Codelco pasa a la ofensiva: presentan querella por "trama muñeca bielorrusa" contra los exdiputados Silber y Cornejo

Los abogados de la Codelco, Julián López Masle y Carolina Sepúlveda Varela, presentaron una ampliación de querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, extendiendo sus acusaciones a tres nuevos imputados en el caso conocido como la "trama muñeca bielorrusa": los exdiputados y abogados Gabriel Silber Romo y Aldo Cornejo González, y la secretaria del estudio jurídico María Pía Peñaloza López.

La acción judicial se enmarca en la causa que ya tiene a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en prisión preventiva, acusada de haber intervenido indebidamente en causas que obligaron a la empresa estatal a pagar más de $18.000 millones al Consorcio Belaz Movitec (CBM), a cambio de beneficios económicos entregados por los abogados patrocinantes del consorcio.

Gabriel Silber Romo, abogado y exdiputado de la Democracia Cristiana, era socio formal del estudio "Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales" y participó directamente en los recursos judiciales que CBM interpuso contra Codelco, alegando personalmente tanto ante la Corte de Apelaciones de Copiapó como ante la Tercera Sala de la Corte Suprema.

El punto más revelador de la acusación es que Silber habría estado presente la tarde del 3 de julio de 2023, cuando la exministra Vivanco llamó vía WhatsApp al abogado Eduardo Lagos para adelantarle, de manera reservada, que el recurso de apelación había sido acogido a favor de CBM. El propio Silber reconoció ante el Ministerio Público, en su declaración del 23 de diciembre de 2025, que le consta haber estado presente: "me consta porque estuve presente", declaró textualmente.

Según la querella, lejos de denunciar lo que ocurría, Silber presenció en tiempo real cómo esa información reservada era utilizada por Lagos para instruir a Aldo Cornejo a contactar a Máximo Pacheco Matte, entonces presidente del directorio de Codelco. El propio Silber calificó el episodio como una "demostración de poder e influencia" de la oficina de abogados sobre la Tercera Sala.

El imputado Eduardo Lagos, en su declaración judicial prestada ante el tribunal los días 26, 27 y 30 de marzo de 2026, fue directo al respecto: "el señor Gabriel Silber tuvo exactamente la misma participación que Mario Vargas y Eduardo Lagos dentro de las responsabilidades que asumimos en la contratación y en la tramitación de esta causa".

Silber además habría recibido transferencias por más de $65 millones provenientes directamente de los honorarios pagados por CBM con el dinero que Codelco debió desembolsar en cumplimiento de los fallos, a sabiendas de que esos fondos eran el producto directo del soborno a la ministra.

El rol de Cornejo

Aldo Cornejo González, exdiputado de la Democracia Cristiana, no figuraba formalmente como abogado del Consorcio en los tribunales, pero la acusación sostiene que en la práctica era un socio más del estudio jurídico.

Fue él quien incorporó a CBM como cliente de la firma, quien participó en las reuniones estratégicas para definir la interposición del recurso de protección contra Codelco, e incluso cuyo apellido aparece en el logo del contrato de prestación de servicios suscrito entre Movitec y el estudio en marzo de 2023.

La evidencia más contundente en su contra serían los mensajes de WhatsApp que le envió a Máximo Pacheco el 3 de julio de 2023, un día antes de que se dictara la sentencia, advirtiéndole que en pocas horas se haría público un fallo de la Corte Suprema desfavorable para Codelco y que CBM tenía "toda la voluntad de resolver amistosamente este tema". Al día siguiente, cuando Pacheco respondió, Cornejo admitió que la información que manejaba "no es oficial todavía".

La querella concluye que Cornejo actuó de facto como representante del Consorcio, ostentando un conocimiento anticipado del resultado judicial que solo podía provenir del soborno a la ministra. Además, habría recibido transferencias por al menos $44 millones procedentes de la cuenta del estudio, correspondientes a su participación en las ganancias derivadas de los fallos obtenidos mediante los sobornos.

La secretaria que habría coordinados los pagos

María Pía Peñaloza, secretaria y jefa administrativa del estudio, habría sido la pieza operativa que permitió materializar el circuito de pagos ilícitos. Según la querella, fue ella quien coordinó vía WhatsApp con el imputado Harold Pizarro -dueño de la casa de cambios Inversiones Suiza- las operaciones para convertir los dineros obtenidos en dólares y entregarlos al imputado Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Vivanco. En el teléfono de Pizarro, el contacto de Peñaloza aparecía registrado como "Oficina Abogados".

La acusación sostiene que la forma cuidadosa en que Peñaloza se comunicaba -refiriéndose a Migueles como "al señor", sin identificarlo por nombre- evidencia su plena conciencia del carácter ilícito de las operaciones.
Las acusaciones y lo que sigue

Codelco acusa a Silber y Cornejo como coautores de los delitos consumados de soborno, contemplados en el artículo 250 del Código Penal, y como autores del delito de lavado de activos previsto en el artículo 27 letra b) de la Ley N°19.913. A Peñaloza, en tanto, la acusa como cómplice del delito de soborno y autora del delito de lavado de activos en su modalidad de ocultamiento del origen ilícito de los fondos.

La querella solicita además que el Ministerio Público cite a los tres imputados a declarar, incaute sus teléfonos celulares, oficie al Servicio de Impuestos Internos para obtener sus boletas de honorarios entre 2022 y 2024, y solicite el alzamiento del secreto bancario respecto de sus cuentas en ese mismo período.