Exclusivo: Fiscalía pide 28 años de cárcel para exalcalde Raúl Torrealba por corrupción

El Ministerio Público formalizó su acusación ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago en contra del exalcalde de Vitacura Raúl “tronco” Torrealba. Y solicitó 28 años de presidio efectivo para la exautoridad comunal. Los delitos atribuidos y que serán llevados a juicio es fraude al fisco reiterado, lavado de activos y delitos tributarios. El exmilitante de RN tiene 77 años y hoy cumple arresto domiciliario parcial. Si es hallado culpable, terminará sus días tras las rejas.

La investigación más emblemática de corrupción municipal en la historia reciente de Chile llegó a su punto de inflexión. Mega Investiga tuvo acceso en exclusiva a la acusación fiscal presentada por el fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir, en contra del ex alcalde de Vitacura Raúl Fernando Torrealba del Pedregal. Un documento de 1.533 páginas que detalla, con nombre, cifras y operaciones bancarias, cómo el hombre que “gobernó” la comuna más rica del país durante 25 años desfalcó al municipio que le fue confiado.

Jacir, junto a la fiscal Alicia Ascencio, declararon cerrada la investigación el 5 de junio de 2026 y dedujo acusación formal ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago el lunes pasado. Esto pese a que todos los intentos de llegar a un acuerdo de procedimiento abreviado con penas efectivas de cárcel fallaran.

La suma de las penas solicitadas en contra de Torrealba, en total, llegan a 28 años de presidio. Delitos que se persiguen son fraude al fisco reiterado, lavado de dinero, declaración falsa de impuestos, además devoluciones indebidas requeridas al SII.

Los cargos y las penas

El documento al que tuvo acceso Mega Investiga es contundente. El Ministerio Público solicita al tribunal las siguientes condenas para Torrealba:

• Por fraude al fisco reiterado (art. 239 del Código Penal): 12 años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa equivalente al 30% del perjuicio causado e inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos.
• Por lavado de activos (art. 27 letras a) y b) de la Ley N° 19.913): 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, más multa de 200 UTM.
• Por declaración maliciosa reiterada de impuestos (art. 97 N°4 inc. 1° del Código Tributario): 6 años de presidio mayor en su grado mínimo.
• Por obtención indebida de devolución de impuestos (art. 97 N°4 inc. 3° del Código Tributario): 4 años de presidio menor en su grado máximo.

Además, la Fiscalía pide el comiso de todos los bienes del acusado, incluidos inmuebles, vehículos, dinero en efectivo y cuentas bancarias. Entre los bienes específicamente mencionados figura una parcela en Cunco avaluada en $185 millones y 7 millones de pesos en efectivo hallados en su domicilio de Vitacura el 21 de agosto de 2021, guardados en un estuche con 350 billetes de $20.000.

Una década de saqueo

Según la acusación, los hechos investigados se extienden desde al menos el año 2011 hasta el año 2021, es decir, una década de defraudación sistemática al Estado.

El mecanismo era simple pero calculado: Torrealba utilizaba las Organizaciones Comunitarias Funcionales —los llamados programas “Vita”— como canal para desviar subvenciones municipales hacia sus propias cuentas. Los fondos eran entregados en sobres con dinero en efectivo, por funcionarios de su confianza, directamente al ex alcalde o depositados en sus cuentas bancarias por conductores municipales que actuaban como intermediarios.

“Desde a lo menos el año 2011 y hasta el año 2021, el acusado Raúl Torrealba del Pedregal, en conjunto con los condenados Antonia Larraín Prieto, Domingo Prieto Urrejola organizaron un esquema”, precisa el documento fiscal.

Las subvenciones desviadas solo a través de las corporaciones funcionales, entre 2011 y 2020, superan los $766 millones. El perjuicio total al fisco, incluyendo los delitos tributarios, fue precisado por la Fiscalía durante la última reformalización, en junio de 2025, en $761.840.886.

Sobres, cheques y cuentas bancarias

La acusación destaca cuatro modalidades de lavado de activos usadas por Torrealba para ocultar el origen ilícito del dinero. Entre los años 2015 y 2021, el ex alcalde recibió al menos 89 depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, realizados por funcionarios municipales que actuaban como correos. Las operaciones se realizaron en bancos Itaú, Scotiabank, Santander y Banco Chile.

Para dificultar la trazabilidad, el documento detalla que Torrealba “giró cheques desde sus cuentas corrientes (…) a quienes les instruía que debían cobrarlos por caja y depositarlos en efectivo en otras cuentas del mismo acusado y/o de su cónyuge María Soledad Simonetti”, logrando así “burlar los mecanismos de control (…) para la prevención de lavado de activo”.

En paralelo, omitió maliciosamente ingresos en sus declaraciones de impuestos durante los años tributarios 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

Las pruebas

El arsenal probatorio que la Fiscalía llevará al juicio oral es monumental. Según el documento al que tuvo acceso Mega Investiga, el Ministerio Público tiene contemplado presentar 156 testigos, entre ellos la propia alcaldesa de Vitacura Camila Merino —quien en 2021 destapó el caso con las primeras auditorías— y decenas de ex funcionarios municipales, contadores, ejecutivos bancarios y conductores que trasladaban los sobres con dinero.

A ellos se suman 5 peritos especializados en análisis forense digital, documentología, electrónica e investigación patrimonial. Y como base documental: más de 2.200 documentos y evidencias, que van desde cartolas bancarias y decretos alcaldicios hasta teléfonos celulares incautados y registros contables de las corporaciones Vita.

La génesis de la caída

El caso tiene su punto de partida en julio de 2021, cuando la nueva alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional tras ordenar auditorías internas que revelaron irregularidades en los programas Vita. Ese mismo agosto, la PDI allanó el domicilio de Torrealba y encontró el efectivo.

En junio de 2023, tras dos años de investigación, Torrealba fue formalizado y enviado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde permaneció hasta febrero de 2024, cuando —tras ocho meses en prisión preventiva y luego de reconocer parte de los hechos y pagar $100 millones— el tribunal accedió al arresto domiciliario total.

Durante el proceso, la mayoría de los imputados —Renato Sepúlveda, Antonia Larraín, Domingo Prieto, Augusto Silva y Arnaldo Cañas— llegaron a acuerdos de juicio abreviado con la Fiscalía y ya fueron condenados. Con Torrealba, el Ministerio Público también exploró esa vía: en junio de 2025 lo reformalizó abriendo la posibilidad de un procedimiento abreviado. Sin embargo, el acuerdo no prosperó. La acusación formal presentada esta semana despeja cualquier duda: el ex alcalde irá a juicio oral, y la Fiscalía pide pena efectiva de cárcel.

La perspectiva de morir preso

Raúl Torrealba tiene 77 años. Nació el 4 de diciembre de 1948 en Puente Alto y gobernó Vitacura durante un cuarto de siglo, entre 1996 y 2021. Hoy cumple arresto domiciliario parcial en su departamento de avenida Santa María, en la misma comuna que administró.

Si el tribunal acoge las penas solicitadas por el Ministerio Público, Torrealba enfrentaría una condena de 28 años. Con 77 años de edad, eso significa, sin eufemismos, terminar el resto de su vida en prisión.

El caso Vitacura se transformó en el símbolo más nítido de lo que puede ocurrir cuando el poder municipal se ejerce sin contrapesos: un alcalde que se perpetuó por 25 años, usó las instituciones del Estado como caja propia y convirtió los programas sociales de la comuna más rica del país en un mecanismo de enriquecimiento personal.

Ahora el tribunal deberá preparar el juicio. Todo, eso sí, depende de la voluntad de Torrealba: la Fiscalía y el CDE están abiertos a un procedimiento abreviado en que admita los actos de corrupción y devuelva los dineros defraudados, aunque con una parte de la condena en prisión. Algo que sus abogados defensores no han querido visar, y que a algunos querellantes tampoco les parece el cierre ideal. El hombre que gobernó Vitacura por 25 años, que nunca perdió una elección y que juraba no haber tocado un peso de los programas Vita, tiene ahora una sola decisión pendiente. Y el reloj, a sus 77 años, tic tac, no corre a su favor.