Los suicidios que remecen a Gendarmería: Denuncias de acoso, aislamiento ilegal y una investigación penal por violación

“Necesito saber qué pasará conmigo, eso me desespera”. Ese fue uno de los últimos gritos de ayuda que lanzó Bernardita Nicol Mendoza Antimán (31) antes de quitarse la vida el pasado 30 de enero de en el Complejo Penitenciario de Puerto Montt, donde cumplía prisión preventiva por el parricidio frustrado de su hija de tres años, delito por el cual siempre alegó inocencia.

Mendoza ingresó a la sección femenina de la cárcel de Puerto Montt el 22 de junio de 2023 y, por el delito que se le imputaba, acusó que fue “inmediatamente atacada por una turba de internas” que residían en el módulo. “En las secciones de mujeres este tipo de delitos son altamente castigados”, explicó Mauricio Maya, jefe regional del INDH en Los Lagos.

Por esa razón, a Mendoza Antimán se le destinó a una celda en el Hospital Penitenciario del establecimiento, aislada del resto de población penal. Según consta en los últimos informes psicológicos contenidos en el expediente de su caso –al cual MEGA Investiga tuvo acceso–, padecía de ideaciones suicidas, depresión severa y registraba intentos de quitarse la vida: el 18 de agosto, tras ser dada de alta por psiquiatría, se intentó inmolar “para dar cuenta de la injusticia que está viviendo”.

“Necesito apoyo para lo que se me viene”, dijo a fines de septiembre. Antes de quitarse la vida, denunció que el 11 de noviembre, mientras estaba aislada en la sección sanitaria del recinto penitenciario, fue víctima de una violación por parte de otro interno, en complicidad-supuestamente- del gendarme que la custodiaba.

Esta denuncia quedó registrada en un escrito presentado por la Defensoría Penal Pública con el objetivo de modificar la medida cautelar por los constantes abusos sufridos por la imputada.

“A la amparada (Mendoza) se le entrega alimento por el interno, mientras el funcionario de Gendarmería se encontraba a cargo, y luego éste ingresa por la fuerza a la amparada al baño de la habitación, donde la viola, indicando la amparada no haber gritado, ya que el funcionario de Gendarmería a cargo en repetidas ocasiones la había amenazado con sanciones y privaciones de visita”, describe el documento.

Pablo Figueroa Báez, el defensor público que llevaba su caso, expuso esos antecedentes en un amparo presentado ante la Corte Suprema en contra del alcaide del CP de Puerto Montt, Miguel Álvarez Garrido; y contra la jueza de Garantía de Castro, Alejandra Varas Cuevas. Acción judicial que fue acogida por el máximo tribunal, que ordenó el traslado de Mendoza a la cárcel de Osorno, el 13 de diciembre pasado.

“La mantención de la amparada en el Área de Salud, lugar en el cual habría sido víctima de un delito de violación, cometido por un interno del mismo recinto con aquiescencia de un gendarme del mismo establecimiento, no permite satisfacer el mandato de evitar la revictimización de la amparada . Por consiguiente, (...) se dispondrá su traslado a la unidad penal de la ciudad de Osorno. Gendarmería de Chile deberá adoptar todas las medidas necesarias para el debido resguardo de su seguridad individual”, señaló el fallo de la Segunda Sala del Máximo Tribunal.

Pese a la orden judicial, el traslado de Bernardita Mendoza jamás se concretó: su cuerpo fue hallado en el área de salud a las 22:15 por el cabo segundo Cristóbal Reyes, quien la encontró con claras señales de un acto suicida, lo que fue ratificado con la pericias del SML: muerte por asfixia.

A la fecha, la Fiscalía local de Puerto Montt mantiene tres investigaciones en desarrollo por el caso de Bernardita Mendoza, donde se indaga además de la muerte de la imputada, la existencia de delitos sexuales y el ilícito de desacato de orden judicial por parte de la institución penitenciaria.

“Se investiga la presunta responsabilidad de personal de Gendarmería, quienes no dieron cumplimiento a una resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt –confirmada por la Suprema–, que había ordenado el traslado (...) sin que esta resolución haya sido ejecutada, produciéndose luego el deceso de la víctima en el interior del centro penitenciario”, aseguró a Mega Investiga, la fiscal Myriam Pérez, que aún mantiene las tres indagatorias desformalizadas y con diligencias pendientes.

La defensora regional de Los Lagos, María Soledad Llorente, en tanto, sostuvo que desde el inicio de la causa manifestaron que su defendida no tenía participación en el delito que se le imputaba. “Bernardita durante toda su vida fue víctima de violencia de género y violencia sexual”, comentó.

Según el relato de Bernardita, su pareja de ese momento, Sebastián Vertiola (27), fue quien atacó a su hija en su ausencia, pues él no era el padre biológico de la pequeña de tres años. En la investigación, nunca se formalizó ni tampoco se indagó la posible participación de Vertiola en el delito de parricidio frustrado en contra de la hija de Mendoza.

Desde Gendarmería informaron que se inició un sumario en contra del funcionario que habría permitido la violación en contra de Bernardita Mendoza, al no controlar y presenciar el encuentro entre internos. El procedimiento administrativo se encuentra en desarrollo y el gendarme en cuestión fue trasladado a otra unidad penal dentro de la misma región.

“La mayor parte del tiempo en que Bernardita Mendoza estuvo recluida en el CP de Puerto Montt lo hizo en el Área de Salud Ambulatoria, donde recibió atención especializada de psicólogos y psiquiatras”, informó el teniente coronel Gustavo Flores, director regional (s) de Gendarmería Los Lagos.

En cuanto al traslado, la autoridad penitenciaria señala que “sí se efectuó su traslado el 20 de diciembre al CCP Osorno; no obstante el 28 de diciembre conforme a la solicitado por su defensor y establecido por el Juzgado de Garantía de Castro, regresa a al CP de Puerto Montt”. 

Suicidios en aumento

La muerte de Mendoza, ocurrida el 30 de enero de este año, fue el primero de tres suicidios que se registraron en menos de cinco días en tres recintos penitenciarios diferentes. Los otros dos ocurrieron con 48 horas de diferencia: el 1 de febrero en la ex Penitenciaría y el sábado 3 en el Complejo Penitenciario de La Serena.

Cifras de la institución –a las que este medio tuvo acceso– dan cuenta que, desde el 2018 a 2023, las muertes por suicidios de internos son cada vez más frecuentes. El peak ocurrió en 2022, cuando se registraron 43 casos a nivel nacional, mientras que el 2018 solo se constataron 9.

Las cifras preocupan a autoridades y organismos de Derechos Humanos, especialmente considerando que –según publicó La Tercera– en Santiago I existe un atraso de casi un año en atención a internos que padecen enfermedades de salud mental y hay una lista de espera de 100 personas privadas de libertad a la espera de atención.

Datos del INDH dan cuenta que la primera causa de muertes en las mujeres privadas de libertad y en los hombres imputados es el suicidio. Mientras que en el caso de la población penal masculina que cumple una condena privativa de libertad es la tercera, después de enfermedades y riñas. En el caso de los hombres que atentan contra su vida, el 50% no supera los 35 años, mientras que en mujeres los 27.

“Las mujeres privadas de libertad tienen mayor incidencia en enfermedades mentales y la mayoría de las unidades no cuenta con psiquiatra y personal de apoyo para abarcar dicha situación, en general tienen menos redes de apoyo y mayor es el sentimiento de culpa que enfrentan, por dejar a la familia a la deriva”, explicó Alejandrina Tobar, directora ejecutiva de Leasur.

Las privadas de libertad reciben muchas menos visitas que los hombres al interior de los recintos penitenciarios. Menos de la mitad (1.571 mujeres) recibieron al menos una visita durante el año 2018, lo que contrasta con 21.980 hombres visitados durante el mismo periodo, según datos de Gendarmería, levantados por el Centro de Justicia y Sociedad UC.

“Aislamiento ilegal”

El 3 de febrero, en el Complejo Penitenciario de La Serena, se encontró el cuerpo sin vida de Wilson Villanueva Riffo, quien cumplía condena en ese recinto desde 2018 por el delito de violación de morada violenta. Según informó Gendarmería, el mismo día de su muerte el interno se había autoinferido heridas cortopunzantes en sus brazos, por lo que recibió atención en el área de salud.

A las 20:10, cuando funcionarios penitenciarios se aprestaban a trasladar a Villanueva a su habitación, encontraron su cuerpo colgado al interior del calabozo de tránsito: su diagnóstico fue fallecimiento por ahorcamiento. Por el hecho, se abrió un sumario administrativo y se derivaron los antecedentes al Ministerio Público.

Meses antes, Wilson Villanueva había denunciado ataques y hostigamiento por parte de gendarmes de esa unidad penal, en razón de su identidad sexual. En septiembre del año pasado, junto a su pareja, una mujer trans llamada Ángela Díaz Toledo, presentaron un recurso de amparo para evitar ser trasladados a las cárceles de Arica y Concepción, respectivamente.

Pese a que el traslado ya se había efectuado, la Corte Suprema ordenó que se devolviera a ambos al recinto penal de La Serena y calificó como “ilegal” el régimen de aislamiento al que fueron sometidos por más de cuatro meses.

“Los amparados se encuentran en celdas de aislamiento casi cuatro meses, no siendo dichas dependencias las idóneas para el cumplimiento de pena privativa de libertad; lo que se agrava por el hecho que la resolución del Tribunal fue clara en orden a que la destinación era de carácter provisoria en tanto no se resolviera el fondo del asunto. (...) La mantención en las celdas de aislamiento habiendo cesado su motivo y no esgrimiéndose uno nuevo, se traduce en ilegal”, señaló la Segunda Sala de la Corte Suprema en un fallo emitido el 6 de diciembre pasado.

Desde la institución penitenciaria señalan que los presuntos ataques homofóbicos ocurridos son parte de la investigación sumaria. Del mismo modo, recalcan que “la orientación sexual o identidad de género, es parte esencial de los derechos de las personas, y por tanto, como garantes del Estado, tenemos la obligación de cautelar su pleno respeto”.

En su ficha de control de conducta, hasta 2019 Wilson registra nueve faltas, entre las que se cuentan participación en riña, tenencia de celulares, agresión a otros internos y posesión de bebidas alcohólicas.

Amenazas de bandas

En la ex Penitenciaría, en tanto, el 1 de febrero se produjo el suicidio de Alberto José de Nicolo Rivero, imputado de nacionalidad venezolana por el delito se sustracción de menores, quien cumplía prisión preventiva desde el 24 de enero de este año.

Según las pericias del SML, su causa de muerte fue asfixia mecánica por ahorcamiento. Por su muerte, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros, quienes se encargaron de las primeras diligencias.

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Aún no es claro el móvil que tuvo De Nicolo Rivero para atentar contra su vida, pero allegados a la investigación aseguran que, desde su ingreso al penal, era víctima de amenazas y golpizas por parte de una banda rival del módulo D.