Así se llevó a cabo el robo de las armas en el ejército: Pistolas aún no han sido encontradas

¿Qué pasó?

Durante la madrugada del pasado 23 de marzo de este año, el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC) sufrió un robo desde sus dependencias, donde delincuentes sustrajeron al menos 82 armas y que, hasta la actualidad, 4 fueron recuperadas y 78 todavía no han sido encontradas. 

¿Cómo se gestó el robo?

Hasta el Instituto De Investigaciones y Control del Ejército, llegaron tres autos que recibieron las armas, cz de 9 milímetros semiautomáticas de origen checo, que delincuentes habían adquirido con total facilitad desde la entidad de Fuerzas Armadas.

En un video que fue publicado y que forma parte de la investigación, se puede apreciar como una mujer, identificada como Francisca Arancibia, en la comuna de La Florida, región Metropolitana, recibe un bolso que es llevado por un conductor de transporte. 

Al interior de este bolso, iban parte de las armas robadas al IDIC del ejército, donde un guardia facilitó el robo, el cual fue gestado y coordinado desde la cárcel Colina 1.

"Ella es la que comienza a tener contacto con los vehículos de transporte. El empleado civil es el que hace estos forzamientos, saca las armas y las entrega", detalla el coronel de Carabineros, Juan Francisco Albornoz.

Coordinación desde la cárcel

La persona que habría hecho el "pedido" de estas armas y que llegaron a las manos de Francisca, fue su pareja, identificado como Gabriel Avendaño. Este desde la cárcel hizo toda la coordinación y posterior distribución de las armas, haciendo cómplice a su pareja.

Juan Vallejo, abogado de Francisca Arancibia, asegura que "ella no es parte del tráfico de armas, ella solo recibe un bolso y al ver su contenido, lo transporta a otra comuna". No obstante, la fiscal a cargo del caso, Tania Sironvalle, añade que "está absolutamente acreditada su participación".

Sin embargo, hay un tercero involucrado: Nicolás Jara, los que se distribuyeron roles de coordinación, distribución, lo que según la fiscal, corresponde a una "banda criminal".

Paupérrima seguridad

Ennio Mangiola, presidente de Armería de Chile, indica que el problema no fueron los protocolos, sino que las personas que los llevan a cabo.

"Los protocolos son muy rigurosos y son estrictos en el sentido de recibirnos a nosotros cuando llevamos o retiramos armas. Los protocolos están perfectos, pero fallan las personas", asegura.

Por su parte, la víctima del robo de las 82 armas, el armero Gustavo Breur, señala que pese a que a ellos les exigen máxima seguridad para el resguardo de las armas, el IDIC no contaba con "cámaras, alarmas, ni puertas blindadas", lo que dicta de una "precariedad horrible" en materia de seguridad.

Mercado negro y rastreo imposible

Lo que atrajo a estos delincuentes a adquirir este tipo de armas, es en primer lugar, su alto valor dentro del mercado negro. Una de estas puede llegar a costar un millón de pesos, sin embargo, su precio puede ascender incluso a los cuatro millones.

Por otro lado, son "deseadas" por bandas criminales, ya que al no estar registradas por el banco de prueba, se hace imposible la posibilidad de rastrearlas y dar con el dueño, facilitando la tarea para la delincuencia pero complicando la de la policía.

Formalización a los involucrados

Actualmente, han sido formalizados uno de los reos involucrados en el robo. Gabriel Avendaño, fue formalizado por el delito de tráfico, por haber coordinado desde la coordinación, distribución y entrega de las armas que fueron sustraídas desde el ejército", detalló la fiscal Sironvalle.

Francisca Arancibia, quien fue la receptora de las armas, también fue formalizada y continuará con prisión preventiva. No obstante, su abogado insiste en que ella "no tenía conocimiento del destino de las armas".