Cobro a deudores del CAE: Recaudación supera los $8.300 millones solo en el mes abril

¿Qué pasó? 

Esta semana la Tesorería General de la República (TGR) reforzó la campaña orientada a las personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE), mediante el envío de correos electrónicos con información sobre las modalidades de pago.

La Tesorería recalcó que el objetivo es que los deudores concurran de manera voluntaria a regularizar su situación y accedan a alguna de las alternativas disponibles para ponerse al día.

En ese sentido, informó que en lo que va de 2026, la recaudación asociada a deudas del CAE ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando más de $12.800 millones en lo que va del año. Sólo en abril los ingresos superan los $8.300 millones.

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La División de Cobranzas de TGR explicó que estos resultados evidencian una mayor disposición de las personas a regularizar su situación. Actualmente, la cartera morosa del CAE asciende a más de 550 mil personas, con una deuda total que supera los $4 billones.

Nuevo convenios de pago

Desde el pasado 1 de abril se encuentra operativo un nuevo sistema de convenios de pago, reflejando con ello el interés de la institución para que los deudores inicien la regularización de sus compromisos, evitando que este pasivo siga creciendo, toda vez que las deudas fiscales no prescriben. 

En este contexto, más de 70.000 personas registran deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000, lo que abre oportunidades concretas a este segmento para su pronta regularización.

Las deudas CAE presentan una alta concentración en la Región Metropolitana, con más de 210.000 personas y un volumen de deuda superior a $239.000 millones. Les siguen las regiones del Biobío y Valparaíso, con más de 50.000 y 57.000 casos respectivamente y montos que fluctúan entre $65.000 millones y $56.000 millones.

A continuación, destacan las regiones del Maule y La Araucanía, con 25.000 y 22.000 personas deudoras y niveles de deuda por sobre los $28.000 millones y $25.000 millones, respectivamente. Este comportamiento muestra una distribución coherente con la concentración poblacional del país y permite focalizar los esfuerzos de información y regularización en aquellas zonas con mayor volumen de deudores.

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