Fiscales no serán sumariados por movilización del Ministerio Público
La Fiscalía Nacional anunció que no realizaría sumario en contra de los fiscales y funcionarios que participaron de la movilización del 17 de agosto, puesto que a juicio de la entidad no se paralizó el servicio.
La decisión se informó luego que esta mañana el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, insinuara que la manifestación estaba al borde de la ilegalidad al decir que "el cumplimiento de la ley parte por quienes exigen a las personas el cumplimiento de la ley".
En cuanto a eso la Fiscalía Nacional informó que ese día se envió un oficio a todas las unidades del país en el que se aclaraba que los funcionarios del Ministerio Público tienen "prohibido por ley realizar paralización de actividades, y esto a nuestro juicio implica , como mínimo, realizar sin interrupción alguna las siguientes tareas: atender a todos los citados, brindar atención al público que vaya a realizar denuncias o solicitar medidas de protección, asumir las audiencias programadas, juicios orales y controles de detención de flagrancia".
Como ejemplo afirmaron desde la Fiscalía Nacional que sólo ese día en la Fiscalía Sur se hicieron 88 audiencias de control de detención, que representa un número similar al de otros días.
El parlamentario por Santiago aseguró que "hace un año y dos meses nos reunimos con la Directora de Presupuestos y le planteamos la grave situación del Ministerio Público, ella nos señaló que una vez recibido el informe del BID se mandaría un proyecto al Congreso con el fortalecimiento necesario. El Informe llegó en Diciembre de 2010 y aún no mandan el proyecto. Los Fiscales siguieron el conducto regular y el gobierno no los escuchó".
"Pedir sumarios por manifestarse -cuando tuvieron el cuidado de no interrumpir las funciones esenciales- constituye una coerción inaceptable del legítimo derecho a manifestar sus demandas cuando por más de un año los han tenido en puras reuniones", afirmó el legislador.
En este sentido, el diputado Harboe dijo que "lo que hay detrás de esta dilación es un intento del gobierno por afectar la autonomía del Ministerio Público y por ello le condiciona la entrega de recursos".
UPI
