Caso convenios: Informe de Contraloría y avances en investigación de Fiscalía complican al Gore de Arica
- Por Paul Follert
Por cerca de cinco horas, declaró el gobernador Jorge Díaz (DC), ante la PDI en el marco de la indagatoria por el caso convenios. Fue en las dependencias del Gobierno Regional donde el pasado 24 de enero, el gobernador respondió a las consultas del comisario Miguel Huerta, de la Bridec de Copiapó, respecto de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Atacama por los convenios con la Fundación Comprometidos.
La arista del caso Arica, gira en torno a dos proyectos que firmó el Gobierno Regional con la fundación por un monto cercano a los $280 millones.
El primero de ellos se denominó "Registros y consultas regionales de mascotas en Arica", por un total de $33.840.000. Mientras que el segundo convenio se firmó para llevar adelante el programa de "Control poblacional canino y felino Arica 6.000 mascotas", que contemplaba un costo de $246 millones.
Los convenios fueron cuestionados en un inicio por los propios consejeros regionales, quienes acusaron supuestos nexos políticos entre el Gobierno Regional y la Fundación Comprometidos.
En particular, apuntaban al presidente de la Organización, Sebastián Duarte Vergara, quien fue militante del extinto Partido Progresista (PRO), por el cual fue candidato a diputado en 2021 y a concejal de Quinta Normal en dos oportunidades, 2016 y 2021.
Según los registros del Servicio Electoral, Duarte figura como miembro del Tribunal Supremo del partido en formación Mejor Región, que obtuvo su escritura de constitución el 6 de enero de 2023.
En el mismo documento, aparece como vicepresidente electoral de Mejor Región, Leonel Huerta Fernández, quien se desempeñaba como administrador regional del Gore de Arica, y que en 2022 firmó la resolución que asigna el financiamiento a las dos iniciativas a cargo de la Fundación Comprometidos.
Quien también aparece como funcionaria del Gobierno Regional es Yenifer Ilaja Cid, abogada del gabinete del Gobernador Diaz. A su vez, en el documento de constitución del partido Mejor Región, la funcionaria figura como directora del Tribunal Supremo.
La organización no sólo está en el ojo de la Fiscalía, sino que también del Ministerio de Vivienda. Fue el propio ministro Carlos Montes, quien anunció a fines de junio de 2023, una indagatoria contra la fundación, tras conocerse que la entidad recibió cerca de $128 millones desde la Seremi del Minvu de Atacama para la entrega de agua potable en Copiapó, pese a tener un giro de actividades cinematográficas y de servicios veterinarios.
En las últimas semanas, las diligencias por el caso convenios se han intensificado, y no solo el Gobernador ha declarado ante los funcionarios de la PDI, sino que también lo han hecho los consejeros regionales y funcionarios del organismo.
Falta de experiencia y cambio de giro: la fórmula que se repite
En paralelo a la indagatoria del Ministerio Público, los convenios del Gobierno de Arica también han sido fiscalizados por la Contraloría. El pasado 26 de diciembre, el organismo publicó la auditoría respecto de los convenios entre el Gore y fundaciones.
Se trata de un documento de 79 páginas, donde el ente contralor detectó una serie de irregularidades, varias de ellas se repetían con los informes respecto de otros gobiernos regionales y que fueron publicados el pasado 9 de noviembre. En ese listado aparecían irregularidades como la falta de antecedentes que den cuenta de cómo se establecen los costos de proyectos y que fundamenten el monto de las transferencias; o la falta de planes de trabajo y el monitoreo oportuno en la ejecución de los convenios.
Además, Contraloría constató que al 17 de agosto de 2023, en relación con los 44 convenios vigentes, "las entidades ejecutoras habían presentado rendiciones por $1.303.214.642, las que una vez revisadas por esa entidad fueron objetadas, encontrándose pendiente la correspondiente subsanación".
A raíz de esto, el Gobierno Regional respondió al ente fiscalizador, y señaló que se creará la "Unidad de Transferencias del subtítulo 33", la que le corresponderá "velar por el correcto procedimiento de las rendiciones de cuentas", junto con anunciar un sumario en la División de Presupuesto e Inversión Regional, para comprobar las responsabilidades administrativas.
El reciente informe de Contraloría también detectó patrones que se repetían en los convenios del Gobierno Regional con fundaciones.
En el caso de la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones (Fundor), que firmó un convenio de $2.600 millones para el apoyo de emprendedores, la Contraloría detectó que la fundación "amplió su objeto social, con posterioridad al ingreso de los antecedentes de su iniciativa al gobierno región", lo que daría cuenta de la "falta de competencia previa de la fundación, en relación con el objetivo establecido en su proyecto y las actividades convenidas, que debía ejecutar".
La organización además ha sido cuestionada por la falta de antecedentes de su trabajo. La entidad no cuenta con página web ni perfil en redes sociales. Tampoco hay noticias vinculadas a su trabajo y en el Registro de Colaboradores del Estado, no reporta ninguna otra transferencia por convenios. Además, la dirección que figura en el convenio -ubicada en La Serena- no correspondería a la oficina de la organización.
Entre los consejeros también se cuestionó que el coordinador general fuera Marcelo Islas, un antiguo militante de la Demócrata Cristiana, el mismo partido del gobernador Díaz.
Pero el informe de Contraloría también menciona a otras dos fundaciones: Comprometidos, sobre la cual se han centrado las diligencias de la Fiscalía; y Fundación Valcar. En el caso de esta última, el ente fiscalizador cuestionó que la organización se adjudicara un proyecto sobre seguridad, denominado "Levantamiento Información Situación Delictual e Incivilidades Región de Arica y Parinacota", a pesar de que Valcar tenía giros para la "Enseñanza deportiva y recreativa" y de "Fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales".
El convenio con la fundación Valcar, ha sido empujado con particular fuerza por el gobernador Díaz, quien el pasado 28 de diciembre lanzó una nueva etapa del convenio, en un evento donde incluso invitó al Fiscal Regional, a pesar de que el Ministerio Público mantiene abierta una investigación por este proyecto. El fiscal de la zona, Mario Carrera, optó por no asistir a la instancia.
En ese entonces, el diputado de Arica, Enrique Lee, criticó la invitación y aseguró que "el hecho de invitar a una ceremonia al propio fiscal que investiga su actuar de una de las fundaciones cuestionadas, habla de lo temerario que es (el gobernador). Pareciera que está por encima de la ley".
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