de 2019, Valenzuela creó la sociedad anónima deportiva profesional “Deportes Colina S.A.D.P” junto al representante legal del Club Atlético Municipal Colina, Bruno Gattini Kalwitz.

A partir de ese año, el club de fútbol pasó de llamarse “Athletic Club Colina” a “Deportes Colina”.
La actual edil también tuvo el cargo de gerenta general de Deportes Colina y es accionista del club. Contraloría menciona que el ex alcalde Mario Olavarría Rodríguez era socio del club cuando ejercía el rol de alcalde.

En su rol como alcaldes, ni Olavarría ni Valenzuela presentaron en su declaración de patrimonio y bienes que eran parte de estos clubes. Tampoco se abstuvieron de intervenir en todo el proceso de transferencia de fondos desde la Corporación Municipal de Deportes de Colina al club de fútbol.

Lo mismo pasó con los funcionarios Carlos Morales Gatto y Eduardo Herrera González, el actual director ejecutivo y el exdirector ejecutivo de la corporación de deportes municipal. Actualmente, Carlos Morales Gatto es gerente general y deportivo de Deportes Colina, mientras que Eduardo Herrera González, es socio vigente y tesorero de este.

Antecedentes llegan al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público

Debido a las situaciones observadas por la Contraloría, la Corporación Municipal deberá iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades y tendrá un plazo de 60 días para solucionar las observaciones hechas.

Por el eventual conflicto de interés y el desvío de recursos para el club deportivo de Colina, la Contraloría de Santiago remitirá un copia del informe al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para que evalúen si tomarán medidas por estos casos.

La alcaldesa Isabel Valenzuela informó al concejo municipal de Colina este viernes 21 que volverían a pedir una reconsideración de las observaciones de Contraloría y afirmó que no existía “ningún conflicto de interés” y enfatizó en que “el informe era sesgado”.

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